Por Carlos Tórtora.-

La promocionada fusión de La Libertad Avanza y el Pro parece diluirse a partir de la firme resistencia de Javier Milei a ceder ministerios y la presidencia de la Cámara de Diputados. Anteayer, Cristian Ritondo salió a aclarar que no es probable que haya en Diputados un interbloque conformado por LLA y el Pro. Mauricio Macri está mientras tanto dedicado a prepararse para ganar en marzo la elección interna por la presidencia del Pro, que le daría el peso formal que hoy no tiene. Mientras tanto, el Pro no tiene margen para separarse de la Casa Rosada y está obligado a seguir apoyando.

En realidad, el esquema libertario es al máximo refractario a cualquier idea de compartir el poder. Anteayer Milei reafirmó que el poder es un triángulo compuesto por él, Karina Milei y Santiago Caputo. Explícitamente puso muy por debajo al gabinete.

Así es que la relación con el Pro pasa más bien por acuerdos puntuales que por otra cosa.

En realidad, todo depende de la relación gobierno-Congreso. Si luego del fracaso de la ley ómnibus Milei optara por manejarse por DNU sin insistir en aprobar sus reformas por ley, su necesidad de negociar disminuiría considerablemente. Claro está que esto no es tan fácil, porque muchas de las reformas deben ser por ley.

Por ahora conforme

La verdad es que lo que haga el gobierno en los próximos meses depende de las encuestas. Si se profundiza la actual caída de la imagen presidencial, Milei perdería sustento en su principal punto de apoyo, que es la opinión pública. ¿Podría el gobierno ser indiferente a una caída en los números?

Por el momento, Milei estaría más que satisfecho con la moderada crítica firmada por Cristina Kirchner y con el silencio de la CGT luego del paro del 24 de enero. Los sindicalistas se consideran bien protegidos por el reciente fallo de cámara que les otorgó el amparo contra el capítulo laboral del DNU 70/23 y no creerían necesario volver a tomar por ahora la iniciativa. Ahora la inminente dolarización parece estar a punto de abrir un nuevo capítulo.

Pero la gran batalla por confirmar o revocar la política desregulatoria del gobierno se daría en la Corte Suprema, que debe fallar sobre la acción declarativa de certeza contra el DNU presentada por el gobernador riojano Ricardo Quintela.

La política de Milei hacia la Corte es dejarla fuera de su pelea contra la casta, o sea, a salvo. Claramente, entiende que no tendría posibilidades de batallar simultáneamente con los dos poderes.

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