Por Carlos Tórtora.-

Las medidas que va adoptando el gobierno para contrarrestar la pandemia del coronavirus están obviamente dentro de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. En todo caso, el éxito o el fracaso de las mismas en el plano local tiene que ver con cómo se aplican las decisiones. Hasta ahora, Alberto Fernández actuó con sobriedad y parece haber evitado los dos principales riesgos: subestimar la enfermedad o sobreactuar ante la misma. La estimación de un 0,5% de mayor caída del PBI es un cálculo moderado del efecto económico del coronavirus. El gobierno chino, dando por descontado que la enfermedad está bajo control en su territorio, fue el primero en anunciar una inyección, en este caso de 70.000 millones de dólares para reactivar la economía. Si este enfoque de la crisis fuera real y en los próximos meses la pandemia es controlada, habría sin duda una política de reactivación de la economía mundial impulsada probablemente por los EEUU. La Argentina podría verse favorecida por este panorama internacional si antes consigue cerrar una renegociación de la deuda sin caer en un default selectivo que hoy está a la vuelta de la esquina. Por el contrario, una prolongación de la crisis del coronavirus sería más grave para la debilitada economía nacional que para los países en mejores condiciones para soportarla. Sin poder influir en lo más mínimo en el panorama global, a la Casa Rosada le conviene muy especialmente una crisis corta.

La crisis larga

Pero no hay que desestimar la posibilidad de que la emergencia se prolongue y hasta que se agrave. Si esto ocurre y la recesión se profundiza, esta situación sería más grave para la Argentina que para otros países que recién ahora se ven enfrentados a los riesgos de la recesión.

Mientras tanto, los temas centrales de la agenda política que anunciara el presidente están postergados por el efecto coronavirus. El proyecto de ley de reforma judicial en realidad se frenó ante la resistencia cristinista a aceptar el texto armado por Gustavo Beliz, que amplía a 54 juzgados la competencia para actuar en delitos de corrupción en la administración pública. La reducción de actividades en el Congreso sería la razón invocada para la postergación del envío del proyecto de ley sobre aborto. Señalado como un gobierno de dos velocidades (las áreas que funcionan a full y las que todavía no arrancan) el coronavirus vino a confirmar la tendencia a la inmovilidad, que es atípica para un gobierno peronista.

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