Por Guillermo Cherashny.-

Nada indica que haya habido un acuerdo expreso entre Daniel Scioli y Carlos Zannini sobre el avance K para controlar la justicia. Menos aún hay dudas acerca de que para el cristinismo la consigna es: “ahora o nunca”. De ahí que, una vez aprobada la ley de subrogancias, la mayoría K del Consejo de la Magistratura se lanzara a cambiar a los actuales subrogantes por otros nuevos designados de una lista de conjueces que fue aprobada el jueves pasado. En el medio, hace tres días y a sólo dos meses de las primarias, la provincia de Buenos Aires se quedó sin juez electoral, luego de que la Justicia declarase inconstitucional un artículo de la ley de subrogancia que permitió nombrar a Laureano Durán a cargo de ese puesto. La medida fue tomada por el juez Alberto Osvaldo Recondo, a partir de una presentación realizada por los comités que la UCR tiene en La Plata y Magdalena contra el nombramiento del joven abogado de 37 años que estaba al frente del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata, tribunal a cargo de resolver cualquier disputa que pueda surgir en las elecciones de este año en la provincia. Recondo, a cargo del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, dispuso dejar sin efecto el artículo 2 de la Ley 27.145, que establece los procedimientos que el Consejo de la Magistratura debe seguir para la designación de subrogantes. Ese artículo, que fue el que permitió la remoción de Luis María Cabral de la Cámara de Casación, deja asentado que será ese órgano el encargado de nombrar “subrogantes por mayoría absoluta de los miembros presentes” y determina que “la designación se realizará con un juez o jueza de igual competencia de la misma jurisdicción o con un miembro de la lista de conjueces confeccionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley”.

Está claro que la sentencia de Recondo sólo es aplicable al caso, es decir a Laureano Durán. Pero es el primer paso de lo que puede ser una escalada de fallos que dejen sin efecto al menos una parte de las nuevas designaciones de jueces, lo que crisparía los nervios del núcleo duro cristinista. Ayer, el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari rechazó la demanda que promovió el juez Luis María Cabral para ser repuesto como magistrado subrogante en la Cámara Federal de Casación Penal, y en su fallo criticó “la judicialización amplia de las decisiones de otros poderes”, la cual podría poner en “serio riesgo” el ejercicio de sus funciones constitucionales así como la “autoridad de la propia Corte Suprema”. El pedido había sido formulado en la demanda que promovió Cabral para impugnar la Resolución 180/2015 del Consejo de la Magistratura, por la que fue removido.

El gobierno no tiene más margen

De todas formas, el reemplazante de Cabral en la Sala I de la Cámara de Casación, Claudio Vázquez, sería impugnado por la DAIA y la AMIA y por el fiscal Raúl Pleé, lo que demoraría una resolución judicial sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán. Es significativo que Ricardo Lorenzetti haya citado para el martes próximo a las 17 a los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país para tratar el conflicto desatado a partir de la aplicación de la nueva ley de subrogancias de magistrados y la remoción de Cabral de la Cámara de Casación.

A todo esto, Cabral estaría preparando un pedido de per saltum para que la Corte se avoque a su caso en forma directa. Hasta ahora, a dos años de haber sido establecido por ley para casos de gravedad institucional, ninguno de los intentos para que la Corte aceptara un per saltum dio resultado, lo que da una idea de la enorme resistencia del alto tribunal a este nuevo instituto. Por una u otra vía procesal, es probable a esta altura que, de algún modo, la Corte termine interviniendo en la remoción de Cabral y decrete la inconstitucionalidad de gran parte de la ley de subrogancias y de buena parte de la reforma procesal penal. Esto sin hablar de la acción interpuesta por el diputado bonaerense del Frente Renovador Mauricio D’Alessandro. Cuando el gobierno quiso imponer en el 2013 la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, fue primero la jueza federal Maria Servini de Cubría y luego la Corte los que declararon inconstitucional esa elección. No extrañaría que ahora se esté gestando algo similar, con lo cual el gobierno tendría que archivar su ofensiva y sin contar con tiempo para inventar una nueva estrategia, ya que el 10 de diciembre, de asumir la presidencia, Daniel Scioli no seguiría este camino, porque otro es su temperamento y en la provincia se lleva muy bien con la Corte Suprema local. Los motivos inmediatos de la ofensiva gubernamental son dos: el Memorándum con Irán y la causa Hotesur, para la cual Cabral era una pieza clave. Ahora bien, si Lorenzetti se planta en las próximas semanas, el gobierno se quedaría sin tiempo para aplicar alguna otra estrategia. Entonces, Scioli no tendrá que esperar al 10 diciembre para terminar con esta guerra declarada entre el gobierno y la justicia. El gobierno había pactado una tregua a través de los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Servini de Cubría y Ariel Lijo. Tregua que la Casa Rosada rompió intempestivamente. Pero ahora el pedido de unos 50 magistrados a la Corte Suprema la obliga a ésta a intervenir y, tal vez, a rechazar la ofensiva final del gobierno.

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