Por Carlos Tórtora.-

En una señal de que confía en que la actual crisis de corrupción se supere, el gobierno dejó trascender que la semana que viene enviaría a Diputados el proyecto de ley de reforma electoral. El anuncio no fue oficial y el tema está planteándose sin el triunfalismo imperante tres meses atrás. La prudencia del oficialismo tiene sus motivos. El primero son las encuestas, que en promedio muestran un Javier Milei que apenas pasa el 30% de imagen positiva. En segundo lugar juega fuerte el declive de Donald Trump luego de su fracaso contra Irán y las señales del escenario internacional, como la derrota de Víctor Orbán en las elecciones húngaras. Tercero, la corrupción volvió al primer plano y todos los días hay novedades. La última: aparecieron, en la causa de las coimas en la ANDIS, conversaciones que hablan de los pagos realizados a KM.

Este nuevo cuadro de debilidad hará que seguramente la oposición y los mismos aliados del gobierno terminen imponiéndole modificaciones importantes al proyecto.

No se conoce el texto todavía pero las versiones coinciden en presentarlo muy ambicioso. Abarcaría desde la derogación de las PASO hasta la modificación del número de diputados nacionales, el casillero de lista completa en la boleta única, cambios en el régimen de financiamiento de los partidos, etc.

La de mínima

El oficialismo apunta así a un modelo a la medida de la reelección de Milei y la desconfianza en las provincias es enorme, porque a nadie se le escapa que Karina Milei sueña con arrebatarle el poder a varios gobernadores.

En definitiva, la ecuación de factores que juegan en este proyecto puede simplificarse bastante: el gobierno tiene un solo objetivo innegociable y es que no haya PASO. Es decir, que el PJ no pueda montar el escenario de una primaria con Axel Kicillof y algún otro candidato que movilice votos.

La subsistencia de las PASO debilitaría bastante al gobierno y las soluciones intermedias -por ejemplo las primarias optativas- serían una fuente de problemas jurídicos y políticos.

En este sentido, no sería de extrañar que la nueva reforma electoral termine reduciéndose a una batalla legislativa en torno a las PASO.

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