Por José Luis Milia.-

Un año más ha pasado del Juicio a las Juntas, el verdadero acto fundacional del mito. Alfonsín -el beato laico del Preámbulo recitado como rosario- no dudó en violar la Constitución cuando advirtió que la transgresión rendía dividendos políticos y que una sociedad ansiosa de absoluciones morales no exigiría rendición de cuentas.

La guerra que las “orgas” terroristas le declararon a la República Argentina no terminó con el último disparo. Continuó, desde 1983, de manera más eficaz, en los tribunales, en los colegios, en las universidades y en la propaganda. Fue una guerra diferida, pensada para lograr lo que el sucio campo de batalla impuesto por el terrorismo no había garantizado: la derrota moral de las Fuerzas Armadas y la inversión completa de responsabilidades, hasta que el mismo pueblo que había exigido “aniquilar” al terrorismo terminó renegando de quienes ejecutaron esa orden.

Así, el llamado “padre de la democracia”- una distinción que en la Argentina se concede sin examen de antecedentes y con efecto retroactivo- encontró su oportunidad para dañar. Poco importó a los argentinos su prontuario, su paso como abogado de terroristas o su endémica mediocridad intelectual. Rodeado de declamadores profesionales, convencidos de que gobernar era recitar y acusar al pasado, se proclamó árbitro moral de una sociedad que jamás perdió la oportunidad de fingir inocencia.

Por cálculo político -disfrazado de torpeza jurídica- inauguró el primer gran circo judicial después de los años de plomo. Nunca le importó cerrar la tragedia vivida, sino administrarla. Se juzgó selectivamente, se blindó a los terroristas y se los recicló en víctimas ejemplares y reservas morales del régimen.

El llamado “relato de los derechos humanos” no fue justicia: fue política barata con toga. No fue un error: fue una decisión estratégica. Los juicios no cerraron el pasado; lo convirtieron en una fuente inagotable de poder simbólico.

Desde entonces, la Argentina vive bajo un sistema de culpabilidad administrada, donde la ley se aplica según conveniencia ideológica y el terrorismo goza de absolución moral automática. Ese fue el legado del “padre de la democracia”: una República jurídicamente degradada, moralmente desarmada y orgullosa de su hipocresía.

Como señaló el Dr. Alberto Solanet, más de 2.800 argentinos que combatieron al terrorismo fueron encarcelados como resultado de esta venganza y 970 ya han muerto en cautiverio. Un éxito colectivo: jueces satisfechos por haberse convertido en verdugos con toga, políticos con su hipocresía a salvo y una sociedad tranquilizada por haber elegido, una vez más, la mentira como relato.

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