Por Carlos Tórtora.-

El comienzo del año político muestra en el oficialismo diversos matices. Golpeado por el episodio del vacunatorio VIP y por los 4 puntos de inflación, Alberto Fernández trata de sacar al gobierno de su actual estancamiento. Martín Guzmán da señales de acelerar la renegociación de la deuda por más de 45.000 millones de dólares, que debería comenzar a amortizarse en septiembre de 2021 (40.900 millones de capital y 3065 millones de intereses vencen hasta 2023). Por lo demás, muy poco. El presidente encabezó el lanzamiento de un Consejo Económico y Social que no despierta mayores expectativas y ahora mostrará ante el Congreso sus cartas para el 2021. Si Alberto aparece deslucido y con poca iniciativa, Cristina Kirchner muestra síntomas de deterioro político. Su abogado Carlos Beraldi salió al ruedo descalificando las motivaciones de la reciente condena a Lázaro Báez como operaciones de prensa pero el golpe sin duda dolió. Es casi inevitable que la condena a Báez por la ruta del dinero K influya en el juicio oral que se le sigue a la vicepresidenta en la causa Vialidad y también en Hotesur y Los Sauces. En el campo político, este hecho produce un debilitamiento de la figura de ella, que podría reflejarse en la disminución de su poder. A un año y tres meses de haber asumido Alberto la presidencia, el paquete de causas judiciales que acosan a la ex presidenta no sólo está en pie sino que tiene tendencia a agravarse. Ella logró con su prédica que el gobierno incorpore a su relato el lawfare como común denominador para todas las causas judiciales por corrupción. Pero este triunfo retórico no se tradujo en ningún resultado práctico. El presidente es una muestra de ello, porque critica frecuentemente la supuesta práctica del lawfare pero, fuera de esto, nada.

Una lista de fracasos

Al traspié estratégico del caso Báez hay que sumarle que hasta ahora el kirchnerismo duro no pudo sustituir al Procurador General Eduardo Casal y que las tentativas se encuentran estancadas. La lista de movimientos frustrados se extiende a la ley de reforma judicial, que cuenta con media sanción del Senado y que se propone diluir el poder de los juzgados de Comodoro Py. La norma continúa estancada en Diputados y sin señales de desbloqueo.

Con este panorama, la vicepresidenta bien podría asumir que su batalla contra la justicia está rumbo a perderse.

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