Narcos en Santa Fe: ¿Una justicia Federal indiferente?

Por Carlos E. Viana.-

“El fin de la obediencia es la protección”, Thomas Hobbes.

Rosario desde hace 10 años

Cientos de muertos por la guerra entre bandas narcos, derivaciones sobre la delincuencia común, con asaltos asesinatos que hace casi intransitables las calles de Rosario y en definitiva una inseguridad creciente en los últimos doce años.

Uno de los protagonistas de esta situación narco, Luis Medina fue asesinado el 29 de diciembre de 2013. habría habido informes sobre él en el juzgado del Juez Carlos A. Vera Barros, desde 2011. Medina fue uno de los socios protegido por la Banda de Los Monos, pero independientemente de este dato, el narcotráfico y la drogadicción en Rosario y los puertos adyacentes, son noticia periodística desde hace 30 años. Como es sabido este delito es jurisdicción de la Justicia Federal y del Ministerio Fiscal de la Nación.

El asesinato de Luis Medina, después de su enfrentamiento con el gobierno socialista de Bonfatti, fue seguido seis meses después por el del Comisario Guillermo Morgans, quien habría secuestrado no una sino dos notebooks de Medina después de su asesinato, una de ellas no enviada a la justicia sino a un ministerio provincial para su desciframiento. La otra podría haber sido la causa del asesinato de Comisario Morgans. Los primeros días de junio de 2014 Germán Tovo estaba cerrando su agencia de automóviles a dos cuadras de la Jefatura de Policía de Rosario, cuando dos sicarios a cara descubierta le dispararon trece balazos 9 mm. Los jueces y fiscales federales de Rosario, no consideraron estos hechos como de su jurisdicción, aunque la prensa u la opinión pública los vincularon entre sí y con el narcotráfico.

Es importante revisar estos hechos, rodeados de múltiples crímenes, como el del Pájaro Cantero, Bassi y otros miembros de bandas narcos. Hasta los chicos sabían que estaban vinculados con el narcotráfico, menos los jueces y fiscales federales de Rosario. Como ya habíamos publicado, recién a fines de 2014 el Juez Federal Marcelo Bailaque, se dio cuenta de estos hechos y comenzó a investigar a la banda de los Monos, pero recién 13 días después de la asunción del Presidente Macri, decidió ordenar el arresto de 13 miembros de dicha banda. No obstante un intento de fuga de los mismos de la prisión provincial de Piñero, fue el gobierno provincial que los remitió al Penal Federal Ezeisa, ya que este Juez no se ocupó de este trámite.

En la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, hay una secretaria de derechos humanos a cargo del camarista, Dr. Víctor Bottazzi, pero supongo que deben estar en dicha secretaria muy ocupados con otros asuntos, para no considerar que los hechos relatados, de jurisdicción federal, amenazan los derechos humanos de más un millón de ciudadanos y que los cientos que ya fueron asesinados no los tuvieron.

En definitiva nadie en Rosario ignoraba estos hechos y que los mismos estaban vinculados al narcotráfico, repito asunto de jurisdicción federal.

W.R., el Fiscal de juicios colectivos

Mientras en la Ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia, también hay hechos incomprensibles. El Fiscal Federal Walter Rodriguez, se hizo cargo de un procedimiento contra el narcotráfico en el Arroyo Leyes. Como consecuencia del mismo el fiscal arresto a casi toda la cúpula policial de la UR I (Ciudad de Santa Fe), pero hete aquí que no se percato que si la Policía es institucionalmente corrupta, se debe a que está dirigida por la clase política, es decir el gobierno socialista y parte de la oposición.

Con respecto a esto, en agosto de 2014, el diputado provincial justicialista Héctor Acuña, presidente del Bloque Unidad Peronista, hizo una presentó ante el fiscal Walter Rodriguez, en relación a las escuchas telefónicas, ordenadas en aquel entonces por el Juez Vera Barros (como vemos, el juez no ignoraba estos hechos, pero no sabemos por qué no actuó oficialmente) “que involucran al Gobierno de la Provincia de Santa Fe con la ilegalidad y el narcotráfico… y pido que se investigue”. Hace también el diputado mención del crimen de Luis Medina y sobre la Ultrabook marca Apple secuestrada por el Comisario Morgans y que el Ministro Ministro de Seguridad de la provincia Raúl Lamberto, envíó al secretario y subsecretario de Tecnología del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado a desbloquear, sin que mediara solicitud de colaboración ni la correspondiente autorización por parte de la Justicia”.

Ni el Juez Federal Vera Barros ni el Fiscal Federal Walter Rodríguez actuaron pese a que el primero ordeno las escuchas y el segundo las recibió y que además tuvo el pedido de investigación de un diputado provincial.

Con respecto al arresto de la cúpula policial de la UR I, algunos seriamente complicados, por lo menos contra uno ellos no tenía prueba alguna en su contra. El fiscal debería tomar nota que en nuestra Cultura Occidental, los juicios colectivos fueron abandonados por injustos, hace más de 3.000 años. La culpabilidad es individual. Culpar a alguien porque pertenece a una institución o grupo legal, es “regre”, no “progue”. Además, debe tener muy en cuenta la veracidad de los testigos, característica esencial de todo juicio justo y es lo que distingue al Estado de Derecho Democrático de regímenes autoritarios o totalitarios, cosa que también debería tener en cuenta el Juez Vera Barros.

Por otra parte hay casi cien causas que involucran a políticos provinciales, algunas ligadas con el narcotráfico, actuales y del pasado, que duermen en la fiscalía de Walter Rodríguez.

Siguiendo con los actos de nuestro fiscal, a un mes de la captura de los hermanos Lanatta y Schillaci, el fiscal federal Walter Rodríguez, lleva adelante la investigación de lo ocurrido en su jurisdicción. Habría habido durante los procedimientos, un supuesto tiroteo por error entre policías y la Gendarmería. El fiscal comentó que “resulta más confuso el segundo episodio que implica a un gendarme que fue herido”. El primero había sido contra los tres delincuentes. En realidad fuera de la confusión general sobre todo el tema de la fuga, esta llega a la mente del fiscal, porque lo más importante es descubrir las probables conexiones políticas, policiales o delictivas de los prófugos en esta región. ¿Quién pintó de rojo el portón del galpón rural de San Carlos, para que lo identificaran los tres fugitivos que se refugiaron en él? La repuesta a esta pregunta es más importante que explorar si por error se enfrentaron las fuerzas que participaban en la búsqueda.

Epílogo

Hay una gran responsabilidad del gobierno socialista y gran parte de la oposición, en la inseguridad provocada por el narcotráfico en la región, pero también notamos una falta de acción por parte de la Justicia Federal, que es la que tiene jurisdicción especial sobre los delitos vinculados al narcotráfico y que no podía ignorar los hechos descriptos.

Se debe tener en cuenta que los narcos no tienen conciencia en que es fácil comenzar una guerra pero muy difícil terminarla. En cuanto a los jueces me remito a las afirmaciones de un gran constitucionalista, González Calderón, quien afirmó que los jueces debían ser justos, probos, capaces pero también intrépidos. El juez que no tenga suficiente coraje para luchar por la verdad, la justicia y la Constitución, debe renunciar, porque como citamos en el epígrafe de Hobbes, la obediencia a las leyes implica la protección del estado, sin dicha protección sobre los derechos de los ciudadanos el estado no tiene sentido. La esencia del Estado es brindar seguridad y en la Provincia de Santa Fe esta es muy precaria.