Por Ovidio Winter.-

Según versiones no oficiales pero emanadas de los pasillos de Comodoro Py, hace muuucho tiempo que el juez federal Ariel Lijo no podía abrir algunos cajones (como si hubiese algo adentro que los trabara) donde guarda pruebas muy comprometedoras para esclarecer cómo los Eskenazi compraron el 25% de YPF sin haber puesto un solo peso (gracias a la mediación de Nestornauta) en lo que se dijo, fue un acto de recuperación de soberanía, según palabras de la expresidenta de los argentinos hace ya 11 años.

El juez federal Ariel Lijo propuso a YPF y a la Oficina Anticorrupción (OA) que negocien la posibilidad de que exfuncionarios K o empresarios españoles o argentinos se acojan al régimen del arrepentido en la causa por el vaciamiento de la petrolera estatal denunciada por la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió.

En una resolución, Lijo aceptó a la conducción de YPF y a la extitular de la OA, Laura Alonso, como querellantes en la causa contra el exministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, y los exdirectivos de Repsol de España y del Grupo Eskenazi, entre otros. Sucede que ya han transcurrido 5 largos años y el expediente no quiere salir de esos cajones que, de abrirse, echarían luz a una oscura operatoria celebrada antes del fallecimiento de NK.

Claro que para que la estatización se pudiera llevar a cabo hubo que aprobar una ley que, con apoyo de la oposición, UCR, Frente Amplio Progresista, Coalición Cívica, Libres del Sur y legisladores del PJ disidente (excepto el bloque del PRO que votó de manera negativa), fue sancionada por mayoría el 3 de mayo de 2012.

Pregunto: ¿el Consejo de la Magistratura no debería exigirle al Juez Lijo que haga ver la luz al expediente del “cajón trabado”, aunque fuera necesario para ello convocar a un simposio de carpinteros?

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