Por Alfredo Nobre Leite.-

Señor Director:

Parece que los jueces federales siguen la guerra revolucionaria por otros medios, iniciada por las organizaciones subversivas/terroristas -ERP, Montoneros, FAR…-, que fueron adoctrinadas y entrenadas tácticamente por el peón de brega de la Unión Soviética, Fidel Castro, bajo el impulso de ese país, contra todas las naciones latinoamericanas, salvo México-. Entre 1969/1979 cometieron 21.655 atentados terroristas que dejaron 1.160 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados. No se entiende que el juez federal Nº 3, Santiago Inchausti, de Mar del Plata (perteneciente a la organización kirchnerista “justicia legítima”, haya ordenado la captura del Tcnel. D. Emilio Guillermo Nani, por presuntos “delitos” durante durante la guerra contra la subversión en los años ’70 en esa jurisdicción, relacionada con los derechos humanos de terroristas; quien es de la escuela “garantista” del abolicionista del Código Penal, ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni, siendo aquél veterano de la Guerra de Malvinas, y que el 23 de enero de 1989 combatió para recuperar el Regimiento de Infantería Blindada 3 “General Belgrano”, de La Tablada, perdiendo su ojo derecho, que había sido copado por unos 45/50 subversivos del Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderado por el erpiano Enrique Gorriarán Merlo (que luego fue indultado por el ex presidente Eduardo Duhalde), en cuyas acciones de combate murieron 39 personas, entre ellas nueve oficiales, suboficiales, soldados del Ejército (incluyendo el conscripto Roberto T. Taddía, que a las 06:15 de ese día se encontraba en la guardia barriendo con una escoba, siendo masacrado a tiros).

Considero que ese miembro del colectivo “justicia (il)legítima” kirchnerista, infiltrada en el Poder Judicial (según el fiscal federal Germán Moldes habría que “desratizar” la Justicia), deberá dar explicaciones sobre la persecución del alto jefe del Ejército, luego de 46 años de los hechos de la década del ’70. Sabe perfectamente, que la ex presidente María E. Martínez de Perón, mediante Decreto Secreto Nº 261/75 del 5-1-1975 ordenó al Ejército neutralizar y/o aniquilar el accionar terrorista en Tucumán, lo que el Presidente Provisional del Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Ítalo Luder, mediante Decreto 2772/75 del 6-10-1975, ordenó a las Fuerzas Armadas extender la neutralización y/o aniquilamiento a todo el país.

Relacionado con lo expuesto, no nos olvidemos todos los enjuiciamientos en que sedicentes inculpados deben probar su inocencia, con reversión de pruebas, y con violación de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, que se supone es tarea de los fiscales que deben probar sus acusaciones. Y jueces y fiscales cometen prevaricación, que con integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos, y las pseudo organizaciones (madres y abuelas de Plaza de Mayo) preparan centenares de testigos apócrifos, que con una memoria prodigiosa, recuerdan los más nimios pormenores y detalles, teniendo en cuenta al lapso de tiempo de 46 años por hechos de la década del ’70.

De ese modo, violan el derecho de defensa, condenando a militares, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales que combatieron a la subversión/ terrorista, siendo condenados a prisión perpetua, aunque la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, por lo cual no es aplicable a los hechos de la década del ’70 (repito); y, asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori y no a priori de su ratificación. Por otro lado, los crímenes cometidos por los terroristas Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía, Verbitsky…, quedaron impunes, siendo indultados, amnistiados e indemnizados.

A la luz de lo consignado, todos los “presos políticos” deben ser liberados, por la inconstitucionalidad manifiesta de sus condenas; teniendo que lamentar las muertes de unos 400 militares, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales que padecieron malos tratos, inanición y sin atención médica en las mazmorras de Marcos Paz, Campo de Mayo y el interior del país, y cuyos derechos humanos desconocieron las autoridades de los tres poderes del Estado (que es una rémora insalvable para jueces y fiscales federales, camaristas, la Corte Suprema de la Nación, los gobiernos kirchnerista y el actual, que no hace nada para cesar el sufrimiento de los “presos políticos”, que superan los 76 años de edad en promedio).

Con cordiales saludos.

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