Por Pascual Albanese.-
En determinadas circunstancias, cuando el vértigo de los acontecimientos desafía la capacidad de análisis conviene identificar aquellos puntos fijos o factores estructurales que están más allá de los profundos cambios producidas en la superficie. Esa necesidad justifica, o al menos disculpa, una apreciación autorreferencial. En nuestra última reunión mensual, celebrado el pasado 8 de octubre, una fecha que hoy parece como extraordinariamente lejana en la memoria política de los argentinos, termínanos el encuentro con una aseveración que hoy nos atrevemos a reproducir: “En cualquier circunstancia el balance electoral determinará el posicionamiento relativo de los distintos protagonistas políticos de la nueva etapa y marcará al gobierno la necesidad ineludible de seguir las recomendaciones de Estados Unidos y del FMI de avanzar en la búsqueda de los consensos parlamentarios que le permita sortear las dificultades inmediatas y transitar la segunda parte de su mandato. De la capacidad de iniciativa de Milei y de la voluntad de los demás actores, en especial de los gobernadores, dependerá la fisonomía de este nuevo punto de inflexión en la reconfiguración del sistema político argentino cuyo comienzo está establecido inexorablemente para el lunes 27 de octubre, una fecha aún más relevante que la elección del domingo 26”.
Esa aseveración nos permite prescindir del análisis de una cronología que signa el tránsito entre las elecciones del 6 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y sus consecuencias políticas y económicas, que colocaron a la Argentina al borde una crisis de gobernabilidad, y los resultados de las elecciones el 26 de octubre para concentrar la mirada en el nuevo escenario político y las perspectivas abierta hacia el futuro.
El tono dialoguista del discurso de Milei la misma noche del domingo 26, apenas conocidos los resultados electorales, marcó el punto de la configuración de este nuevo escenario. Cuatro días más tarde la reunión entre el presidente y la totalidad del gabinete nacional con diecinueve de los veintitrés gobernadores y el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires mostró la voluntad de avanzar en la nueva dirección, que no puede concebirse como un fruto de un súbito rapto de inspiración sino como una consecuencia directa de lo sucedido en el marco del operativo de salvataje económico con que el gobierno de Donald Trump evitó una crisis de gobernabilidad que parecía inminente.
Las demostraciones de apoyo de Trump, exhibidas en su entrevista con Milei en la Casa Blanca, el anuncio del swap de 20.000 millones de dólares para sostener las reservas del Banco Central a fin de frenar la estampida del riesgo país y una escalada en el mercado de cambios que amenazaba producir una brusca devaluación monetaria con su consiguiente impacto sobre el nivel de precios y el costo de la vida, y el anuncio sobre el inicio de las conversaciones con un consorcio de bancos estadounidenses para la concesión de una línea crediticia de otros 20.000 millones de dólares representaron una inyección de confianza que tuvo también una fuerte repercusión política y hasta un rédito electoral.
Por primera vez en la historia política el respaldo de Estados Unidos a un gobierno permitió cosechar más votos que los que ahuyenta. Este viraje en la opinión pública sintetiza dos fenómenos concomitantes. En primer término, la conciencia de que ese apoyo de Washington impedía el estallido de una crisis de gobernabilidad, como otras padecidas por la Argentina en las últimas décadas, con sus previsibles efectos negativos en el plano económico y social.
En segundo lugar, la percepción sobre el fortalecimiento del poderío mundial estadounidense en la era Trump. Esta percepción responde que el respaldo de Trump a Milei coincidía con el avance en las conversaciones para la superación del conflicto de Gaza, el anuncio sobre los progresos en la negociación bilateral entre Estados Unidos y China y el inicio de un acercamiento de la Casa Blanca con el gobierno de Lula en Brasil.
Desde el primer momento quedó en claro que ese apoyo de Estados Unidos estaba acompañado de una recomendación, o exigencia, que rubricaba una solicitud anterior de similar tenor del Fondo Monetario Internacional de una apertura política que le otorgue viabilidad al cumplimiento de las metas acordadas entre el gobierno argentino y el organismo multilateral de crédito, obviamente comprometidas por los reveses parlamentarios acumulados por el gobierno en las últimas semanas.
Apenas conocidos los resultados del 26 de octubre, y tras el tweet celebratorio de Trump, el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró: “Creo que el presidente va a expandir su coalición”. En esa sintonía hay que ubicar el sentido del cambio de gabinete en marcha, cuya naturaleza desconcertó en un principio a Mauricio Macri, que confundió la idea de la construcción de una nueva coalición de poder político para crear un horizonte de previsibilidad económica en el mediano y largo plazo con el armado de un gobierno de coalición en el que tendrían un rol protagónico figuras técnicas provenientes del PRO.
Más allá de las pujas internas y del anecdotario periodístico sobre las intenciones de sus protagonistas, este cambio de gabinete terminó de certificar, por si hacía falta, que Javier y Karina Milei constituyen una unidad política de carácter indestructible, mucho más sólida aún que la que en su momento integraron Néstor y Cristina Kirchner.
La designación de Diego Santilli en el Ministerio el Interior, acordada con Santiago Caputo, no responde a su carácter de dirigente del PRO sino a la autoridad que le confiere su condición de candidato triunfador en la elección bonaerense del 26 de octubre y a una experiencia política forjada durante una larga militancia, iniciada en el peronismo porteño en la década del 90. El tweet con que Milei anunció su nombramiento define con total claridad su misión: “llevará a cargo las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.
En esa tarea Santilli actuará en estrecha coordinación con Caputo. Para entender la naturaleza de esa cooperación cabe subrayar que no es casual que, junto al twet de Trump y la declaración de Bensett sobre la “ampliación de la coalición”, simultáneamente aterrizara en Buenos Aires, por segunda vez en pocos días, Barry Bennet, el consultor que fue asesor de campaña de Trump y viene desarrollando una intensa ronda de contactos con figuras políticas de la oposición para persuadirlas de la conveniencia de colaborar con el gobierno.
Bennet es socio fundador de “Tactic Global” una empresa de consultoría contratada por la SIDE, a instancias de Caputo, para desempeñar tareas de lobby para el gobierno argentino en Estados Unidos. Bennet también es un miembro destacado de la filial argentina de la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC), una organización que asume y difunde el ideario de Trump. En la gestación de ese tramado jugó un papel relevante el propio Caputo.
En convergencia con los vínculos políticos con la administración republicana de Washington establecidos por Caputo, Buenos Aires fue la sede de la reunión anual del Consejo de Administración del Morgan Stanley, un acontecimiento que adquirió excepcional trascendencia y puso de manifiesto otro brazo fundamental de las relaciones entre el gobierno argentino y Estados Unidos, manejado en este caso por otro Caputo, el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, tío segundo de Santiago.
Este encuentro internacional, celebrado dos días antes de las elecciones (casi un simbólico acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza), resaltó el valor de la estrecha relación anudada entre esa poderosa corporación financiera y varios de los más importantes miembros del equipo económico que en distintas etapas despeñaron cargos directivos en esa compañía.
En esa nómina figuran el propio ministro Caputo, a quien Mauricio Macri definiera años atrás como “el Messi de las Finanzas”, el ex Secretario de Política Económica y actual Secretario de Finanzas José Luis Daza y su antecesor en ese cargo Pablo Pablo Quirno, que ese mismo viernes fue designado canciller en sustitución del renunciante Gerardo Werthein.
El cónclave alimentó esas expectativas acerca de que un consorcio de bancos internacionales y fondos de inversión, liderado precisamente por Morgan Stanley, encare una restructuración de la deuda pública argentina que permitiría refinanciar la totalidad o una parte significativa de los 18.000 millones de dólares de los vencimientos previstos para 2026, lo que implicaría un enorme alivio financiero para facilitar este “segundo tiempo” del mandato de Milei.
Nunca como hoy existió una constelación de vínculos políticos y económicos tan estrechos entre los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos. En analista Carlos Fara hizo ensayó la metáfora de “un segundo plan BB”, que evoca en el tiempo al plan del consorcio Bunge y Born, implementado durante los primeros meses del mandato de Carlos Menem para superar la crisis hiperinflacionaria de 1989, en un contexto mundial en que irrumpía la unipolaridad encarnada por Estados Unidos. Este “BB“ sería, en este caso, una expresión alusiva a un programa acordado por la dupla “Bessent-Barrick” (Bessent en economía, Barret en política) para relanzar el gobierno de Milei, en coincidencia con el mejor momento del segundo mandato de Trump, orientado a fortalecer el liderazgo global de Estados Unidos en su competencia estratégica con China.
El requisito indispensable para la implementación de este programa es el mantenimiento del “déficit cero” y la acumulación de reservas monetarias en el Banco Central, lo que requiere no sólo la continuidad del equilibrio de las cuentas públicas sino del superávit fiscal. La primera demostración del cumplimiento de ese compromiso es el presupuesto para 2026, que representa la prueba de fuego inmediata que afronta la apertura del diálogo con la oposición política, en especial con los gobernadores.
Pero la sustentabilidad de ese programa en términos de mediano y largo plazo exige un salto cualitativo en la competitividad internacional de la economía argentina, a través de la reducción drástica del llamado “costo argentino”. Esta necesidad imperiosa demanda avanzar en la concreción de las denominadas reformas estructurales, que en lo inmediato incluyen la modernización de la legislación laboral y la modificación del régimen tributario y, en una segunda etapa, un cambio en el sistema provisional, e incluye también un mejoramiento significativo de la infraestructura de transportes y comunicaciones.
Estas cuestiones forman parte de la agenda de las negociaciones abiertas por el gobierno. En las dos primeras cuestiones, tanto la modernización laboral como el cambio en el régimen tributario, el trámite legislativo presupone acuerdos previos con otros actores involucrados. En la reforma laboral los interlocutores más relevantes no son los gobernadores sino la CGT y la Unión Industrial Argentina, cuyos representantes en el Consejo de Mayo tratan de acordar una nueva legislación que no afecte los derechos adquiridos de los trabajadores en actividad ni el poder político de las organizaciones sindicales, pero permita sí ir adecuando progresivamente las normas vigentes, en particular el régimen de indemnización por despidos en las empresas medianas y pequeñas, a las exigencias de mayor productividad. En cambio, la reforma impositiva constituye una materia fundamental de negociación con los gobernadores.
Esta sola enunciación explica el carácter ineludible de la negociación iniciada entre el gobierno y distintos sectores políticos y sociales, lo que implica una recomposición del sistema de poder inaugurado en diciembre de 2023. El ejercicio del hiperpresidencialismo propio de la tradición política argentina está condicionado por las exigencias de un sistema de negociación permanente cuya estación terminal es el Parlamento. Este pragmatismo obligado por las circunstancias anticipa un capítulo de compensaciones políticas no necesariamente transparentes que incluye la cobertura de la infinidad de vacantes existentes en el Poder Judicial y en particular la futura integración de la Corte Superna de Justicia.
En esta recomposición del sistema de poder es fundamental lo que ocurra políticamente fuera del arco del oficialismo. Una consecuencia extremadamente importante de los resultados electorales, en especial en la provincia de Buenos Aires, es la profundización de la crisis interna del peronismo y el cuestionamiento cada vez más amplio la conducción de Cristina Kirchner. Esta verdadera implosión se exhibió rápidamente en los afiches fijados en los alrededores de la sede del Consejo Nacional partidario de la calle Matheu en rechazo a Máximo Kirchner y a su permanencia en la conducción del Partido Justicialista bonaerense, último baluarte del “kirchnerismo”.
Aún más significativas fueron las declaraciones públicas del gobernador de Salta, Gustavo Saénz, quien afirmó que el Partido Justicialista había salido en tercer lugar en provincias habían sido intervenidas por la conducción partidaria: Salta, Jujuy y Misiones. Pero su cuestionamiento fue más allá: “lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos a que vuelva”. Pero en lo inmediato, la primera respuesta a esta situación de acefalía es el recambio de la conducción de la CGT, con el que el sindicalismo busca irradiar una imagen de renovación, simbolizada en la aparición de caras nuevas que mejoren su imagen pública.
Eduardo Fidanza describe humorísticamente a la estructura partidaria del peronismo como “Una casa en la que los propietarios, que viven en la planta baja, alquilan el piso superior al líder bendecido por la popularidad. Según el contrato, el inquilino puede decorarlo y amueblarlo a su gusto, invitar a los amigos que se le antojen y poner su música preferida. Pero le estará prohibido construir un tercer piso o alterar la estructura edilicia. El valor del alquiler será alto y deberá abonarse en bienes y servicios a los propietarios, cuyo mandato histórico es mejorar las condiciones de vida del barrio”.
Agrega Fidanza que “un día el contrato de alquiler caduca en la casa peronista porque una de sus cláusulas dice que si el inquilino cae en desgracia debe desalojarla. Eso les sucede a los líderes decadentes, cuando no pueden abonar el alquiler que garantiza el bienestar de los vecinos”. Fidanza explica que entonces concluye el contrato, los dueños se vuelven a hacer cargo de la vivienda y buscan un nuevo inquilino.
El inconveniente es que esos periodos a veces suelen ser excesivamente prolongados y esa demora se traduce en sufrimiento para los representados. Actualmente ninguno de los interesados ofrece garantías de solvencia suficientes para el pago del alquiler. La discusión entre Cristina Kirchner y Kiciloff se asemeja a un partido de cartas a bordo del Titanic. Su contenido remite a quién tiene la culpa de la derrota electoral más que a un debate sobre una propuesta de futuro.
Esta verdadera implosión política que sacude al peronismo, con especial intensidad en la provincia de Buenos Aires, renueva los pronósticos sobre su extinción. Vale empero una advertencia. El 17 de octubre pasado el peronismo conmemoró el 80° aniversario de su existencia, pero 11 de octubre de 1945, seis días antes de ese 17, la portada del diario Crítica, en aquel momento el más vendido en la Argentina, tenía un título que decía “El coronel Perón ha dejado de ser un problema para el país”. En otros términos, los vaticinios sobre la desaparición del peronismo son aún previos a su nacimiento.
Al respecto, cabe señalar que el resultado de la provincia de Buenos Aires distó de ser algo demasiado novedoso. En realidad, constituyó la quinta derrota consecutiva del “kirchnerismo” en las elecciones legislativas intermedias en la provincia de Buenos Aires. Así sucedió en las elecciones de 2009, 2013, 2017 y 2021. En 2009 y 2013 triunfaron sendas expresiones peronistas opuestas a la conducción partidaria, encabezadas por Francisco De Narváez y por Sergio Massa, sucesivamente, en 2017 Cambiemos, con Esteban Bullrich, que derrotó a la propia Cristina Kirchner, y en 2021 Santilli al frente de la lista de Juntos por el Cambio. Más aún, si se computa el porcentaje de votos obtenidos, hasta podría decirse que la elección de Fuerza Patria fue la mejor que realizó el “kirchnerismo” bonaerense en elecciones legislativas intermedias de los últimos veinte años.
Lo verdaderamente novedoso es que esta derrota está acompañada de una percepción generalizada acerca de la ausencia absoluta una propuesta alternativa de gobierno. En el debate entre Axel Kicilloff y Cristina Kirchner sobresalen las imputaciones recíprocas sobre a quien corresponde la culpa del resultado, pero no aflora ninguna discusión de fondo sobre el futuro.
La conclusión, asumida por la casi totalidad de los gobernadores y los líderes territoriales es que el “kirchnerismo”, reducido básicamente a la estructura de “La Cámpora”, ha dejado definitivamente de ser un camino para el conjunto del peronismo, puesto otra vez ante el crucial desafío de adecuarse a las nuevas circunstancias históricas del mundo y de la Argentina.
Esa adecuación a la época, hoy más necesaria que nunca, supone la formulación de una alternativa de gobierno que reivindique la prioridad del equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria como pilares indispensables para una estrategia de desarrollo económico, justicia social e inserción de la Argentina en el contexto mundial, el reconocimiento de la caducidad de las viejas fronteras partidarias como líneas divisorias de la competencia política y la revalorización del federalismo y de los liderazgos territoriales como canales de representación, lo que supone un fortalecimiento del rol protagónico de los gobernadores y los intendentes.
Jean Jacques Rousseau sostenía que la “voluntad general” es un concepto diferente a la suma de las voluntades individuales. El cuerpo electoral, como el organismo humano, no se divide según las cantidades de votos, sino que funciona a partir de la integración y la sinergia entre esas múltiples expresiones individuales que en su conjunto configuran una voluntad común. Algo similar sostenía el cardenal Jorge Bergoglio cuando decía que “el todo es superior a la suma de las partes”.
Desde esa óptica los resultados del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y de las diez elecciones locales que la precedieron en la ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe y Formosa no son contradictorios con el balance del 26 de octubre. Las elecciones provinciales evidenciaron el predominio de fuerzas políticas con arraigo local. La elección nacional exhibió el respaldo a Milei, potenciado por la ausencia de una opción de gobierno.
Las elecciones locales pusieron también de manifiesto el estado de insatisfacción colectiva de la sociedad. En la elección nacional, en última instancia la decisiva, primó la apuesta a la gobernabilidad ante el riesgo cierto de la profundización de una crisis que llevaba al gobierno al abismo sin ninguna alternativa viable de reemplazo en el horizonte.
La consecuencia es el surgimiento de un sistema de poder estructurado sobre la base de la coexistencia obligada y necesaria entre Milei, erigido hoy en la única figura política de relieve nacional, y los gobernadores, ninguno de los cuales reconoce ya una jefatura política y están forzados a replantear su futuro. Estamos ante un verdadero “momento federal”.
Mirando hacia adelante, la proyección de este escenario indica la tendencia, insinuada ya antes de las elecciones con la constitución de Provincias Unidas, un bloque conformado por los gobernadores de seis provincias, hacia una convergencia de fuerzas mucho más amplia, de carácter federal, que podría sumar a la casi totalidad de los gobernadores, incluidos los provenientes de Fuerza Patria, integrados más allá de las diluidas fronteras partidarias, para edificar una posible alternativa a la relección de Milei en 2027.
En este nuevo escenario político lo único indiscutible es que no hay vuelta posible a la Argentina previa a Milei. Lo que suceda a partir de ahora tendrá que asumir ese “nunca más” al pasado que acaba de ser consagrado como la “voluntad común” del pueblo argentino.
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