Por Hernán Andrés Kruse.-
EL DERECHO Y LA SOCIOLOGÍA. ALGUNAS DERIVACIONES. LOS PODERES EXORBITANTES DEL EMPLEADOR Y EL ARTÍCULO 245 (LCT)
LAS MATERIALIZACIONES DEL CONTROL SOCIAL EN EL INSTITUTO DEL DESPIDO INJUSTIFICADO
“Aquí nos adentramos en el punto elemental de nuestra investigación. Tratar de explicar por qué consideramos que el despido injustificado habilitado por el artículo 245 de la LCT debe ser estudiado como un instrumento de control social en manos de los empleadores y, a la vez, de manera paralela, como concreción de un poder exorbitante de su parte. Hemos referido hasta este momento a varias instituciones del Derecho del Trabajo y de la sociología vinculada, y tratamos de conectarla en cada momento oportuno con el caso analizado. En los apartados siguientes haremos una profundización de otros elementos importantes que nos ayuden a comprobar nuestra idea inicial. Entendemos que el despido injustificado es una herramienta de control social en manos del empleador. Se trata de un control social privado, justificado por el propio sistema jurídico habilitante de ese micro poder avasallante de los derechos de los trabajadores. Los justificativos elementales de esa idea proyectada, han sido planteados en una serie de puntos que a continuación serán desarrollados”.
NO HAY DERECHO A DESPEDIR PERO IGUAL SE DESPIDE
“Como dice este sub-título, dentro del despido injustificado –definido por la doctrina como el acto unilateral del empleador mediante el cual éste dispone la resolución del contrato, sin que medie un motivo legalmente atendible que legitime esa decisión rupturista (Gatti)–, no existe derecho a despedir. En la doctrina nacional algunos autores interpretan a –nuestro entender de manera errada–, que existe un derecho subjetivo del empleador a despedir sin causa justificada, disponiéndose además que el empleador puede hacer uso de tal facultad cuando así lo aconseje el giro normal de sus negocios, siempre y cuando cumpla con dos obligaciones: otorgar el preaviso, y pagar en tiempo y forma la indemnización por despido fijada en el artículo 245 de la LCT. En tal posición se encuentra por ejemplo Enrique Herrera, entre otros, y se afirma desde allí que en tanto el sistema legal no impide al empleador poder ejercer con eficacia el despido sin brindar causa justificada, tal facultad encuadra dentro de los derechos con que cuenta el empresario en el marco de sus facultades de organización y dirección.
En la dirección contraria, se afirma que el despido injustificado es un acto ilícito, pero eficaz. Para fundamentar la ilicitud propuesta, se ha afirmado que en el ejercicio de tal poder exorbitante, el empleador viola su obligación legal de mantener el contrato hasta la jubilación del trabajador –o hasta que se consideren cumplidos los recaudos establecidos por la ley para que el trabajador pueda acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, todo dentro de la lógica del contrato por tiempo indeterminado–, y que dicha transgresión objetiva tiene como basamento la obligación impuesta al empresario rescisor de abonar al trabajador un suma en concepto de “indemnización” tarifada y legal, desde que, según los principios emanados del derecho de las obligaciones, nadie puede ser sancionado por el ejercicio regular de un derecho. Además de la violación a la regla de la continuidad, receptada en el artículo 10 de la LCT, se atribuye el carácter de ilícito al ejercicio del poder extintivo unilateral e injustificado del empleador, argumentándose en esa vereda que se encontraría vulnerada la garantía constitucional de la protección contra el despido arbitrario, garantía reconocida en el primer párrafo del artículo 14 bis de la CN.
Ahora bien, sin perjuicio de la calificación del despido injustificado como un acto ilícito (que compartimos plenamente), no es menos cierto advertir que incluso la doctrina más progresista en el tema debe admitir que tal carácter va acompañado –en nuestro derecho nacional–, por el de la eficacia de tal decisión. Como se comentó anteriormente, el empleador tiene el poder de aniquilar en cualquier oportunidad la relación de trabajo, y la calificación de ese acto como ilícito no desmembra su paralela consecuencia –y elemental en este punto–, cual es su habilidad para dar por extinguido aquello que muchos denominan fácilmente como contrato de trabajo, sin reparar en que una herramienta jurígena como el poder de despedir sin justa causa, deshabilita ontológicamente el uso de esa denominación general que no alcanza a configurarse realmente en el universo del trabajo, en donde el prestador de tareas se encuentra permanentemente sometido a una voluntad ajena que limita su libertad, y en donde por ende la igualdad (otro elemento de la figura de los contratos del derecho común, fuente elemental) es también un componente totalmente extraño en lo concreto.
En esta senda, señala el profesor Capón Filas que “(…) la realidad demuestra que el temor al despido y el consiguiente desempleo es un gran disciplinador social. Por ello, cada tanto, un despido, de tal modo que siempre pese sobre los trabajadores la advertencia: “el silencio o la expulsión” que repite intramuros de la empresa el eslogan “nosotros o el caos”. Tal vez, ese temor explique que durante la relación el trabajador no reclame sus derechos y acompañe con poco entusiasmo las huelgas, cuando existiesen o no las acompañe”.
Cierto es que en los últimos años, se han efectuado por la doctrina importantes aportes tendientes a deslegitimar el poder extintivo del empleador en las relaciones privadas –incluso en las que no se cualifican por una especialidad inicial del vínculo, como serían las relaciones de trabajo del representante gremial protegido por la tutela sindical, o el caso de la mujer embarazada o que ha dado a luz, entre otros supuestos–, mas aún no se ha desactivado tal energía extintiva. El artículo 245 de la LCT sigue vigente y con él toda una amalgama de poderes paralelos (exorbitantes o no, depende del caso), que por un lado desactivan la calificación como contrato del vínculo laboral y, por el otro, de manera consecuente, desnivelan la distribución de fuerzas en perjuicio del trabajador, cosechando así la ambivalencia del Derecho del Trabajo, y fomentando la violación a su propiedad del puesto de empleo. En esto, dice el maestro Moisés Meik que un modelo de ordenamiento como el argentino, es un sistema que trasunta “una dosis de violencia sobre la persona del trabajador”, quien, por ello, tiene internalizado desde el inicio de su relación y a lo largo de su desarrollo o devenir, la implícita amenaza del despido, que opera, además, como un condicionante perverso de “disciplinamiento” social inadmisible.
Esa amenaza de despido opera, también, contra el principio de la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos por el trabajador durante el desarrollo de la relación laboral. La inestabilidad en el empleo condiciona la inestabilidad en las condiciones de trabajo. Y agrega en el mismo sentido que, por esa razón, el trabajador se ve empujado con frecuencia a someterse, durante el desarrollo de la relación laboral, a exigencias empresariales solapadas, para que resigne derechos adquiridos durante el curso de la relación laboral, o a inhibirse de plantear oportunamente las reivindicaciones de mejores derechos o reclamos por incumplimiento, todo por el temor al despido, que puede transformarse –como represalia perversa– en la reacción empresarial si persiste la resistencia o conducta reivindicativa del trabajador. De todo lo anterior se deriva entonces que la herramienta del despido injustificado es un acto ilícito, pero eficaz, y que a través de este último componente, el empleador empuña un poder exorbitante (el más poderoso de todos), controlando a los trabajadores a su cargo”.
ES UN ACTO DE VIOLENCIA Y UNO DE LOS MAYORES PODERES EXORBITANTES DEL EMPLEADOR
“Coincidiendo con dos excelentes autores de la literatura jurídico-social europea, Antonio Baylos Grau y Joaquín Perez Rey, y en concordancia con todo lo que hasta este momento llevamos analizado, diremos que el despido debe contemplarse como un fenómeno de violencia inserto en los intinerarios de la autoridad empresarial y que en tanto fenómeno de empresa, más allá de su forma jurídica y de su engarce en el mecanismo regulativo de las relaciones de trabajo entre el momento contractual y el organizativo, es ante todo un acto de violencia del poder privado que se expresa como tal. Efectivamente, el poder empresarial, aún siendo éste exorbitante como es el caso del despido injustificado, se inserta en un sistema legal y social que en parte lo justifica; se adhiere al mismo, habilitándose que el muro protectorio de las relaciones de trabajo se vea acanalado por facultades desmedidas que dañan a uno de los contratantes. Y como se dijo en páginas anteriores, ese paradigma de violencia no debe encontrar un reducto más de justificación en lo que se dio en llamar como el carácter ambivalente del Derecho del Trabajo, sino que, a contrario, lo útil es construir a partir de allí nuevas herramientas de protección para contrarrestar aquella situación de agresión jurídica y también física en favor de quienes todos los días exponen su persona con motivo de la prestación laboral (manifestación del control sobre los cuerpos).
Como dicen Baylos y Pérez Rey –confirmando una vez más la hipótesis del control social que manejamos–, la empresa, a través de la privación del empleo a una persona, procede a expulsarla de una esfera social y culturalmente decisiva, es decir, de una situación compleja en la que a través del trabajo ésta obtiene derechos de integración y de participación en la sociedad, en la cultura, en la educación y en la familia. Crea una persona sin cualidad social, porque la cualidad de la misma y los referentes que le dan seguridad en su vida social dependen del trabajo. Como tuvimos oportunidad de decirlo en otra ocasión, quizá aquello de que el trabajo dignifica tenga algo de cierto, no en cuanto a la dignidad ínsita en todas las personas por el solo hecho de ser tales (que reafirmamos), sino en tanto forma de realización individual y pertenencia grupal. Prosiguen diciendo Baylos y Pérez Rey –derivado de lo anterior–, que el despido es violencia y por eso se expresa a través de formas que la niegan, y que jurídicamente se incluye ese acto rescisorio (o la posibilidad de hacer uso del mismo, es decir, la facultad de despedir sin justificación) en el marco de la relación contractual, y en consecuencia haciéndolo derivar del sometimiento voluntario del trabajador y de las dificultades del cumplimiento de lo acordado, diluyéndose entonces el aspecto coactivo del acto de rescisión del contrato en la organización del consentimiento en la producción y los procesos de trabajo, como un elemento implícito de éste.
Entendemos que esa fuerza es permanente a lo largo de toda la vinculación laboral, y no necesita ser concretada especialmente para comprobar su verdadera presencia, aun cuando puede generar efectos agresivos encumbrados como el caso del despido injustificado. Creemos que el despido sin justa causa es la máxima expresión de violencia dentro de la empresa, y que se trata de ocultarla –además–, tras la figura del contrato de trabajo, haciendo ver a las partes como libres o iguales cuando en verdad no lo son. Pero también pensamos que la violencia parte de otros casos, como la desigual retribución, las jornadas extenuantes y las magras condiciones de salud, el ejercicio desorbitado del ius variandi, entre otros ejemplos, aun cuando concluimos que todos esos ítems tratan de ser justificados nuevamente por el propio sistema otorgando al empleador las facultades de organización y dirección de la empresa, o creyendo en su esencialidad dentro del llamado contrato de trabajo, o en la legitimidad derivada del ejercicio de algún derecho de propiedad. Recordemos que los empleadores no son los únicos propietarios dentro de la relación laboral, ya que los trabajadores son titulares de una triple propiedad: propiedad de su cuerpo, del puesto de trabajo, y una propiedad social, y que las mismas también deben ser defendidas.
En parte, como dicen Baylos y Pérez Rey, también dentro de esa aparente lógica contractual se intenta ocultar la violencia del despido injustificado tras la configuración de un relato que sólo da cuenta de ciertas consecuencias económicas derivadas de la rescisión del vínculo, aunque desde allí también se controle, sobre todo con una reparación parcial como la derivada del artículo 245 de la LCT que ya hemos analizado páginas atrás. Dicen los autores de cita que “el despido pretende situarse en el marco de una conducta puramente económica, la privación de los medios de renta de una persona, para aislar este referente de su repercusión en términos sociales y del acceso a la participación democrática en términos de derechos”. Como dijimos supra, la tarifa legal del sistema argentino también disciplina. Por su carácter limitado y su interpretación amplia en beneficio del empleador (el fallo “Vizzoti” es prueba de ello, en tanto la CSJN allí dijo que el tope era inconstitucional sólo si reducía la base indemnizatoria en más de un 33%), los trabajadores tienden a evitarla, sometiéndose a las órdenes del empleador aun cuando algunas de ellas puedan ser calificada de arbitrarias, por miedo a perder su empleo, por temor a ser expulsado “a un espacio desertizado –el no trabajo–, en donde se plantea la pesadilla del sin trabajo, es decir, la precariedad como regla de vida, con repercusiones en los vínculos afectivos, familiares y sociales”.
Luego, las negativas consecuencias derivadas de la economización del despido injustificado, no sólo surgen antes de materializada la rescisión del contrato por ese motivo –provocando el disciplinamiento del trabajador, y el sometimiento a condiciones que muchas veces le son perjudiciales–, sino que también se pueden advertir luego de efectivizado el acto de violencia del despido sin justa causa, desde que la supuesta reparación en beneficio del trabajador es sólo parcial, y como dijimos en páginas anteriores, no reúne las típicas características de las indemnizaciones del derecho común, a menos que se quiera crear en el Derecho Social una teoría especial de las obligaciones, contraria a los marcos generales que nos vienen dados desde el derecho romano, y que se expresan hoy de manera moderna en nuestro nuevo Código Civil y Comercial. Entonces el mayor disciplinamiento opera desde que se sabe de antemano, no sólo que la reparación económica derivada del despido injustificado es parcial y no se reproduce, tendiendo a licuarse al corto plazo (el “precio de despido”), sino que además, de provocarse el despido, vamos a sufrir un proceso de des-identificación con el grupo económicamente activo, pasando a formar parte de un gran desierto de desempleados en busca de ocupación, incursionando en eso que Baylos y Pérez Rey identificaron como “la pesadilla del sin trabajo”, agravada en buena manera por contextos de flexibilización laboral y crisis económica. Coincidiendo una vez más con Baylos y Pérez Rey, el despido injustificado es entonces un acto de fuerza que se inscribe en los itinerarios del ejercicio de la autoridad en los lugares de la producción, y al que prestan su potencia la dogmática contractual y su equivalente dinerario”.
(*) Adolfo Nicolás Balbín (Profesor en Derecho Social-Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata): “El despido injustificado como instituto de control social” (Redea-Derechos en Acción-2018).
03/10/2024 a las 5:14 AM
danes ima goljufivi odvetnik rojstni dan
03/10/2024 a las 10:47 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
En defensa del liberalismo
Rogelio Alaniz
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
2/10/024
Mi relación con el liberalismo no nació de la fascinación abstracta por un corpus teórico, sino de mis simpatías por el ideal de la libertad y por los luchadores de la libertad. Fue, como toda pasión política genuina, la adhesión a una ética, a una estética y a un estilo. Mi liberalismo incluía héroes: Lord Byron, Victor Hugo, Garibaldi, Larra, Mariana Pineda, Miranda, los jóvenes románticos de 1837. Imposible eludir las citas literarias: Amalia, Eduardo Belgrano, Daniel Bello, héroes y heroínas de la novela de José Mármol que poblaron mi universo liberal.
En términos estrictamente políticos, ser liberal fue para mí aceptar que la vida es sagrada, que toda persona vale, que nadie puede ser discriminado por el color de su piel, el tono de su fe o la clase social. También significa que ninguna teoría dictada en nombre de las masas o la comunidad puede estar por encima del reconocimiento a la vida y al hombre libre. Postula asimismo que pensar diferente es deseable y necesario, sin que el precio a pagar por ese acto sea la cárcel, el cadalso o el paredón.
El liberalismo nació discutiendo e impugnando el poder de la monarquía absoluta y el de la iglesia integrista. Y a la imposición del señorío feudal y las corporaciones propuso la libertad económica.
El orden liberal que reemplaza al mundo antiguo no se construye de un día para el otro, pero sus fundamentos ideales se constituyen con libertades individuales, sociedades abiertas, economía de mercado y Estado de Derecho. El liberalismo recela del poder, pero no lo niega, porque su sentido práctico de la vida y de la política le dice que es necesario. No lo niega, pero le pone límites. Esa relación o esta dialéctica entre orden y libertad el liberalismo la asume con todas las consecuencias del caso. Es decir, admite la contradicción y, al mismo tiempo, no alienta la ilusión o la pretensión de disolverla, sino que se propone convivir con ella .
En lo personal, liberalismo significa aliento a la curiosidad, al asombro, al ejercicio lúcido y práctico de la inteligencia. Por esos valores, por la defensa de esos valores, un liberal que honra esa condición se juega la vida, entre otras cosas porque no concibe una vida digna de ser vivida sin la vigencia de esos valores.
El liberalismo hace posible equilibrar las tensiones entre lo popular y lo elitista. Parece extraño, pero el liberalismo se honra de esos extrañamientos. En términos existenciales significa que, colocado en una situación límite, se pueda tener el coraje intelectual de Schiller: “Si el pueblo revolucionario ingresara a mi casa para incendiar mi biblioteca, lucharía contra él hasta la última gota de mi sangre”.
No vacilo en calificar al liberalismo como una prodigiosa aventura del pensamiento donde el valor de la libertad se conjuga en todos los tiempos posibles. No lo concibo como una ideología, sino como una suma flexible de valores, aprendizajes y prácticas sociales que resisten a las ideologías. El liberalismo así entendido no se propone disponer de la llave de la felicidad y desconfía profundamente de líderes y caudillos que prometen los más diversos “paraísos”. Sus objetivos son más modestos, pero no por eso menos valiosos: la resolución concreta de los problemas concretos, y a la seducción de la utopía prefiere las expectativas de la esperanza.
¿Cómo sostener estos principios en sociedades multitudinarias o en un mundo cuya historia en el siglo XX fue la historia de los regímenes totalitarios? La respuesta, luego de balbuceos, ensayos, fracasos y logros, fue el Estado de Derecho y el control al poder. La libertad pensada como una conjunción de atributos que incluye derechos y deberes. Se trata de pensar el liberalismo como totalidad abierta y articulada. Los años de la modernidad hicieron posible un conjunto de realizaciones económicas y culturales que le permitieron a la humanidad hacer posible de una manera imperfecta pero real la difícil relación entre progreso y tradición, orden y libertad, individuo y multitud, realismo y esperanza.
Decía que el centro del liberalismo es la libertad del hombre y de todos los hombres. Pero para un liberal es la libertad la condición de la justicia y no a la inversa. Parte del individuo, pero del individuo en sociedad y postula un orden político que asegure la protección de sus derechos civiles y políticos. La afirmación de la individualidad le ha valido la imputación de egoísta. Pero el liberalismo no postula al individuo imponiéndose a otros; por el contrario, más que egoísta es igualitario, porque le otorga a todos los hombres el mismo estatus: los hombres son libres, deben ser libres, merecen disponer de una autoestima respetable y la política se justifica si garantiza esos derechos. ¿Y la competencia? En una economía de mercado se compite, pero la competencia no es la ley de la selva ni le otorga a los ganadores la condición de dioses.
¿Derechos humanos? Por supuesto. Los derechos humanos son una conquista de la humanidad que llegó de la mano del liberalismo. Universales y justos. Valen para todos y el principal bien a defender es la vida y la libertad.
En la Argentina debimos padecer las atrocidades de las dictaduras militares para que hasta los enemigos de la libertad merodearan por las inmediaciones del liberalismo, aunque más no sea por miedo. Fueron necesarios estos atropellos para que muchos valoraran las virtudes del estado de derecho o los peligros del Estado devenido Estado terrorista. El aprendizaje de la libertad es arduo y duro, pero lo deseable sería no equivocare en el camino, no insistir en atajos o zambullirse en lodazales donde la humanidad se empantanó una y otra vez. Bienvenido entonces el liberalismo por su humanismo impenitente, su reivindicación incondicional de la libertad, su defensa porfiada de las sociedades abiertas, por su esfuerzo para trasladar a la vida cotidiana aquellos valores universales y “eternos” que le otorgan significado a la vida. Interrogante de respuesta compleja o difícil es el de las relaciones del liberalismo con el capitalismo. Históricamente fueron funcionales. Sin duda que se complementaron, sin embargo no es aconsejable suponer que son lo mismo. A decir verdad, no sabemos si es posible la convivencia entre un orden político liberal con una economía no capitalista. No lo sabemos, pero sería deseable que esa posibilidad esté históricamente abierta. Por el contrario, sí sabemos que un orden político autoritario puede existir con una economía de mercado. La dictadura de Pinochet en Chile así lo demuestra. Pero un ejemplo más contundente es el caso de China, con su economía capitalista y su sistema político totalitario.
Diría a modo de conclusión parcial, que un liberalismo que merezca ese nombre debe recelar de lo sistemas cerrados, no importa el título o el nombre que se emplee para justificarlos; incluso no importa que pretendan presentarse como liberales. Precisamente, fue un gran liberal como Ralf Dahrendorf el que alguna vez dijo que si el liberalismo o el capitalismo devinieran un orden o un sistema cerrado, habría que luchar contra ellos con la misma pasión con la que luchamos contra el comunismo o el fascismo.
03/10/2024 a las 10:50 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Secuelas del asado con los 87 héroes
Pablo Mendelevich
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
2/10/024
Aristóteles decía que los héroes tenían una contextura física y moral superior a la de los hombres. Stalin, sin embargo, pensaba que eran de carne y hueso, que los valiosos seguían a Marx y que había que premiarlos. Aunque no con un asado. Para eso había creado el “Héroe del trabajo socialista”, una estrella de oro con la hoz y el martillo que venía con la Orden de Lenin. En la Unión Soviética se distinguía así a los camaradas que hacían “progresos excepcionales” en la producción y en la cultura.
Héroes variopintos enriquecieron urbi et orbi a través de los siglos la mitología, la literatura, la ópera, el cine. En el plano terrenal sobresalieron en batallas memorables, salvamentos deslumbrantes, sucesos policiales extraordinarios. Destellaron en las icónicas historias de bomberos que rescatan a niños del fuego. Paseantes que dan su vida arrojándose al río por salvar a quien se ahoga. Probablemente debido a una sobrecarga de héroes estándar fue necesario disponer un up-grade en los comics, donde hoy mandan los superhéroes. Pero nunca a nadie en una democracia se le había ocurrido que un diputado que acomete la acción ocasional de votar a favor del gobierno merecía ser llamado héroe.
Es cierto que el diccionario está del lado de Milei. Un héroe, dice la RAE, es una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. El presidente entiende que eso fue lo que hicieron los 87 diputados al impedir que la cámara aprobara la insistencia legislativa de la ley de modalidad jubilatoria que el Ejecutivo había vetado con el entusiasmo del combatiente que conquista una colina estratégica.
Ya se habló hasta el cansancio del asado presidencial con los 87 héroes, de cuánto puso cada uno y del funcionario que se olvidó de pagar, del diputado que llevó ensalada de papa y huevo, de los 29 que cambiaron el voto y -esto con mayor acaloramiento- de los cinco radicales díscolos y del afecto que cuatro de ellos encontraron en la Casa Rosada. Sobre todo se habló de la paradoja de celebrar con una parte de “la casta” la consolidación de un veto que, bien o mal, poco o mucho, privó de un aumento a los jubilados, supuestos exentos de la motosierra.
Se habló mucho pero el tema perdura. Quizás por dos razones. La primera es que el asado con los héroes al cabo resultó un mojón. Coincidió con la caída de Milei en las encuestas de imagen y marcó el comienzo de una sucesión de llamativas contradicciones en el relato oficial, desde enfrentar en la ONU a los países de los que se esperan inversiones hasta el súbito descubrimiento de que los hasta ayer abominables comunistas chinos parecen ser gente macanuda, “no exigen nada -así se lo dijo Milei a Susana Giménez-, lo único que quieren es que no los molesten”.
La segunda razón se refiere a un interrogante aritmético que se planteó una vez que la euforia le dejó lugar a la calculadora. Si ese tercio de la cámara, los 87 homenajeados, que en el tema jubilaciones funcionó a la perfección como antídoto contra la formación de una mayoría especial de dos tercios, sufriera alguna deserción; es decir, si no resultara estable (algo que se verá cuando Milei vete la ley de financiamiento universitario y se organice la insistencia), ¿vendrá un período de vetos presidenciales a repetición o, todo lo contrario, empezará uno de insistencias legislativas por goteo? ¿Podría haber una inquietante intermitencia?
Vetar leyes no es cosa de todos los días. Que el Congreso quiera insistir y logre conseguir los dos tercios para hacerlo, mucho menos. Desde 1862 hasta 1997 hubo (sin contar las leyes de pensiones) 304 vetos y 34 insistencias. Alfonsín vetó 37 leyes. Tuvo una insistencia. Menem en diez años y medio vetó 95 leyes. Tuvo 16 insistencias. De la Rúa fue el más vetador (26) y Cristina Kirchner, la menos (2). Néstor Kirchner vetó 13 leyes (todo esto sin computar los vetos parciales). Los Kirchner no tuvieron insistencias. Macri, 8 vetos, cero insistencias.
Desde luego se fabrican, se vetan y se resisten leyes de la más variada importancia y a veces las estadísticas mezclan vetos totales con parciales, que son cosas bien distintas. Algunos casos pasan inadvertidos para el público. Otra cosa sería la sistematización del método, el planteo académico del presidente en los términos de su exquisita interpretación del derecho constitucional anglosajón: “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”.
¿Puede hacerlo? Sí. Mientras políticamente lo resista. El veto presidencial es una decisión política, por más que en unas ocasiones se aleguen causas de inconstitucionalidad y en otras, de competencias, defectos en la ley, diferencias de criterios o, como en la movilidad jubilatoria, por la necesidad de cuidar la caja. En rigor, esto significa conservar el control del rumbo del gobierno, que es ni más ni menos uno de los fundamentos doctrinarios del veto presidencial, tomado de la Constitución de Estados Unidos y que así, con la severa exigencia de dos tercios del Congreso para hacer lugar a la insistencia, rige en ocho países más de América latina.
Cuando en 2009 Cristina Kirchner perdió las elecciones intermedias, Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete, dijo (con más elegancia que Milei, y eso que se trataba de Aníbal Fernández) más o menos lo mismo, que las leyes que sacara la oposición y al Ejecutivo no le gustaran serían vetadas. Fue lo que ocurrió con la ley que establecía la jubilación del 82 por ciento del salario mínimo, el antecedente ahora tan citado.
Pero sucede que el gobierno de Milei es parlamentariamente el más débil de la historia. La mayor parte de los votos que consigue cuando le va bien son ajenos. Su problema principal no es cómo juntar dos tercios en Diputados (en el Senado tampoco los obtiene así nomás, como lo está demostrando por estas horas la dificultad que encuentra para su causa de poner a Ariel Lijo en la Corte Suprema) sino cómo juntar un tercio holgado para evitar que una mayoría agravada se lo lleve puesto. De allí el reconocimiento, el homenaje, la gratitud o como se le quiera decir al asado heroico de los 87 comensales, el tercer tercio.
Lo de evitar que una mayoría agravada se lo lleve puesto podría ser una metáfora referida a la posibilidad de que la oposición le intente injertar a Milei un menú de leyes a contramano de su hoja de ruta. Un cogobierno. Pero es literal: dos tercios es también lo que se necesita para que Diputados mande a juicio político a un presidente. De algún modo, contar con la lealtad potencial de más de un tercio de los diputados es un reaseguro constitucional para cualquiera.
Como se sabe, el juicio político nunca se usó en la Argentina a nivel presidencial (se consagraron otros métodos de desalojo: seis fueron sacados de la Casa Rosada a punta de cañón). Pero para algo hay una Comisión de Juicio Político en Diputados (cámara acusadora), que en la era Milei tuvo la extravagancia de que su presidenta, la inexperta Marcela Pagano, fuera quien estuvo a punto de ser derrocada. No por opositores sino por propios. Resistió.
En 2012 el sociólogo Fernando Lugo perdió la presidencia de Paraguay por 39 votos contra 4 bajo la acusación de mal desempeño. Por 61 votos a 20 la economista Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil en 2016, acusada de maquillar las cuentas fiscales y firmar decretos administrativos sin aprobación del Congreso. El factor común de ambos casos fue la rapidez de los desalojos.
Ya se sabe, el primer requisito para ser héroe es tener buenos reflejos.
03/10/2024 a las 10:54 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
CGT: la “tregua” en una lucha que no da
Néstor Pitrola
Prensa Obrera
2/10/024
El aparato comunicacional del gobierno y el de la CGT han informado formalmente que se acordó “una tregua con la cúpula de la central obrera con la conformación de una mesa tripartita que incluye al sector empresario”. La reunión de “distensión social” se realizó en el momento que se preparaba la gran marcha en defensa de la universidad pública en el marco de paros y movilizaciones del sector, cuando los gremios aeronáuticos enfrentan el conflicto salarial, contra los despidos y privatización de aerolíneas y contra el decreto antihuelgas, mientras se desarrolla el masivo plan de lucha de miles de médicos, enfermeros y trabajadores del Garrahan, en un período de grandes huelgas docentes provinciales, entre muchos otros conflictos como el del Neumático y cuando los gremios del transporte amenazan con un paro general para el 17 de octubre. O sea que es una traición directa a todos ellos.
Pero se trata, además, de la tregua en una lucha que no existe. Desde el paro aislado del 9 de mayo la CGT se guardó. Y se borró expresamente el 12 de junio, ante el tratamiento de la Ley Bases que terminó en una enorme represión con decenas de presos y procesados. Ya estaban en plenas negociaciones secretas con Santiago Caputo como se ha conocido ahora. Durante meses tramaron una entregada histórica: la aceptación de la Ley Bases que contiene la reforma laboral más profunda desde la dictadura.
La “tregua”, en realidad, institucionaliza la reedición del colaboracionismo de la burocracia sindical, un término que tan bien definió las entregadas durante la dictadura y en los ’90. Esa estatura tiene la articulación de estas “mesas técnicas” y del “diálogo tripartito”, justamente después que Sturzenegger capitaneó la reglamentación de la Ley Bases llevando a fondo todo el plan flexibilizador de las relaciones laborales, en la peor versión del articulado de la norma.
Fue implacable atacando la Ley de Contrato de Trabajo con los contratos de obra y servicios fuera de ella, lo mismo con la figura de los colaboradores independientes, llevando la posibilidad del “fondo de cese” que suplanta la indemnización al nivel del acuerdo individual con los nuevos trabajadores y a nivel convenios por empresa; garantizando la impunidad del trabajo no registrado; anulando la reinstalación de los despedidos arbitrariamente -especialmente por persecución gremial, decimos nosotros-, entre los principales ataques a los derechos de los trabajadores.
En las negociaciones secretas, hoy blanqueadas, quedó colgada, según informan, una redacción “consensuada” con la UIA por un lado y la CGT por otro, en la reglamentación del artículo que justifica el despido por “bloqueos”. Un artículo que no debe ser directamente admitido porque ataca el derecho de huelga, así de simple. Quedaron en discutir una reglamentación, un horror. Pero además, indica que en todos los demás aspectos de la reglamentación existió el mentado consenso que llevó a esta mesa institucional de la tregua.
A la reunión concurrieron el sindicalista universitario Daniel Ricci, tres días antes de la monumental movilización del 2/10, y Roberto Fernández que avisó que está dispuesto a carnerear un paro del transporte en defensa de Aerolíneas si es que finalmente se decreta. Es decir que la central obrera milita la traición de estas luchas centrales del movimiento obrero.
La moneda de cambio ha sido que Martín Menem le dé la orden al bloque facholibertario de no apoyar las reformas en tratamiento que afectan la “casta”, como las cuotas sindicales compulsivas o las reelecciones indefinidas. De inmediato el radical Martín Tetaz levantó la comisión. Esto pinta no solo al gobierno transando con la casta sindical para joder a los trabajadores, sino también al sindicalismo peronista y sus prioridades: las cajas de la burocracia sindical. En torno a esto se habría tratado también la cuestión de los fondos de las obras sociales que el gobierno está reteniendo criminalmente. No sabemos en qué términos.
Resumiendo, la burocracia sindical ha salido al rescate de Milei cuando se derrumba en la consideración popular tras el veto a los jubilados y ante el inminente veto a las universidades, cuando estallan los índices de pobreza, recesión, despidos y caída del poder adquisitivo y el consumo. Esto plantea claramente una deliberación en los sindicatos. Interpela a las alas críticas –moyanismo, Corriente Federal, CTAs- que no sacan los pies del plato y se subordinan a la estrategia del peronismo 2025/27, dejando al gobierno ir adelante con su tarea de garantizar superexplotación y represión en la reorganización de los negocios capitalistas en marcha, con la entrega colonial y el presupuesto sometido a la deuda externa como nunca antes. Es un rescate de un gobierno que probablemente no pueda evitar el desmadre de toda la situación, pero buscando sacar al movimiento obrero de las calles y de la escena central de la crisis.
Desde al Partido Obrero y el clasismo estamos en la contraria. Promovamos la deliberación de las bases obreras, impulsemos el repudio a esta tregua infame, exijamos asambleas y plenarios de delegados con mandato, organicemos cada lucha. No tienen mandato para entregarnos, vamos por una nueva dirección desde la sección hasta la CGT. Desde los barrios organizando a los desocupados. Por unidad del movimiento obrero ocupado y desocupado. Fuera Milei, fuera la burocracia sindical y su pacto. Vamos por la huelga general para derrotar todo el plan de hambre.
03/10/2024 a las 11:01 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El dedo de Milei contra la Universidad pública: firmó el veto horas después de la marcha
Melisa Molina
Página/12
3 de octubre de 2024
El gobierno, tras la marcha universitaria, insistió con lo evidente: dijo que la movilización «fue política». Y no se equivocó. Lo fue. Desde las universidades están pidiendo un aumento salarial para que los docentes puedan seguir enseñando. En Casa Rosada, para intentar deslegitimar el reclamo, criticaron que hayan participado de ella dirigentes de distintos partidos opositores a los que denunció de conformar «un nuevo frente de izquierda populista». «Estaba (Martín) Lousteau rodeado de viejos; Sergio Massa; Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta», repetían como si esas presencias le quitaran peso al más de un millón de personas que se movilizó en todo el país en defensa de la educación pública. Por otra parte, desde el gobierno dijeron que el problema no es con las universidades, sino con los legisladores «que hacen populismo demagógico». Sucede que La Libertad Avanza no tendría los votos necesarios para blindar el veto que Javier Milei firmó pocas horas después de la protesta. Lo había anticipado en un comunicado en el que dijo que «vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal».
En esa línea, desde la Oficina del Presidente agregaron que «es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico». Además, afirmaron que «el lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025».
En esa línea, el presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, estuvo por la tarde en Casa Rosada junto con el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El martes empezarán las reuniones informativas en el Congreso por la Ley de leyes y, por parte del Ejecutivo, adelantaron, irán a dar explicaciones Guberman y el secretario de Finanzas Pablo Quirno. Quieren evitar a toda costa que vaya el ministro de Economía Luis Caputo a dar la cara.
En el Presupuesto 2025 hay designado para las universidades 3,8 billones, mientras que desde las casas de estudio dicen que es necesario que les asignen 7,2 billones, para poder funcionar. Del total del PBI, en tanto, el gasto que estipuló el gobierno para el 2025 representa el 0,50, mientras que en 2024 representó el 0,53 y en el 2023 había sido del 0,72. Es decir, hubo un recorte significativo.
«NUEVO FRENTE DE IZQUIERDA POPULISTA»
En relación a la movilización que la comunidad educativa llevó adelante en todo el país, desde la Casa Rosada puntualizaron que «fue política», y que «el Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política». Por último, subrayaron que «esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios».
Minutos antes del comunicado, el Presidente había escrito un tuit en el que volvió a insistir con que la marcha fue un intento de la oposición por «desestabilizar su gobierno», y no por el reclamo de los docentes: «Si para enfrentar a uno sólo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble (en este caso es una forma de ocultar la corrupción de los chorros de siempre) eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía», dijo.
EL ESPANTAPÁJAROS DEL GOLPE
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich más temprano había abonado a esta teoría conspirativa: «¿A qué van a venir? ¿A preparar el golpe que están preparando para noviembre diciembre? Un golpecito” se preguntó sobre los miles y miles de estudiantes y docentes que salieron a pedir por la educación pública.
Según explicaron a este diario desde la Secretaría Legal y Técnica el plazo para el veto vencía el viernes a las 00. En ese momento se cumplirían los diez días hábiles que comenzaron a correr un día después de la presentación del texto ante el Ejecutivo. Milei no esperó hasta el último minuto para cumplir su amenaza, prefirió la provocación de hacerlo horas después de la marcha.
El Presidente siguió los acontecimientos desde la Quinta de Olivos prendido a su celular. Se encargó de replicar diversas agresiones en sus redes sociales y también información falsa. Uno de los posteos, por ejemplo, era una imagen de dos trabajadores tocando un bombo y decía: «Pasamos de los falsos jubilados a los falsos estudiantes de la UBA». También retuiteó mensajes que denunciaban que las universidades «no se quieren auditar», y hasta compartió una caricatura en la que se veían dos marionetas: abajo de todo la de un estudiante, arriba la de Lousteau manejándolo y arriba de él CFK como la titiritera de ambos. Luego sumó otro que decía: «Muy linda estuvo la #MarchadeCFK que usaron los políticos para empezar a mostrarse de cara a las elecciones 2025. Ahora córranse que el Javo tiene que seguir arreglando el desastre que dejaron».
«El Congreso está emputecido en sacar leyes que atentan contra el equilibrio fiscal», maldecían cerca de Milei y adelantaban que posiblemente no estén los números en el Congreso para sostener el veto. Subrayaban que contarían, nuevamente, con los votos de los cinco radicales libertarios que fueron clave para sostener el veto anterior en contra de los jubilados, pero la gran incógnita es qué hará el PRO. Desde el oficialismo remarcaban: «El PRO no dijo que no y eso es positivo». «Sería muy mezquino si votan en contra», agregaban. El que está trabajando a toda máquina para conseguir los votos necesarios es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En unos días se verán (o no) los frutos de las negociaciones.