Por Carlos Tórtora.-

La justicia es, de los poderes del Estado, el tratado con más consideración por Javier Milei. No hubo ataques importantes y las tensiones giran más bien en torno al control del Consejo de la Magistratura y las vacantes de 300 juzgados nacionales.

Pero la línea de mayor voltaje político pasa por las dos vacantes que subsisten en la Corte Suprema, luego del estrepitoso fracaso de las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla y del acuerdo entre Javier Milei y Cristina Kirchner.

Lo cierto es que nadie esperaba una ofensiva oficialista contra la justicia pero esto fue lo que ocurrió. Alejandro Fargosi, que encabezó la lista de LLA en Capital, un diputado sin juego político propio, arremetió contra la escasa dedicación exclusiva de los jueces y les reclamó más trabajo.

Hasta ahora, el régimen salarial del Poder Judicial quedó a salvo también de las críticas que Milei les prodiga a senadores y diputados nacionales.

Cabe recordar que, por otra parte, después del 26 de octubre, Karina Milei se puso al frente de las negociaciones con el entorno de Cristina por las vacantes en la Corte Suprema. Karina se mostró deferente con la expresidente, al menos en dos ocasiones: en la primera prohibió que se modificara la organización de su custodia, lo que había ordenado la entonces Ministra de Seguridad. Finalmente, hace pocos días, Karina vetó la designación de Gerardo Millman como director de un área del Senado adonde pensaba llevarlo Bullrich. Millman es uno de los acusados por Cristina de complicidad en su intento de homicidio.

¿Vuelven los piquetes?

En el marco del clima enrarecido en el gobierno, un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Número 11, Martín Cormick, dio por terminada la vigencia del protocolo antipiquetes, que es la principal bandera de la era Bullrich.

A partir de un amparo presentado por el CELS, Cormick sentenció que, con el Protocolo, el Ministerio de Seguridad intentó legislar en materia penal y procesal. Y también puntualizó que la protesta social no puede ser equiparada sin más a un delito flagrante y que es ilegal el espionaje de los que realizan protestas. Lo cierto es que el fallo de Cormick fue apelado y la apelación no suspende el protocolo, pero la Cámara puede modificar esto en cualquier momento. ¿Significaría esto un retorno de los piquetes?

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