Por Guillermo Cherashny.-

La media sanción de la ley que modifica el régimen previsional de la Justicia sucedió en medio de un abandono del recinto de la oposición de Juntos por el Cambio y la no presencia de Consenso Federal. El Frente de Todos, con el bloque que conduce Ramón, el diputado mendocino, estaba muy cerca del quórum de 19 diputados, más teniendo en cuenta que estaba por asumir la diputada nacional Liliana Swindt, que se suma al bloque mayoritario, y estaba también la situación de Daniel Scioli, quien todavía no renunció y tampoco asumió su reemplazo por la razón que tanto Swindt como el suplente de Scioli para sumir tenía que hacerlo en una sesión, es decir, después de lograr el quórum y, como faltaron cuatro legisladores de la mayoría y Consenso Federal como Cambiemos querían postergar hasta la semana que viene, el oficialismo decidió sentar a Daniel Scioli para que asuma la diputada antes mencionada y en la próxima tomaría juramento el suplente de Daniel Scioli. Si se entra a la página de la Cancillería, en la embajada argentina en Brasil está al frente un encargado de negocios, por tanto no está destinado todavía Daniel Scioli, aunque habrá una biblioteca a favor y otra en contra. Pero la no presencia del mayor bloque opositor obedeció a que sostienen que el gobierno quiere una renuncia masiva de jueces y nombrar amigos o cubrir con subrogancias. De la letra de la ley surge claramente que esa renuncia masiva no será obligatoria porque la norma sancionada mantiene los derechos adquiridos de quienes están en condiciones de jubilarse con la ley anterior y no iniciaron el trámite lo pueden hacer en el futuro pero la oposición quería un artículo especial que garantizara esa cuestión, aunque era redundante. Es cierto también que Juntos por el Cambio no quiere aparecer votando en contra de los jueces pero su preocupación por el eventual copamiento de la justicia es razonable después de dos proyectos inconvenientes de cinco senadores cercenando la libertad de expresión y el proyecto del senador Snopeck de intervenir el poder judicial de Jujuy. En realidad, el oficialismo podía esperar una semana más y no sancionar en un trámite express que siempre causa suspicacias.

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