Por Carlos Tórtora.-

El Poder Ejecutivo tiene en carpeta la reforma de la ley 26215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, cuyos puntos centrales son los siguientes:

  • Se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo. Los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito.
  • El proyecto habilita el aporte de personas jurídicas, estableciendo un tope del 2 por ciento sobre el total de los gastos permitidos para un partido.
  • Se propone que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.
  • Se establece la obligatoriedad para que organismos públicos (como UIF, PROCELAC, AFIP, ANSES, IGJ, Of. Anticorrupción, entre otros) compartan la información con la Justicia Electoral, a los fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas, o simplemente para controlar mejor los aportes y gastos.
  • Las agrupaciones políticas que se presentan a elecciones deben designar dos responsables económico financieros. El proyecto incorpora la obligación de que uno sea un contador público matriculado, mientras que el otro debe ser autoridad partidaria.
  • Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días.
  • Se promueven sanciones para el clientelismo político y el uso de recursos públicos con fines partidarios
  • Los aportes extraordinarios previstos por la ley de financiamiento para cubrir gastos no electorales sólo serán accesibles para los partidos que no estén cumpliendo sanciones vinculadas al régimen de financiamiento.
  • Se habilita la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen de financiamiento nacional.
  • Se aumenta la composición del cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral, creando 17 cargos nuevos, con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento.

La huida

Lo cierto es que entre la redacción de este proyecto y la actualidad ocurrieron hechos que alteran sustancialmente el tema. Primero fue la denuncia del periodista Juan Amorín sobre los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos 2017 en Buenos Aires, que salpicó bastante a María Eugenia Vidal. Y luego, o que hasta ahora aparece como el broche de oro de la cuestión, en la causa de los cuadernos, numerosos arrepentidos están denunciando que aportaron plata negra a las campañas del Frente para la Victoria. En muchos casos el motivo de esto es que estos aportes irregulares son por cierto mucho más leves legalmente que el pago de sobornos.

Lo cierto es que lo ocurrido es más que suficiente como para disuadir a las empresas -tanto nacionales como extranjeras- de que aporten a las campañas tanto del oficialismo como de la oposición. Esta sería en efecto la única salida para evitar verse involucrados en posteriores denuncias.

Así las cosas, la sensata reforma prevista permitiendo los aportes de personas jurídicas tal vez no alcance para darle garantías jurídicas a las empresas. De ahí que en el gobierno se estaría pensando en introducir nuevas reformas para tratar de evitar una situación de desfinanciamiento casi total de las campañas del año que viene. Tradicionalmente, los fondos provenientes de la política se blanquean a través de aportes de terceros que prestan su nombre, mala costumbre que entró en crisis con la causa de los aportantes truchos.

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