Por Alexis Di Capo.-

La realidad es que, en el campo de la relación entre los gobernadores del PJ y la Casa Rosada, la política y la economía casi son lo mismo. La dirigencia peronista empieza a obsesionarse con la pregunta de si Macri y Massa han celebrado un simple acuerdo táctico, que puede incluir el apoyo de éste al gobierno para la renegociación con los holdouts o por el contrario se avanza directamente hacia una alianza PRO-Frente Renovador para quebrar el voto peronista en las legislativas del año que viene y construir un nuevo armado de poder.

Ante las predicciones de mal humor social y protestas cada vez más fuertes que pronostican los encuestadores a partir de las próximas semanas, con la llegada del aumento de las nuevas tarifas eléctricas entre otros factores, podría ocurrir que Macri se esté inclinando por precipitar -como lo dijo en Davos- la ruptura formal del peronismo para evitar que éste encuentre un camino hacia la reunificación.

Curiosamente, la clave territorial de este dilema está en el control de los tres cordones del conurbano bonaerense y los protagonistas reales son los intendentes y sus opositores. Después de 13 años en los cuales primero Néstor y luego su viuda se apropiaron de la relación política y económica con los intendentes, puenteando a la gobernación, el sistema político quedó sustancialmente alterado. En su afán por liquidar al duhaldismo, Kirchner no se anduvo con chiquitas y así fue que Felipe Solá estuvo eclipsado por la Casa Rosada y Scioli funcionó como un mero delegado. En la mesa chica del PRO hoy hay quienes piensan que María Eugenia Vidal debe ser también una delegada. Su mano derecha, el ministro de gobierno Federico Salvai, esposo de la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, empieza a controlar férreamente la relación con los jefes comunales propios y ajenos. Hay cerca de 70 alcaldes de CAMBIEMOS y 55 peronistas. Si algún sector del oficialismo llegara a construir una estructura política que sumara a la mayor parte de esta masa, estaría conduciendo la primera fuerza política del país.

Por su parte y con su estilo metódico, Horacio Rodríguez Larreta quiere también ser presidente de la Nación en el 2019 o en el siguiente turno si Macri es reelecto. Con su gran capacidad de recursos y financiamiento, el gobierno porteño se prepara para penetrar en el primer cordón, para luego pasar al segundo, desplegando con los municipios locales los servicios asistenciales de la administración porteña. Esto incluye al SAME, la educación, planes de vivienda etc. O sea, una especie de colonización política del conurbano destinada a captar votos, asociando a los intendentes.

Pese a que el mensaje interno del oficialismo reza “es la hora de la gestión, no de la política”, la realidad es que dentro de un año y medio, en las elecciones legislativas, se definirá si el PRO se afianza en el Congreso y la Legislatura bonaerense y, por consiguiente, Macri está habilitado para intentar su reelección o si, por el contrario, entra en picada como le pasó a Fernando de la Rúa.

Ante la proximidad de esta instancia de decisión, cualquier intento de postergar los planes políticos parece hasta absurdo.

Pero el otro factor que hay que tomar en cuenta es que Néstor Kirchner, al asumir personalmente la conducción de los intendentes bonaerenses, los convirtió en verdaderos señores feudales, aumentando su capacidad de controlar a los jueces y fiscales locales, así como -en muchos casos- de hacerse cargo de regentear parte de las redes de narco, al margen de los tradicionales dividendos producidos por la prostitución y el juego. El punto culminante de este proceso llegó en la mitad de la segunda mitad de la segunda presidencia de CFK, cuando se empezaron a crear las policías comunales, dirigidas por cada alcalde. Hoy son docenas los fiscales y jueces que envían señales de alarma: en muchos de los procedimientos policiales, aparecen implicados policías comunales. Y esto no es de extrañar, porque se trata de cuerpos formados improvisadamente e integrados muchas veces por conocidos ¿ex? delincuentes que ahora, amparados por el desorden existente, hasta usan lo que en la jerga policial se llama “perros”, o sea armamento personal no declarado.

Éste es sólo uno de los factores que indican que la feudalización del poder político en Buenos Aires camina hacia destinos imprevisibles. Ya no estamos ante una provincia orgánica sino frente a docenas de poderes locales dispuestos a desatar el desorden si no reciben asistencia financiera suficiente. En este cuadro dramático, se destaca la república kirchnerista de La Matanza, cuya intendente, Verónica Magario, cobija a cientos de ex funcionarios nacionales K y se plantean conducir el resurgimiento del kirchnerismo.

El día D

Lo cierto es que en el mismo espacio geográfico, el macrismo y el peronismo (en todas sus variantes) van a librar simultáneamente tres batallas cuyos contenidos se entremezclan: la lucha contra el narcotráfico, la disputa por el poder político y la lucha contra la corrupción. En La Plata, la justicia secuestró en cinco galpones cientos de bienes municipales que desaparecieron durante los últimos días de la gestión de Pablo Bruera como intendente. Esto daría pie a una serie de procesamientos que llevarían a un hervidero político.

Esto viene a cuento de que mañana termina la feria judicial y entonces el gobierno deberá hacer frente a la presunta reacción judicial contra la corrupción de la era K. Todos miran a Claudio Bonadío, Carlos Stornelli y la posible citación a declarar para CFK y Máximo Kirchner. Laura Alonso, ahora a cargo de la Oficina Anticorrupción, no se cansa de aclarar que la decisión de investigar o no es de los jueces, no de la Casa Rosada. Pero lo que vale es lo que cree la opinión pública, que está convencida de que es la gravitación del Poder Ejecutivo la que empuja a que los jueces federales actúen o permanezcan inactivos. Si la ofensiva contra la corrupción K es tibia o intrascendente, a partir de mañana los costos políticos los pagará Macri en persona. Si ocurre todo lo contrario, buena parte de la dirigencia peronista se abroquelará detrás de Cristina Kirchner. No los une el amor sino el espanto. Muchos gobernadores, senadores, diputados e intendentes saben que si la ex presidente y su entorno terminan procesados, será difícil que no se produzca un efecto dominó y que en nuevas causas -o en algunas de vieja data- empiecen a ser citados ellos y sus allegados. La defensa del peronismo K de Cristina es entonces una cuestión de supervivencia como grupo.

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