Por Carlos Tórtora.-

JM tuvo una tensa reunión con los diputados del bloque oficialista en la cual el tema central fue cómo acelerar la aprobación de la ley ómnibus. El proyecto todavía no empezó a ser tratado por las cuatro comisiones que tendrán competencia en el mismo: Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Relaciones Exteriores. Las sesiones extraordinarias fueron convocadas hasta el 31 de enero y la realidad es que casi nadie en el gobierno cree que en cuatro semanas más el proyecto con 664 artículos pueda ser votado en las dos cámaras y ni siquiera en una sola de ellas. La magnitud del texto no es el único problema. El proyecto incluye temas -como por ejemplo la reforma política- que requieren mayorías especiales para su sanción. Esto y la multiplicidad de temas diversos hacen que la integridad del proyecto sea difícil de sostener. Lo lógico hubiera sido presentar una serie de proyectos bien diferenciados.

Apuestas de máxima

La realidad es, entonces, que todo parece indicar que el 31 de enero no habrá ley ómnibus y entonces el presidente, forzando el texto del artículo 63 de la Constitución Nacional, podría convocar nuevamente a sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. ¿Alcanzará está prorroga?

Agotado este último plazo, la ley ómnibus debería ser incorporada a la agenda de las sesiones ordinarias que comienzan el 1 de marzo.

Cómo es obvio, la no sanción de la ley -que algunos conocedores del Congreso dan por hecho- implicaría un alto costo político para el gobierno. En cambio, la oposición, sin mayor trabajo, se anotaría un éxito impensado. Por ahora, en la Casa Rosada lo que se escuchan son recriminaciones a Martín Menem, quien no puede hacer milagros.

Un interrogante a develar es cómo Milei apostó a sancionar en 30 días una ley conflictiva de 664 artículos.

El segundo interrogante es si el presidente, ante la evidencia de que no contará con la ley en extraordinarias, optará por embestir y dictar otro mega DNU con el contenido de la ley. Esta hipótesis está en análisis, aunque su conflictividad es mayúscula. De llegarse a esto, se soslayarían del DNU las cuestiones que la Constitución prohíbe para este tipo de normas, es decir, asuntos tributarios, penales, electorales, etc.

Según algunos, lo de un segundo mega DNU sería sólo una amenaza para convencer al Congreso de que apure la ley. La tensión empieza a aumentar, porque mientras este tema se instala, la justicia y el congreso tienen pendiente el tratamiento del DNU 70/2023.

Complica el panorama para el gobierno el resolutorio de la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendiendo la aplicabilidad del Título Cuarto del DNU 70/2023. Una victoria sindical que fortalece la convocatoria al paro del 24.

Share