Por Juan José de Guzmán.-
¡Qué cosa!, en Colombia investigan y detienen a Nicolás Petro, por lavado y enriquecimiento ilícito y el Presidente, que es su padre, dijo que no intervendrá en la justicia.
Esto es lo opuesto a lo que sucede en la Argentina, donde el Presidente de la Nación durante el discurso de apertura de las sesiones legislativas en el Congreso, pretendió humillar a los miembros presentes del máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Donde se abrieron cárceles durante la pandemia liberando presos de toda laya, que no volvieron y siguieron delinquiendo y matando. Donde la duración de los juicios rozan la eternidad, puesto que están plagados de recusaciones, cuestiones de competencia, pedidos de nulidades y apelaciones por parte de las defensas. Donde una jueza amenaza al albañil que quiso cobrar los trabajos realizados en su domicilio. Donde una fiscal que hizo honor a su cargo fue destituida después de lograr que su denuncia e investigación fueran avaladas por el Tribunal que terminó condenando a 8 años de prisión al ex gobernador de Entre Ríos (que todavía no entró a prisión).
Donde el fiscal que se aprestaba a denunciar a la Presidenta de la República amaneció muerto de un balazo en su domicilio, a dos días de presentarse a declarar en el Congreso. Donde la palabra “lawfare” no está ausente en cualquier mesa de café o discusión política, tanto que se ha convertido en una de las más mencionadas dentro del lenguaje cotidiano.
Donde el ciudadano de a pie siente consternación y profunda desazón, tanta, que cada vez es mayor el ausentismo a la hora de emitir el voto para elegir a sus candidatos.
¿Será que el Presidente Petro no conoce la receta “made in Argentina” de victimizarse asumiéndose como perseguido político?
¿Será que en Colombia la justicia es justa?
¿Será que en la Justicia argentina hay insuficientes fiscales que den la talla de Strassera, Luciani o Campagnoli?
¿Qué será? (no quiero terminar mi carta con una pregunta), como sea que fuere, necesitamos que “la igualdad y el respeto a la ley” se conviertan en compromiso irrenunciable de todos los candidatos y que la palabra lawfare, a la que recurren casi todos los defensores en juicio no sea aceptada como argumento de sus planteos si queremos cambiar oscuridad por verdad, “decadencia por prosperidad”.
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