Por Guillermo Cherashny.-

Muchas opiniones surgen sobre el fallo condenatorio de Cristina pero nadie analiza el origen de esa situación. En primer lugar, el sistema de recaudación ilegal que montó Néstor Kirchner desde que asumió y que Cristina conocía parcialmente es el origen, sin duda, de la conclusión final. Pero hubo hitos relevantes, como la renuncia forzada del «Bebe» Righi como procurador general por la denuncia del entonces vicepresidente Amado Boudou, avalada por la entonces presidenta, que luego designó a Gils Carbó, quien desplazó de la fiscalía antilavado a Raúl Plee y designó al cordobés Gonella, quien, ante la denuncia pública de Lanata sobre la ruta del dinero k por parte de Lázaro Báez, intentó excluirlo de la causa en forma torpe, porque el tomar conocimiento el juez Casanello lo puso nuevamente como imputado.

En un análisis contrafáctico, si Righi seguía siendo el procurador general seguro que Zannini, por ejemplo, podía hablar con Báez para que fuera el pato de la boda y no «armar» el escandaloso encubrimiento que intentó el cristinismo. A Esta decisión se sumó otra peor como fue una reforma procesal quitándoles el poder a los jueces federales y para dárselo a los fiscales con la potestad de desestimar una causa sin que el juez federal pueda opinar. Esta reforma a medida de Báez para que zafara y no arrastrara a Cristina tenía otra consecuencia grave cual era quitarles «la caja» a los jueces de Comodoro Py, que estaban mansitos por la mano maestra de Jaime Stiuso y Javier Fernández.

Finalmente, hubo una tercera mala decisión, que fue proponer la elección popular de los consejeros de la magistratura -criticada por toda la política y asociaciones de magistrados- que la corte declaró inconstitucional. Y luego, en noviembre de 2013, Massa ganó la PBA y de ahí en más los jueces de Comodoro Py empezaron a investigar y Stiuso y Javier Fernández no podían parar a los jueces, aunque podían morigerar las causas. Pero Cristina no quería disidencias y decidió echar a Stiuso y así, en diciembre de 2015, y hoy, ocho años después, esta sentencia condenatoria era lo esperable, porque los tres años de manejo judicial de Alberto fueron un completo desastre.

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