Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral.

La denuncia la radicó un afiliado alegando que Gladys González cobra sueldo del sindicato y del Congreso en contradicción con la carta orgánica de cuerpo legislativo. También se conocieron pagos a “prenseros” por parte de la diputada y sueldo de 150 mil pesos del interventor de la Obra Social.

(Por Karina Fernández | Revista Puerto).-Luego de que la diputada del PRO Gladys González denunciara públicamente por amenazas al dirigente gremial Nicolás Fuentes de la seccional correntina del SOMU, se conoció ayer una denuncia contra la interventora por incompatibilidad y corrupción por cobrar dos sueldos, uno del Congreso y otro del SOMU de 59 mil pesos. También se difundieron los sueldos que cobrarían tres asesores por ella nombrados en el área de prensa, que en total alcanzarían los 90 mil pesos mensuales. Por otra parte, se dio a conocer que el interventor designado en la Obra Social por la Superintendencia de Salud casualmente es el cuñado del juez Rodolfo Canicoba Corral y estaría percibiendo un sueldo de 150 mil pesos. La situación en el gremio empieza a volverse cada vez más turbia.

La interventora del SOMU, Gladys González, denunció este lunes que fue amenazada por el dirigente sindical Nicolás Fuentes de la Delegación de Corrientes, cuando intentó poner en funciones a dos delegados de su confianza para reemplazar al Secretario con mandato vencido. “Yo no estoy para cuidar a terceros, en cualquier momento acá se escapa un tiro” le habría dicho Fuentes, según afirma la diputada del PRO.

Pero en las últimas horas la denunciada pasó a ser la propia interventora. José Luis González, de la ciudad de Corrientes, se presentó en el Juzgado Federal Nº 6 para denunciar “una campaña de desprestigio respecto de los hechos sucedidos en la Seccional Corrientes”, que acredita presentando las fotografías publicadas en medios nacionales.

Señala el afiliado del SOMU que “los hechos se suscitaron con total normalidad y a la espera de las correspondientes notificaciones judiciales pertinentes” porque, agrega, se les había comunicado que no se realizarían cambios en la Seccional de Corrientes. Luego de dar su versión de los hechos, el denunciante arremete contra la diputada en la denuncia presentada al juez Rodolfo Canicoba Corral.

“Hemos tomado conocimiento que existen irregularidades en la Sede Central del Sindicato, más precisamente sobre la persona de la Diputada Nacional Gladys González quien cobra como interventora Judicial del SOMU conforme planilla () la suma de cincuenta y nueve mil pesos en forma mensual y además la misma percibe un sueldo como Diputada Nacional”, señala el escrito presentado este martes.

De estos datos se vale el marinero para denunciar que la Diputada incurre en una “incompatibilidad manifiesta y de corrupción que tiene como único fin su enriquecimiento personal a costa de las arcas del gremio al que pertenecemos” y ante la posible comisión de un delito, solicita que la denuncia se eleve al Fiscal de turno para que arbitre los medios para dar lugar a la correspondiente investigación.

A raíz de las amenazas recibidas, la Diputada mantuvo conversaciones con distintos medios, entre ellos con el programa Lanata Sin Filtro, donde el periodista Nicolás Wiñazki le preguntó por este mismo tema. Por toda respuesta la legisladora dijo que no percibía 59.000 pesos de sueldo sino que con los descuentos llegaba a 35.000 pesos; y que los recibía en concepto de honorarios para poder solventar los gastos que implicaba su trabajo dentro del gremio.

Lo que al parecer no logra cubrirse con los honorarios/sueldo de Gladys González son los gastos que generan las tres personas por ella nombradas para cubrir la relación con los medios de prensa con los sueldos de 40.000, 30.000 y 20.000 pesos mensuales.

Otra irregularidad de la que se tuvo conocimiento a través de los activos afiliados al SOMU, fue que el interventor designado en la Obra Social, el doctor Ramiro Tejada, es cuñado del juez que entiende en la causa, Rodolfo Canicoba Corral. El cuñado del juez estaría percibiendo un sueldo de 150.000 pesos y habría sido propuesto por la Superintendencia de Salud.

La Intervención del SOMU ha sumado valiosa documentación respaldatoria a las denuncias de sobreprecios y malversación de fondos ejercida por la Comisión Directiva del gremio durante el mandato de Omar Suárez; pero desde hace una semana, lejos de aportar pruebas y encaminar el gremio hacia la normalización, se ha constituido en protagonista de las denuncias por irregularidades dentro de su propia estructura.

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