Por Guillermo Cherashny.-

Finalmente se aprobó en las dos cámaras la modificación al impuesto a las ganancias con un costo que supera los 50.000 millones de pesos y que supera el doble del proyecto original que el ministro de hacienda convino con el presidente, que era de 27.000 millones de pesos. En efecto, la filosofía de hacienda que el presidente “compró” era que cerca de 2.500.000 personas pagaran el impuesto alegando que, al ser más, pagaron todos bastante menos; pero esa afirmación era falsa: en realidad más personas seguirían pagando lo mismo, aunque mediáticamente tiraron números a través de Eduardo Amadeo y otros diputados del PRO, que supuestamente los afectados pagarían 300 o 400 pesos, lo que era falso.

En tanto, Mario Quintana, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Luciano Laspina dicen que Hacienda le vendió una mentira al presidente que le iba a generar un repudio de la población. Por tanto, negociaron con Sergio Massa y la CGT un proyecto con una filosofía bien distinta, ya que en vez de pagar 2 millones y medio de trabajadores, los que pagarían serian 1.400.000. Por eso lo aprobado costó el doble, aunque el gobierno minimiza su “generosidad” diciendo que 14.000 millones de pesos volverían al fisco como consumo de los sectores beneficiados, cuestión que el gobierno negaba, e impuestos al juego y dólar futuro, con lo cual pueden decir que el costo fiscal sólo fueron 7.000 millones más, o sea, 34.000 millones de pesos; pero los números fueron otros, como se ve. El papel de los gobernadores fue lamentable, ya que decían cuidar sus cuotas de coparticpación, entre ellos Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, especialmente este último, que licitó un gasoducto sobrefacturado a IECSA de Angelo Calcaterra, Roggio y la brasileña Odebrecht, con lo cual lo que menos cuidó son los ingresos de los cordobeses, y el gobernador salteño, pese a su protagonismo, sigue sin ser conocido a nivel nacional.

La noticia de la confesión de la constructora brasileña Odebrecht en el sentido que pagaron 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, entre los cuales se encuentra el soterramiento del Sarmiento, que se adjudicó por 1600 millones de dólares, cuando con decenas de pasos a nivel puede costar 300 millones dólares, demuestra que los brasileños le pagaron a CFK, De Vido y López coimas para que les adjudicaran esa obra por un valor superior y el socio de Odebrecht es Angelo Calcaterra, el primo presidencial que en 2016, al igual que en Córdoba, fueron beneficiados por decretos presidenciales que encima duplicaron su valor anterior, lo que demuestra que el gobierno nacional y el cordobés, lejos de cuidar el bolsillo de los contribuyentes, lo dilapidan en obras públicas sobrefacturadas.

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