Brokers (03-08-23): Tendencias electorales

NO LO OLVIDEN, EL PRESIDENTE DE LA REPOSERA LES

DEJÓ UN DÓLAR DE SESENTA PESOS Y EL ASADO A

CUATROCIENTOS PESOS.

AMÉRICA LATINA
Comenzó a regir la reforma jubilatoria impulsada por Luis Lacalle Pou en Uruguay
Entre otros cambios, la edad de retiro escala de los 60 a los 65 años y todos los jubilados podrían optar por mantener una actividad laboral
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Alejandro Prieto
6 Ago, 2023
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El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou (EFE/Raúl Martínez)
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou (EFE/Raúl Martínez)
La reforma jubilatoria que Luis Lacalle Pou impulsó como una meta insignia para su mandato comenzó a regir en Uruguay, donde, entre otros cambios, la edad de retiro escala de los 60 a los 65 años y todos los jubilados podrían optar por mantener una actividad laboral.

Aprobada el pasado 27 de abril en el Parlamento con los votos de los cinco socios de la coalición formada para el Gobierno de Lacalle Pou, la bautizada como “reforma de la seguridad social” estaba entre sus promesas a cumplir, plasmadas poco antes del balotaje de 2019 en el documento “Compromiso por el país”.

Reforma a la uruguaya
Planteada allí como un avance hacia “un sistema previsional moderno, financieramente sostenible (…) que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad”, la reforma comenzó a regir este agosto como el resultado de un proceso “virtuoso”.

Así, al menos, lo expresa en diálogo con la agencia de noticias EFE el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, quien destaca que la reforma delineada en la ley 20.130 es “una reforma bien a la uruguaya”.

“La hemos definido así porque parte de una gran discusión previa que tuvo un proceso de discusión primero a nivel de expertos, después a nivel del Poder Ejecutivo; se presentó a la oposición, tuvo un gran debate anterior a tener estado parlamentario y después tuvo (en el Parlamento) una discusión muy amplia hasta resultar su aprobación”, explica.

Según el ex diputado por el oficialista Partido Nacional que desde 2021 preside el ente autónomo coordinador de los servicios estatales de previsión social, tanto esta antesala de debate como el “largo período de transición” previsto para su completa implementación, que será gradual, se condicen con la tradición de un Uruguay cuyo sistema de pensiones es amplio.

“Uruguay es un país con una larga tradición en seguridad social y un sistema muy maduro con una cobertura muy amplia. Entre el BPS y los restantes subsistemas la cobertura para mayores de 65 años se aproxima al 95 %, es muy alta y además es un país con una tasa de informalidad de 20 %, muy baja para América Latina”, explica.

Si bien puntualiza que “no fue votada por todo el sistema político”, pues fue rechazada por la opositora coalición de izquierdas Frente Amplio, para Cabrera la reforma tuvo un proceso “virtuoso” en el que “el Gobierno se propuso un objetivo y fue cumpliendo los pasos hasta obtenerlo”.

La edad de retiro escala de los 60 a los 65 años y todos los jubilados podrían optar por mantener una actividad laboral
La edad de retiro escala de los 60 a los 65 años y todos los jubilados podrían optar por mantener una actividad laboral
Correcciones de un nuevo sistema
En una rueda de prensa, el ministro uruguayo de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, subrayó la importancia de que en agosto entraran en vigencia numerosos cambios previstos en la reforma.

Uno de los aspectos clave que tanto Cabrera como Mieres destacaron es el de la denominada “compatibilidad entre trabajo y jubilación”, pues si bien quienes se retiraban de la caja civil -por ejemplo funcionarios públicos- podían volver a trabajar en industria y comercio, los jubilados de esta última categoría -la mayoritaria del país- no podían hacerlo.

“Era una situación de inequidad que debíamos corregir. (Esto) significa la adquisición de nuevos derechos para un número muy elevado de personas que ya están jubiladas y de trabajadores que en la medida que se jubilen podrán acceder a este derecho”, enfatizó Mieres.

Según detalla Cabrera, ahora rige para los trabajadores dependientes la “jubilación parcial flexible”, que -con los requisitos de 65 años y al menos 30 de trabajo- permite acceder a una jubilación y seguir trabajando con jornada reducida, y para los no dependientes la opción de seguir su actividad sin aportar o de jubilarse y trabajar si ocupan personal.

El abogado dice que esto puede ser beneficioso para el sistema porque los jubilados que ya trabajan “de manera informal” y podrán hacerlo formalmente.

La contracara sindical
Además de contar con el rechazo del FA, la reforma de Lacalle Pou provocó numerosas protestas de la central sindical del país, el PIT-CNT, que evalúa la viabilidad de un plebiscito para dejarla sin efecto.

Consultada por EFE, la presidenta de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), Estela Ovelar, opina que la posibilidad de jubilarse y trabajar no está mal si es “por decisión de la persona y no por necesidad (económica)”.

“Si la miramos en todo su conjunto, lo poco bueno que tiene es opacado por lo no tan bueno. Nos parece insuficiente una reforma solamente que aumenta la edad de trabajo y en algunos casos bajaría la tasa de reemplazo, lo que va a ganar la persona”, redondea.

OPINIÓN
UNA MIRADA DIFERENTE
Tengo un plan. ¿Tiene?
Pese a tantos eslóganes y frases de campaña, nadie parece estar listo para gobernar la nave a la deriva.
POR DARDO GASPARRÉ 05.08.2023
Todos los pensadores nacionales parecen estar contestes en que para salir de la trampa en que se ha metido, el país necesita un gobierno que sea capaz de formular y aplicar un plan integral, serio, preciso, riguroso, detallado y orgánico que marque el derrotero de la sociedad en los próximos años y recupere la confianza que se ha perdido en el orden nacional, internacional y acaso en la intimidad de cada uno. Esta afirmación que luce tan sesuda merece algún análisis.

Para empezar, eso no parece ser lo que quieren los votantes ni la mayoría de la sociedad, por más que juren lo contrario y repitan el concepto hasta el aburrimiento, al igual que los comunicadores. Es evidente que todos quieren que se abata la inflación, por caso, pero nadie está dispuesto a aceptar que eso se comenzará a lograr solamente si se baja drásticamente el gasto del Estado, lo que plantea un problema conocido: todos creen que la parte de ese gasto que los beneficia en algún aspecto es intocable, sagrada y una conquista social. De modo que lo que la sociedad parece esperar es un acto de magia, no un plan. Justamente los subsidios, los planes, las dádivas son responsables de la pobreza de los trabajadores, vía la inflación.

Esto se ve muy claro con las subas de tarifas eléctricas, que, pese a ser largamente insuficientes, han creado un enojo que abarca a todos los sectores y que ha alborotado al periodismo que salió rápidamente a explicar el drama social que significaba ese cambio, apenas un modesto comienzo en la reducción del gasto estatal, que se puede aplicar a cualquier decisión en el mismo sentido. Difícil es entender cómo se espera que exista un plan para bajar la inflación sin bajar subsidios y gastos. Por ello la misma ciudadanía pretende que los candidatos la engañen y prometan lo que no pueden cumplir, o eviten decir lo que van a hacer, con lo que se están autocondenando a ser defraudados en todos los casos. En términos técnicos, esto es consecuencia de la maligna distorsión de los precios relativos que crean tanto la inflación como los controles de precios.

No es entonces una casualidad que en las encuestas y en todas las elecciones provinciales se advierta una deserción del votante, cansado de que las promesas que se le hacen no se cumplan, pero que al mismo tiempo no está dispuesto a admitir que sólo vota por quien le hace promesas incumplibles. El círculo vicioso de la demagogia que anticipara Tocqueville.

Palpable en la gran cantidad de reportajes – sobre todo a cualquiera que insinúe un freno al dispendio – en los que el entrevistador pregunta al entrevistado “cómo va a hacer para llevar adelante su programa si tiene al Congreso, las provincias y la calle en contra”, lo que constituye en definitiva una invitación a rendirse incondicionalmente al caos.

Democracia desdibujada
Tal situación se puede interpretar como que en el ámbito local -y en diversos grados en todo Occidente- la democracia se ha desdibujado y ha perdido su virtuosidad original, porque se han anulado deliberadamente dos de sus principales principios: la educación de las masas y la prédica. (Predicar es persuadir de las propias ideas, no complacer las de los otros) Entonces se llega a esta situación en que la población reclama que se le solucionen todos sus problemas y los políticos tienen miedo de explicarles que tal cosa es imposible, entre otras razones porque su accionar proselitista consiste en todo lo contrario: primero convence a la sociedad de que todos sus problemas pueden ser solucionados por el Estado y hasta tiene derecho a reclamarlo, y luego cada uno intenta convencer a esa misma sociedad de que él es el iluminado capaz de realizar semejante milagro. En esas condiciones no solamente no habrá un plan serio, sino que la misma democracia es una pérdida de tiempo. Y de libertad.

Algunos ejemplos. El mileísmo de La Libertad Avanza viene proponiendo la reducción del número de ministerios, una medida relativamente modesta pero que podría ser indicadora de una reducción del gasto estatal. De inmediato, frente a la consabida pregunta sobre si pretenden echar gente, su candidato a Jefe de Gobierno afirma que no se echará a nadie, sino que el personal será reubicado en otras áreas del Estado donde sea de utilidad. Evidentemente no se ha entendido el problema, no se ha profundizado en la realidad, no se ha dimensionado a fondo el atropello del gasto estatal y el desmadre del empleo público o simplemente no se ha preparado un plan, más allá de lo que se declame.

En los aspectos más complejos también se dan iguales o peores contrasentidos e incongruencias. Varios candidatos sostienen que procederán a dolarizar la economía. Para agregar de inmediato que ello no es posible en el corto plazo porque no hay dólares en la magnitud que hace falta para ese cambio. ¿Eso es un plan o un paper académico? ¿Qué se hará mientras tanto?

En esta propuesta también se está siendo poco serio. No en su formulación, sino en su explicación. La dolarización supone atar las manos del Estado para que no gaste lo que no tiene. Atar las manos. Frase dicha por los políticos de un país que hace 30 años que incumple su Constitución y no se da una ley de Coparticipación Federal, dentro de tantas otras cosas que incumple. Al mismo tiempo, tácitamente se está diciendo que se intenta seguir “administrando” el tipo de cambio, que es la concepción culpable de buena parte de todos los problemas recurrentes argentinos. O sea, que la idea que sostienen Bullrich y otros de pedir un gigantesco préstamo para respaldar la dolarización, más allá de si se tiene crédito o no, es la de seguir vendiendo dólares por debajo del valor de mercado para mantener un tipo de cambio controlado. Seguramente se piensa que esta vez funcionará.

Subyacentemente, ese formato de dolarización intenta fijar un tipo de cambio más o menos arbitrario y convertir a ese precio toda la deuda en pesos del sistema, tanto pública como privada. Como si las Leliq o los plazos fijos fueran un contrato de venta de divisas a futuro. Otro formato de intervención estatal, que difícilmente resuelva el problema de fondo, aunque pueda beneficiar a varios.

Gradualismo concertado
Del otro lado están quienes piensan como Rodríguez Larreta, una especie de gradualismo concertado dentro de una suerte de Pacto de la Moncloa de entrecasa , para ir de a poco logrando el crecimiento salvador que haga subir el río para que tape las piedras, o sea para que porcentualmente baje el déficit, el gasto, la deuda y demás. Que es lo que ha fallado desde siempre. Se trata de una promesa que no podrá ser cumplida, y que decepcionará a muchos.

No muy diferente a la idea también anunciada de lograr que Aerolíneas Argentinas sea rentable, algo que es lo mismo que decir que no cambiará nada, si se analizan los resultados de iguales objetivos en el pasado. Hay quienes proponen en cambio privatizarla, soslayando que se trata de una empresa que nadie quiere comprar, y que si se vendiese sería para enfrentase en poco tiempo a la obligación de subsidiarla para que sobreviviera, uno de los raros negocios argentinos.

Por supuesto, es mucho más serio –y difícil- de pensar y de decir que se debe hacer un proyecto de cielos abiertos y permitir el establecimiento de cientos de low cost y de quien quiera prestar el servicio.

Salir del cepo cambiario, para seguir con el ejemplo, significa unificar el tipo de cambio, como es elemental, pero también significa eliminar el concepto del tipo de cambio administrado, o sea que, además de impedir que el Banco Central emita moneda, como amenazara Milei, habría que impedir que participase del mercado de cambios, del que hoy es la única contraparte legal. Ese es el paso que creará confianza, liberará el comercio internacional, potenciará las exportaciones, sincerará la economía, aumentará la competencia y detendrá la inflación.

¿Se dará tal paso? ¿Se propondrá ese cambio a la ciudadanía? No. Hay un miedo técnico a una disparada del valor del dólar si eso se hace. Miedo o no suficiente análisis. El mercado cambiario libre no es un paralelo oficializado. Es un mercado blanco, de fondos blancos, declarados y justificados. “Un mercado libre de cambios tiene el riesgo de que todo el mundo saque sus pesos de los bancos y corra a comprar dólares, con lo que el valor de la divisa puede ser infinito y los precios en pesos seguir igual camino, además de provocar una corrida bancaria”, dicen algunos. Como si eso que se llama anclaje cambiario hubiera dado tan buen resultado hasta ahora. También es terror a predecir -y permitir- la acción humana, cuya imprevisibilidad odian los economistas modernos. Vale una pregunta: ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un dólar? ¿Y cuánto pagaría si la compraventa de divisas fuera libre?

¿Y de dónde saldrían los dólares para constituir la oferta de ese mercado y ser cambiados por pesos, si se sostiene que no hay dólares? (Recordar que mercado libre no significa mercado negro). Si se intenta resolver vía cambiaria el problema de los plazos fijos y las Leliqs en pesos, la solución puede tardar indefinidamente. Tratar de resolver la irresponsabilidad bancaria coartando la política cambiaria también puede obrar como un cepo.

Además de la conveniencia de los votantes, que quieren conservar sus planes, sus subsidios, sus tarifas baratas, y que fingen ignorar que todas esas seudo conquistas las paga otro, también luce que está poniéndose demasiado énfasis en la defensa del proteccionismo, y algunos solapados intereses que no deberían ser primordiales en esta discusión, además de que no pareciera que se está extremando el talento en esta instancia.

Peronismo sin plan
El otro participante de esta historia, el peronismo, no tiene un plan para proponer, y nunca lo tuvo.

No se puede discrepar del criterio de que lo importante es tener un equipo respetable y sólido, claro que apoyados en un plan de baja del gasto y el déficit, pese a que ciertamente ese plan no se refleja todavía en las campañas. Los que dicen tenerlos esbozan apenas metas confusas, que a veces no se sustentan con las medidas que se proponen, o suenan a simples expresiones de anhelo.

Un plan debe comenzar en varios frentes simultáneamente, aunque el desarrollo de cada acción tome tiempos distintos. Por supuesto requiere el imprescindible apoyo político, un tema no menor. Pero su realización es un tema gerencial, no político. Requiere miles de individuos
capacitados y conocedores de cada área, que puedan desbrozar la estructura de personal, de gastos, de licitaciones, tercerizaciones, estafas, acomodos, coimas, nepotismos, designaciones de favor, juicios amañados contra el Estado, compras de todo tipo, adjudicaciones, creación de reparticiones, observatorios y contrataciones disparatadas de toda clase.

Pretender bajar el gasto actuando sobre rubros globales como el monto de jubilaciones o por el estilo puede ser fácil, pero también injusto. El país sufre un gasto estatal desaforado y descontrolado en todas sus jurisdicciones, hasta la más pequeña intendencia o comisaría. Se debe recurrir hasta a convocar el trabajo probono de especialistas y exponer públicamente los delitos y excesos. Hace falta autoridad moral para bajar el gasto. También implementar un sistema nacional de presupuesto base cero en todas las jurisdicciones y aunque no se aplique, comunicar los resultados a la población para que tome conciencia de que se está gastando –en una estimación rápida- 30 o 40 % más de lo necesario. El público debe saber lo que le cuesta el descalabro, y también saber lo que se podría hacer con esos recursos. El presupuesto base cero, conocido en los ámbitos gerenciales pero odiado en las esferas del Estado, es un mecanismo central para bajar el gasto estatal.

No sería serio afirmar que alguien tiene un plan para la tarea que se avecina. Sólo lineamientos generales en el mejor de los casos. De modo que la ciudadanía corre el riesgo de volverse a desilusionar, o lo que es peor, de oponerse a la racionalidad de las medidas. Claramente, cualquier proceso de corrección tomará varios años, mucho más que cuatro. Hará falta una combinación de resultados y atributos, suerte, persuasión, liderazgo, tozudez, habilidad, capacidad técnica, grandeza y talento para inspirar a un pueblo.

Hay otro riesgo, y es que se termine haciendo lo mismo de siempre, con la esperanza de que, esta vez, se hará bien y dará resultado, esperanza vana. El próximo presidente está condenado prácticamente a refundar la República. Hacen mal en cancelar a Roca. Deberían clonarlo.

Dardo Gasparré
@dardogasparre

ECONOMÍA
Aumento de las jubilaciones: proyectan una suba del 23% en septiembre y el Gobierno sumaría un bono para la mínima
Es el tercer ajuste trimestral del año. Según una medición del Poder Ejecutivo, en los últimos dos años, los incrementos por fórmula automática hicieron perder poder de compra
Mariano Boettner
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Mariano Boettner
5 Ago, 2023
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El 10 de agosto el Indec dará a conocer la variación del índice de salarios, que es el último dato que falta para que se dé a conocer el aumento que surge de la Ley de Movilidad de las Jubilaciones y Pensiones (EFE)
El 10 de agosto el Indec dará a conocer la variación del índice de salarios, que es el último dato que falta para que se dé a conocer el aumento que surge de la Ley de Movilidad de las Jubilaciones y Pensiones (EFE)
La semana próxima, algunos días antes de las elecciones primarias, se conocerá cuál será el incremento de las jubilaciones y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que corresponde en septiembre de acuerdo a la fórmula de actualización automática trimestral. Las primeras estimaciones privadas arrojan una suba de 23% y el Ministerio de Economía aseguró que aplicará nuevos bonos a quienes perciben hasta el equivalente a dos haberes mínimos, en caso de que no compensen el ritmo de la inflación.

El día señalado es el 10 de agosto. Ese día el Indec dará a conocer la variación del índice de salarios, que es el último dato que falta para que se dé a conocer el aumento que surge de la Ley de Movilidad de las Jubilaciones y Pensiones.

De todas formas, cálculos privados preliminares ya hicieron por anticipado esa cuenta, al tomar en consideración que ese dato que resta saber del Indec debería rondar una variación del 11% para que cambie el número final de aumento de las jubilaciones y AUH, sobre la base del conocido Ripte (Remuneración Imponible para los Trabajadores Estables).

Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige el economista Hernán Letcher, la suba que terminará por definir la ecuación automática será de 23,3 por ciento.

“En el escenario de que los ajustes correspondientes a septiembre se acoplen al guarismo descrito, el monto de jubilaciones y pensiones mínimas podría llegar a $87.480 en septiembre, mientras que la pensión universal para el adulto mayor (PUAM) alcanzaría a $70.030; la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $17.080 y la pensión no contributiva por invalidez (PNC) se elevaría a $61.280″, mencionaron desde ese centro de estudios.

La nueva fórmula de movilidad se compone en un 50% de la evolución salarial y 50% de la variación de la recaudación de la Anses por beneficiario (CEPA)
“La nueva fórmula de movilidad se compone en un 50% de la evolución salarial – el mejor de los índices entre el salario registrado (Ripte), cuyo guarismo acumula 26,13%- y el salario publicado por Indec – con incrementos estimados de 22,68% – y en el otro 50% de la variación de la recaudación de la Anses por beneficiario, que creció 20,5% en ese lapso”, precisó CEPA. El Ripte y la recaudación ya fueron publicados por el Ministerio de Trabajo y por AFIP, respectivamente.

El umbral de la inflación
La pregunta que siempre sobrevuela cada vez que Anses aplica un aumento de los ingresos de los jubilados es si se mantendrán por debajo, empatarán o superarán a la inflación. “Resulta prematuro responder, pero las estimaciones del Centro de Economía Política proyectan una inflación acumulada del 24,8% para el período julio – septiembre e indican que la actualización jubilatoria, correspondiente al noveno mes del año, se encontrará levemente superada por el incremento en el nivel general de precios para igual período”.

CEPA ya había calculado, incluso, que desde que se puso en marcha la nueva fórmula jubilatoria, en la mayoría de las ocasiones la actualización porcentual quedó por debajo de la inflación, por lo que Economía necesitó dar bonos para compensar esa brecha. En 2023, por ejemplo, los dos aumentos estuvieron por detrás de la suba del IPC del Indec: el de marzo fue de 17,04% en comparación con 21,7%; y en junio fue de 21% y 23,54%, respectivamente.

Fuente: CEPA
Fuente: CEPA
En 2022, sistemáticamente los cuatro aumentos por movilidad jubilatoria quedaron por atrás de la inflación. En 2021, solamente, los incrementos de junio, septiembre y diciembre superaron al ritmo de precios, estimó CEPA.

El ministro de Economía Sergio Massa, en los últimos días, anticipó que volvería a implementar una medida de ese tipo si los aumentos no alcanzaran a equiparar a la inflación.

La necesidad de otorgar bonos extraordinarios por parte del Gobierno para impedir un desplome del poder adquisitivo de los jubilados tiene críticos entre los expertos previsionales. Por ejemplo, por el defensor de la tercera edad Eugenio Semino.

“El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar. En un contexto en el que hacen falta casi tres jubilaciones mínimas para cubrir una canasta básica”, cuestionó el abogado.

El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes (Semino)
“No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. Son siete millones de jubilados y jubiladas, ¿cómo puede salir adelante un país cuyo Estado hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población? La deuda sigue siendo con ellos”, criticó Semino.

Fuente: Consejo de Coordinación de Políticas Sociales
Fuente: Consejo de Coordinación de Políticas Sociales
La defensoría de marra lleva adelante una medición de una “canasta básica de los jubilados”, que incluye un relieve mayor de gastos de la tercera edad, como los medicamentos. El último dato actualizado, comentó Semino a Infobae, es el de fines de junio, que tiene un costo de $248.000 mensuales. De ese total, el 29% es destinado a vivienda, un 20,4% a alimentos, un 12,2% a medicamentos y 8,3% a limpieza, entre otros.

Un informe del Gobierno nacional reconoce cómo las jubilaciones mínimas y la AUH fue perdiendo poder adquisitivo en los últimos años. Pertenece a un estudio que hace de manera habitual el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales (CCPS), que depende de Presidencia de la Nación.

En mayo de 2023, el poder de compra del haber mínimo jubilatorio fue 16,1% menor al de igual mes del año anterior (CCPS)
En su última edición, de junio último, ese organismo consideró que “en mayo de 2023, el poder de compra del haber mínimo jubilatorio fue 16,1% menor al de igual mes del año anterior. Si se consideran 24 meses de referencia, la variación fue de -17,2%”, precisó el organismo. Refiere, específicamente, al piso de haberes y sin tener en consideración los bonos extraordinarios que otorga el Poder Ejecutivo, sino los aumentos automáticos de fórmula trimestral. La AUH, de la misma forma, “tuvo una variación de -16,1% en términos interanuales, y -17,1% en relación a mayo de 2021″, mencionó el CCPS.

La cuestión de las jubilaciones, el sistema de aumentos y el propio espíritu del esquema previsional es un tema sobre el que suele alzar la voz el Fondo Monetario Internacional en la mayoría de las negociaciones técnicas con el gobierno argentino. Sin ir más lejos, uno de los reclamos airados más recientes del organismo estuvo relacionado a la última moratoria previsional, una medida que fue cuestionada por su costo fiscal y porque, suponía el FMI, el Gobierno no iba a llevar adelante.

La cuestión de las jubilaciones, el sistema de aumentos y el propio espíritu del esquema previsional es un tema sobre el que suele alzar la voz el Fondo Monetario Internacional en las conversaciones con el ministro Sergio Massa
La cuestión de las jubilaciones, el sistema de aumentos y el propio espíritu del esquema previsional es un tema sobre el que suele alzar la voz el Fondo Monetario Internacional en las conversaciones con el ministro Sergio Massa
“Una nueva moratoria de pensiones no financiada creó desafíos adicionales para la consolidación (fiscal) a mediano plazo. Es probable que la aprobación por parte del Congreso de un nuevo proyecto de ley de moratoria de pensiones en febrero genere pasivos de pensiones adicionales de alrededor del 0,4% del PBI en el mediano plazo, para lo cual se requerirán medidas de política adicionales para mitigar el impacto y mantener la senda de ajuste fiscal programada”, apuntó el staff técnico del FMI en un párrafo crítico de esa medida.

“Se debe considerar la reforma de la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, basándose en los resultados del estudio de diagnóstico de los regímenes especiales de pensiones finalizado recientemente”, aseguró, por otra parte.

Se debe considerar la reforma de la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones (FMI)
El acuerdo original con el FMI incluyó, aunque sea de manera indirecta o no condicional, consideraciones sobre el sistema jubilatorio argentino. Por un lado, porque el Gobierno se comprometió a realizar una evaluación extensiva sobre el esquema previsional, algo sobre lo que hubo pocos avances.

De esa intención solo se conoció algún lineamiento general. Entre ellos, que el Poder Ejecutivo analizaría de qué manera incentivar a los trabajadores que están por alcanzar la edad jubilatoria a que prolonguen su vida activa, con el beneficio de obtener luego un haber más alto.

TENIENDO EN CUENTA EL AUMENTO REAL DE PRECIOS, EN REALIDAD ES UNA REBAJA DE JUBILACIONES.