Por Hernán Andrés Kruse.-

El pasado 24 de marzo se conmemoró el cuadragésimo noveno aniversario del derrocamiento de Isabel. En esta oportunidad el volumen de manifestantes alcanzó un récord histórico. En CABA, la Plaza de Mayo, la avenida de Mayo hasta la 9 de Julio y ambas Diagonales se vieron desbordadas de entusiastas manifestantes, la mayoría miembros de organizaciones sociales, sindicales y políticas, pero otros, también importantes numéricamente, se acercaron a la histórica plaza de manera independiente.

En las horas previas, el gobierno nacional difundió un video cuyo protagonista es Agustín Laje, el ideólogo más relevante de Milei. “Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda una vida en democracia. Los violentos años setenta no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica, con fines partidarios, ideológicos y económicos”, afirmó. Y agregó: “Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en el relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política responsable de impulsar el terrorismo y después promover la represión ilegal, la primera década del siglo 21 conoció la teoría del demonio “único”. Según dicha teoría “el horror de la década del setenta empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos”.

“Los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los setenta. Para ello han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel período de intentar justificar los horrores cometidos por las Fuerzas Armadas. No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos  por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas”. “La historia debe contarse completa o se convierte en un instrumento de manipulación política. No hay tal cosa como la verdad a medias. La omisión de lo necesario es tan grave como la afirmación del error. Si borraron de la historia las atrocidades de las organizaciones terroristas, también se encargaron de ocultar el hecho de que los métodos ilegales de represión estatal comenzaron durante el gobierno democrático anterior al 24 de marzo de 1976” (fuente: Facundo Chaves, Infobae, 24/3/025).

El mismo 24 de marzo Página/12 embistió contra el video del gobierno nacional. En diálogo con el diario fundado por Jorge Lanata, Pablo Llonto, abogado especializado en derechos humanos, expresó: “Todos los juzgados de instrucción, las cámaras federales que confirmaron lo que hicieron los juzgados de instrucción, las salas de la Cámara Federal de Casación y Cortes, todos, que son decenas de juezas y jueces de punta a punta del país y durante 42 años, todos los que han tenido en sus manos el recorrido que tuvieron las 323 sentencias (de causas de lesa humanidad) dijeron claramente:  acá no hubo guerra, acá hubo un plan de exterminio planificado por los militares y ejecutado por militares, policías y civiles, con lo que desmienten cada uno de los argumentos de Laje”.

Como el lector podrá observar, la tragedia que nos enlutó en los setenta viene siendo objeto desde hace muchísimo tiempo de dos interpretaciones antagónicas, cargadas de ideología y, también, de fanatismo. A esta altura estoy plenamente convencido de que la grieta instalada en torno a este tema jamás será cerrada, de que las heridas que le provocó al tejido social jamás serán cicatrizadas. En lo que a mí respecta, dentro de mis modestas posibilidades, me abrazo con la memoria histórica para efectuar un diagnóstico lo más certero posible.

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron a María Estela Martínez de Perón. Ningún argentino se mostró sorprendido por la noticia ya que se trató, parafraseando al genial García Márquez, de la crónica de un golpe de estado anunciado. La inmensa mayoría de los argentinos tomó con calma la noticia, casi con naturalidad. El poder quedó en manos de una Junta Militar integrada por Videla, Massera y Agosti. La pregunta que cabe formular es crucial: ¿por qué se produjo ese golpe miliar o, para ser más preciso, cívico-militar?

El 23 de septiembre de 1973 el 62% del electorado votó por Juan Domingo Perón. Por tercera vez era elegido presidente de la nación. El 25, un comando montonero ejecutó a José Ignacio Rucci, su mano derecha y hombre fuerte del sindicalismo ortodoxo. Fue la manera que eligió la organización terrorista para hacerle saber a Perón que a partir de ese momento en adelante debía sí o sí contar con ella para garantizar la “gobernabilidad”. Perón, que la había utilizado para socavar la legitimidad de los gobiernos militares que precedieron al de Cámpora, no toleró semejante desafío. A partir de entonces comenzó una feroz lucha por el poder entre los montoneros (ayudados por los erpianos) y la Alianza Anticomunista Argentina, una fuerza de choque de ultraderecha apadrinada por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega (y bendecida por el General).

La Argentina se transformó en un gigantesco campo de batalla. Atentados, secuestros extorsivos, ejecuciones y exilios conformaron el paisaje político de esa época. En 1974 la violencia se incrementó de manera exponencial. Un hecho que conmocionó a Perón fue el copamiento del Regimiento Militar de Azul a cargo del ERP en enero. El 1 de mayo, ante una plaza repleta de enfervorizados manifestantes de la izquierda y la derecha del peronismo, Perón afirmó encolerizado que había llegado la hora de hacer tronar el escarmiento. En ese dramático día, el presidente dio la orden de poner en ejecución el terrorismo de estado. Los asesinados por ambos bandos comenzaron a apilarse de manera dantesca. En ese escenario de guerra de todos contra todos, Perón murió el 1 de julio. El cargo quedó en manos de la vicepresidente, María Estela Martínez de Perón. El peronismo de derecha había copado el gobierno.

A comienzos de 1975 comenzó en Tucumán el denominado “Operativo Independencia” cuyo objetivo era eliminar a la guerrilla erpiana que pretendía independizar la provincia norteña de la Argentina. Fracasó en su intento. A mediados de ese caótico año, Isabel tomó licencia siendo reemplazada por Ítalo Argentino Luder. En octubre, firmó, en compañía de su gabinete, los decretos ordenando el aniquilamiento de la subversión. El 23 de diciembre, el ERP intentó copar el Regimiento Militar de Monte Chingolo. Fue destruido por el ejército. Finalmente, el 24 de marzo de 1976 se produjo el derrocamiento de Isabel. El pueblo respiró aliviado. Estoy seguro que en la intimidad millones de argentinos deben haber agradecido a Dios al enterarse de la noticia.

A partir de ese día la Junta Militar se dedicó de lleno a exterminar a la guerrilla (y a todo civil que considerara “subversivo”). Pero es aquí donde es fundamental aclarar varias cosas. La dictadura no hizo más que darle carácter institucional a ese terrorismo estatal que había sido ejecutado por la AAA en la etapa previa. Y lo hizo utilizando el método de la capucha. En otros términos: la Junta Militar aplicó el terrorismo estatal en las sombras, a hurtadillas, creyendo que nadie, ni dentro del país ni en el exterior, se enteraría. El terrorismo estatal incluyó la detención ilegal en centros clandestinos, la tortura, los vuelos de la muerte y los robos de los bebés de las detenidas-desaparecidas. Un espanto. Según los organismos de derechos humanos los desaparecidos son 30.000. Según la Conadep, orillan los 8.000. Ambas cifras son terroríficas.

El terrorismo de estado duró hasta fines de 1979, principios de 1980. A esa altura las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos provenientes del exterior eran permanentes. La caída en Malvinas obligó a la dictadura a negociar con la clase política el retorno a la democracia. En 1983 sancionó la ley de auto amnistía creyendo que con el retorno del peronismo al poder el terrorismo de estado quedaría en el olvido. Pero el que ganó fue Raúl Alfonsín.

Es imprescindible recordar lo que nos pasó entre 1976 y 1983. Pero también es imprescindible recordar lo que nos pasó entre 1973 y 1976. Es imprescindible recordar que desde la masacre de Ezeiza (20 de junio de 1973) hasta el derrocamiento de Isabel el 24 de marzo de 1976 hubo sin solución de continuidad, asesinatos, desaparición de personas y atentados, aunque a algunos les siga costando (o no quieran) reconocerlo.

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