Descubren nuevas irregularidades en la Aduana

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El titular de la Aduana, Guillermo Michel (derecha), durante una visita al puerto de La Plata.

El organismo que debería cumplir una tarea clave en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando es un colador. Un nuevo informe de la Auditoria General de la Nación, que abarcó la Zona Franca de La Plata, encontró groseras deficiencias. Negocios oscuros que involucran al vicepresidente de Racing.

En el año 2013, el oficial de la marina mercante Roberto Maturana se presentó en los tribunales federales para denunciar a las autoridades de la Aduana por los delitos de violación de los deberes de funcionario público. Basó su denuncia en los resultados de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que había encontrado serias irregularidades en los circuitos y procedimientos aplicados por la AFIP en los puertos de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo para el control de las operaciones de exportación, lo que resultaría funcional para el crecimiento del narcotráfico y del contrabando.

La AGN puso al descubierto que no existen procedimientos regulares e integrados para detectar contrabando, evasión, narcóticos, traslados ilegal personas, armas, químicos y desechos. “Argentina es como Somalia. Los procedimientos montados son aleatorios y bajo la voluntad del Jefe de la Aduana del sitio en cuestión. Existen un cúmulo de resoluciones, notas, disposiciones, todas vigentes, para que las Aduanas interpreten cómo gestionar el control de las cargas. Cada Aduana hace lo que le convenga al funcionario responsable”, dijo Maturana en su denuncia.

Pasaron dos años de la presentación y, en diálogo con Hoy, Maturana reconoció que se encuentra cajoneada. “A la denuncia se la tragó este sistema corrupto”, afirmó el oficial de la marina mercante. Una clara muestra de poco y nada cambio es que, el pasado 6 de marzo, asumió como titular de la Aduana un funcionario de la AFIP de oscuros antecedentes llamado Guillermo Michel que, tal como lo hemos mencionado en distintas investigaciones del diario Hoy, está salpicado por uno de los casos más graves de narcotráfico de la historia de nuestro país (ver aparte).

El descontrol reinante fue confirmado este año por la Auditoría General de la Nación que volvió a publicar un informe sobre las irregularidades en la Aduana, que abarca distintas dependencias del país (incluyendo la Zona Franca de La Plata), poniendo de manifiesto que poco ha cambiado. Si bien en algunos lugares comenzó a utilizarse los Precintos Electrónicos de Monitoreos Aduanero (PEMA) para controlar las cargas de importación que circulan por territorio nacional, hay múltiples inconvenientes que “abarcan desde la definición de las normas desarrolladas para la admisión de los prestatarios privados, hasta la falta de procedimientos de auditoría que permitan a la Aduana asegurarse del correcto funcionamiento de los dispositivos”.

“No todos los camiones son controlados con PEMA o personal de Aduana. Se confía en esos casos en los clásicos precintos de acero, con su identificación grabada en el mismo y sin ninguna inteligencia, con la inseguridad que ello conlleva”, dice el informe. La AGN puso la lupa en los PEMA que son provistos por la firma RSI Group S.A, que “mostraron falta de coincidencia en el contraste entre la ruta asignada (coincidente con la información recibida en el Centro Único de Monitoreo Aduanero) contra los datos descargados directamente desde la memoria interna del dispositivo. Esta discrepancia puede deberse a alguna de las siguientes fallas en el PEMA: fallas en el GPS, fallas en el almacenamiento de los datos, falla en la descarga de datos y/o fallas en el software que traduce los datos descargados. La falta de garantía de integridad de datos en la comunicación entre el PEMA y el CUMA y la inexistencia de verificaciones por parte de la Aduana demuestran deficiencias en el sistema que imposibilitan el conocimiento fehaciente de la trazabilidad de la carga, los desvíos de ruta, las detenciones, las novedades, contingencias o alarmas que se establezcan en el curso de las operaciones”.

Según pudo saber Hoy, RSI Group es una empresa integrada por varios personajes vinculados al kirchnerismo como Sergio “El pelado” González (vicepresidente de la empresa) e Ignacio Miguel Jiménez (presidente) y Miguel Angel Jiménez (director suplente). Estos dos últimos, que son padre e hijo, llamativamente son proveedores de la AFIP cuando figuran en los registros del Banco Central por emitir cheques sin fondos.

Los dueños de RSI estaría vinculados con un ex pirata del asfalto llamado Jorge Lambiris, quien fuera escrachado junto con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, durante unas vacaciones en Río de Janeiro. Concretamente, en la ciudad carioca, junto con Echegaray y Lambiris estaba “El pelado” González, quien también comercializa los dispositivos P-Lock que auspiciaban el parabrisas de Mauricio Lambiris, el hijo del ex pirata del asfalto que competía en el TC Pista y actualmente forma parte de las competiciones de Turismo Carretera.

En tanto, Miguel Ángel Jiménez actualmente es socio vitalicio y vicepresidente del club Racing Club, formando parte de una comisión directiva encabezada por el kirchnerista Víctor Blanco que responde sin cortapisas a La Cámpora. Jiménez, durante años, habría estado vinculado con los hermanos Jorge y Daniel Lalin en distintos negocios, y hasta tuvieron socios comerciales en común. Daniel Lalin fue el presidente de Racing que llevó a la institución a la quiebra a fines de los ´90, durante una polémica gestión en la que terminó acusado por el delito de administración fraudulenta que hasta lo llevó a estar preso. Llamativamente, en aquel entonces, como querellante de la causa se había presentado la propia AFIP. Además, su hermano Jorge fue procesado por evasión simple en una causa que involucró a la firma Aliment AR, que tenía a su cargo la distribución de la leche del Plan Más Vida en la provincia de Buenos Aires

¿Incompatibilidad?

Otra de las firmas que son dueñas de los precintos y prestan a la AFIP el servicio de seguimiento satelital a empresas transportistas es Saetech S.A. Un dato llamativo es que uno de los directores titulares de la compañía es Raúl Alberto Wohlers, actual gerente de Organización y Sistemas del puerto de Buenos Aires. Es decir, todo indica que el empresario esta de los lados del mostrador ya que es, al mismo tiempo, proveedor y funcionario.

Actualmente, la máxima autoridad del puerto de Buenos Aires es el capitán de ultramar Sergio Borrelli, quien fue designado interventor en el año 2012 de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado.

Las conexiones con la causa Carbón Blanco

Guillermo Michel es el actual director general de la Aduana, cargo que asumió en marzo de este año luego de haber sido Coordinación Técnico Institucional de la AFIP. Oriundo de Gualeguaychú, donde aún vive, fue socio de Pedro Guastavino, senador kirchnerista y ex vicegobernador de Entre Ríos.

La diputada Elisa Carrió vinculó a Michel con los servicios de inteligencia y tiene pasado como hacedor de empresas fantasmas sospechadas de ser plataforma para lavar dinero, sirviéndose de los servicios de una abogada llamada Ana Cristina Palesa que también aparece en empresa ligadas a Carlos Alberto Salvatore, uno de los procesados en la causa Carbón Blanco por el envío de una tonelada de cocaína a Europa. Salvatore, que gozaba de prisión domiciliaria, se hizo tristemente célebre hace algunos días cuando se conoció una escucha telefónica en la que aparece amenazando de muerte a la jueza Zunilda Niremperger que lo metió preso. Ello derivó en que se le revocara el beneficio y ahora deberá esperar el juicio oral en el complejo penitenciario de Ezeiza. (Hoy)

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