Documento: El descontrol con los DNI, una iniciativa que les costó a los contribuyentes más de US$ 1.500 millones

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El gobierno Cristina Kirchner realizó quizás la reforma más amplia, profunda y costosa del sistema de identificación individual desde la sanción de la ley 17.671 en 1968. El programa gubernamental fue uno de los más promocionados por la administración kirchnerista y uno de los caballitos de batalla del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, antes de caer en desgracia por las luchas intestinas dentro del partido de gobierno.

Tan es así que la presidente Cristina Kirchner mencionó el tema como uno de los principales logros de su gestión en al menos 14 cadenas nacionales hasta el presente. Y el 5 de noviembre de 2009, el nuevo formato del documento fue presentado en sociedad. En esa oportunidad, Cristina Kirchner recibió el primer ejemplar salido de las impresoras suizas adquiridas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para fabricarlos.

Sin embargo, al recopilar los casos de irregularidades en la entrega de DNI comienzan a surgir los primeros cuestionamientos al tan alabado programa de documentos de identidad del kirchnerismo.

Parece que en la Argentina, pese a la propaganda gubernamental, el sistema de asignación de identificaciones está en tal estado de caos que no se puede garantizar siquiera de manera estricta la realización de elecciones limpias ni actividades comerciales seguras.

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La cantidad de irregularidades en la asignación de identificaciones personales es realmente notable. (Eliminando Variables) presentará algunos ejemplos para ilustrar los diferentes tipos de anomalías que suelen presentarse. Si se realiza una gira por distintos distritos provinciales -sin importar el signo político de las autoridades de cada provincia-, las alteraciones con los DNI están presentes en todas ellas.

No soy yo, sos vos

En Salta, provincia gobernada por el caudillo oficialista Juan Manuel Urtubey, es posible encontrar algunos casos notables. El DNI 18.834.184, que en el padrón provincial, tiene una doble tenencia: Le pertenece tanto a Marcos Segundo, de la localidad de Salvador Mazza, como a Maria Luisa Arguello, del distrito capital. Incluso, en http://www.electoral.gov.ar/infractores.php, una web oficial en el que se puede consultar si un ciudadano votó o no, los dos dueños del número 18.834.184 vienen votando desde el año 2011.

El DNI 18.838.465 fue asignado a en el padrón nacional a Nelson Donato Alvarado y, en el padrón provincial, identifica tanto a Alvarado como a otra ciudadana salteña llamada Sandra Irene Reque. En un caso muy parecido, Cayetano Roberto Salas y Juana Irma Ruiz tienen el mismo documento, el DNI 18.835.985, además de la misma edad. Cayetano vive en la localidad de Tartagal y aparece en el padrón nacional. Juana, según el registro informático salteño, vive en el barrio “B” y, curiosamente, en los registros privados figura como habitante de una provincia “sin especificar”. En ambos casos, los que aparecen votando son sólo los que figuran en el padrón provincial.

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El DNI 13.002.093 también pertenece a Salta. Ese número fue asignado a los ciudadanos María Francisco Álvarez y a Celestina Cuellar. Ambos votaron en la misma escuela de Salta de la localidad de El Galpón. Uno en la mesa 2342 y la otra en la 2345. Pero nadie, ni los que armaron los padrones, ni las autoridades electorales, ni los sistemas informáticos que usaron, sirvieron para descubrir que tenían DNI mellizos.

Si se indaga sobre el propietario del DNI 16.565.321, se encuentra un caso similar al anterior. Pertenece al mismo tiempo a David Fernando Tejedor que votó en la escuela Manuel Belgrano de Metán (mesa 2346) y a Mercedes del Valle Teseyra, que solo aparece en el padrón provincial como votante en la mesa 2383 de la escuela N° 4439 de la misma localidad, pero a una cuadras de distancia.

Como puede notarse, comienza a repetirse un patrón: El DNI mellizo es entregado a un hombre y a una mujer y, lo que resulta más sugestivo, sólo uno de ellos figura en el Padrón Nacional. El restante comparte el padrón provincial, sin que las autoridades electorales hayan notado tal singularidad.

Mendoza es una provincia que será gobernada por el radicalismo desde diciembre. La actual administración del Frente para la Victoria también tiene DNI duplicados entre los habitantes de su territorio, y de otras provincias. Tomemos de ejemplo el DNI 22.663.968 con el que vota la mendocina Marcela Fabiana Cejas y que también pertenece a Alejandro Fabián Do Santos Olivera de la ciudad de Buenos Aires. Es en Mendoza donde se encuentra otro extraño caso: María Beatriz Carreño, de El Plumerillo, aparece en el padrón provincial como titular del DNI 13.226.013, pero al verificar quien votó con ese número aparece María del Carmen Díaz. No es un caso aislado, ya que el DNI 16.144.468 se registra en el padrón provincial como perteneciente a María Elizabeth Belinaux y en registro de infractores se informa que fue usado para votar por Ángel Sotelo.

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En Neuquén, gobernado por el eterno Movimiento Popular Neuquino, entre otros casos, está el DNI 14.625.976 asignado a Ramona Fuentes, de la localidad de Copahue, inexistente en el padrón nacional. María Elena Campos no figura en el padrón nacional de 2015 y sí en el provincial. Se trata de la misma persona que denunció que en 2011 no pudo sufragar porque su voto ya había sido emitido antes que ella llegara a la mesa.

En Misiones, tierra del caudillo peronista Maurice Closs, la ciudadana Lorenza Valeria Oliva Rotela, de Jardín América, comparte el DNI 14.136.879 con Paulo Guy, que vive en la Colonia San Pedro. Aunque Rotela figura como infractora, su DNI le fue asignado por el sistema. Otro caso misionero es el del DNI 11.806.909 perteneciente al mismo tiempo a María del Carmen Comparini y Raúl Orlando Crespo.

Misiones es una de las pocas provincias que no publica su padrón online. Lo que sí está en línea es el padrón nacional y permite verificar que el misionero Ginno Franco Barrininosvf (SIC) tiene un mellizo de DNI en la otra punta del país llamado Ángel José Barrionuevo. Ambos comparten el DNI 13.098.232. Es un caso similar al del DNI 11.806.909, que le pertenece al mismo tiempo a la misionera María del Carmen Comparini y al porteño Raúl Orlando Crespo.

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Es que Misiones parece ser una provincia que produce dobles personalidades a toda máquina. Así lo debe pensar la misionera Miriam del Carmen Jofre, que porta el mismo número, el DNI 11.240.339, que el que posee el bonaerense Ricardo R. Díaz, de Quilmes.

En Catamarca, Eulogia del Valle Segura irá a votar con su DNI 12.806.950 y podrá cambiar su domicilio a cualquier provincia, menos a Buenos Aires. Si así lo hiciera, el padrón bonaerense detectaría que su número coincide con el del Wenceslao Espíndola, un habitante de González Catán, en el partido de La Matanza.

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En el territorio socialista de Santa Fe es posible encontrar uno de los casos más curiosos de todo el padrón. Al consultar el registro de votantes por el número de DNI 10.968.529, se descubre que fue usado por Alberto Antonio Loggia para ejercer su derecho al voto. Pero, además, que ese número fue usado por una persona llamada María Eva Duarte para votar en la provincia de Buenos Aires en 2011, aunque el registro fue borrado tras las elecciones. Estaríamos ante un verdadero caso de apoyo a ultranza al voto femenino. Aunque Loggia aparecía en los padrones anteriores en Santa Fe y su domicilio fiscal está fijado en esa provincia, en la versión 2015 dejó figurar.

Otro caso santafesino es el del DNI 12.948.635 perteneciente a María Cristina Fernández de la localidad de San Lorenzo, que comparte documento con Luis Alberto López.

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En el Chaco, territorio del ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner, Jorge Milton Capitanich, es donde se encuentra la mayor densidad de DNI mellizos. Por ejemplo, Carlos Vilán vota en la localidad de Plaza y con el mismo número vota Edith Ramona Viciconnte en una localidad vecina. Gracias al DNI 12.539.011 votan, a la vez, Norma Beatriz Ponce y Armando Rico Crispin. El DNI 13.579.619, en el padrón chaqueño, está a nombre Mary Liberata Torres y Gustavo Rioboo. Beti Ester Coria, del municipio de San Bernardo, tiene el DNI 14.220.150, el mismo número con el que vota Oscar Valzacilli.

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Insistimos en el hecho que se muestran solo algunos casos representativos y que existen muchos más para abonar la idea que los DNI mellizos son una práctica extendida en todo el país. Fuentes consultadas en varios distritos revelaron que la existencia de dos o más personas con el mismo nombre tiene una explicación sencilla. Descartaron posibles errores, que debieran ser detectados y rectificados al ingresarse en el sistema informático del padrón números iguales para personas diferentes. Detrás de los documentos existiría un sistema para crear documentos que resulten útiles para engrosar el número de votos propios al serle entregados a personas que aseguran su apoyo al caudillo local.

Es por eso que sólo uno de los propietarios figura en el padrón nacional y el otro es ingresado al listado provincial, cuyos responsables, oportunamente, “olvidan” informar al registro central la existencia de ese número repetido y por lo tanto impiden que sea dado de baja el documento desde donde surge la irregularidad. El sistema de información del padrón está armado de tal modo que depende de lo que las provincias le informan, aunque lo hagan errónea o parcialmente. Y al no dar cuenta del número repetido, pueden seguir adelante con la picardía de duplicidad de documentos.

Bilocación, clonación, urnas funerarias y niños fiscales

Otra de las prácticas habituales es tomar un número de documento perteneciente a un ciudadano de una provincia y asignarlo a otro de una forma diferente, de manera que el error esté separado por muchos kilómetros de distancia y -de esta forma- cubierto de la detección por figurar en diferentes padrones distritales.

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En esta modalidad se destaca el caso de Enrique Esteban Varela, de Lomas de Zamora, Buenos Aires, y Jesús Daniel Farías, de El Espinillo, Chaco; ambos son poseedores del DNI 14.702.339. Osvaldo Roldán, de la localidad de La Matanza, posee el mismo número (el DNI 12.978.377), que Dora Angélica Ruiz, de Tafi Viejo, en Tucumán.

Roberto Chironi, de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, tiene el mismo número de documento que Zulema Martha del Valle Molina, de Salta. Este es el DNI 13.189.170. Marcelo Oscar Pereyra, también de San Miguel, comparte el DNI 13.528.935 con Matilde Pereyra de San Luis. Dante Roberto Gallini de la localidad bonaerense de San Isidro, posee el mismo número que Sixta Encinas de Rosario, Santa Fe.

El número de DNI 13.513.468 le pertenece, simultáneamente, a José Luis Casiva de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, a Maria Silvina Silva de Río Chico, Tucumán. José Luis Vitola, de San Martín, provincia de Buenos Aires y a Liliana Maria González, de Rosario, en la provincia de Santa Fe por su parte son gemelos del DNI 13.529.777.

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Otros casos son casi ridículos. Es lo que sucede con Lucia Beatriz Gutiérrez, nacida el 19 de julio de 1977, receptora del DNI 35.610.091. En el padrón, no solo figura como un masculino, sino que según el mismo registro nació nuevamente el 12 de diciembre de 1990, esta vez, como femenina.

Más cuestiones absurdas sucedieron también en Misiones. Teresa Guimaraez nació, según el padrón, el 1 de enero de 1901 y en 2015 sigue figurando en el padrón con el número de DNI 18.715.789, que no corresponde a una mujer de 114 años, sino a una cincuentona. Lo mismo sucede con Maria Elena Escalante (DNI 18.499.304), con Iracema Ortiz (DNI 18.725.788) y con Juan Lescano (DNI 18.688.678), nacidas… ¡Todos ellos en el mismo día y año en que comenzó el siglo XX!

Aquellos que nacieron en el año 2004 recibieron un DNI que comienza con el número 45 millones. Tan afortunados son que ya de chiquitos logran votar, como es el caso de Débora Yolanda Quispe (DNI 45.110.918), Mirian Delia Quispe (DNI 45.505.865), Janet Rocío Aldna (DNI 45.055.863) y Roberto Denis Paz (DNI 45.505.027), todos ellos de Salta, que deberían tener 11 años al momento de ir a las urnas.

Antecedentes en el 2011 y 2013

Pese a su corta edad, de acuerdo al número que le asigna el documento por el orden de anotación, incluso pueden ser presidentes de mesa. Es lo que pasó con Augusto Iván Ezequiel Espíndola, que con su DNI 45.129.219 que hoy debería tener unos 11 años, fue presidente de una mesa bonaerense en Ituzaingó en las elecciones de 2011.

Peor es lo que le sucedió al preadolescente Gabriel Esteban Zavala, de Santa Fe, nacido en 2008, cuyo DNI 48.065.999 fue clonado por el bonaerense Jorge Walter Marzabal, nacido en 1966 y residente de la localidad bonaerense de Tres de Febrero. Marzabal o alguien a su nombre, utilizó ese DNI para votar en las últimas elecciones nacionales.

Incluso se llega al absurdo de que votan los que están por nacer. Salvador Alderete recibió el número de DNI 69.698.434, que debería ser asignado al que nazca, según la tasa de natalidad argentina, en unos quince años. Sin embargo, votó en las elecciones de 2013. Más adelantado es Ricardo Segundo Soto, de San Miguel, que con su DNI 80.367.562 debería nacer allá por el año 2040 y ya viene votando desde 2011. El récord, sin embargo, lo tiene Américo Ruiz, con el número DNI 88.307.915. Tan alta es su denominación, que en el padrón no se animaron a hacer constar su DNI, tarea que quedará para su obstetra, que aun debería estar cursando sala de 3 años en algún jardín.

Los muertos también eligen

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Existen fallecidos que, pese a tener un trámite de sucesión en curso, fueron a votar. Todo un ejemplo de vocación cívica como es el caso de Alfredo Leandro Steibel, un hombre nacido hace 120 años y muerto hace ya años atrás en la localidad salteña de Metán. Steibel debe haber impresionado cuando presentó el DNI 270.105, durante las elecciones de 2011. Otra que se levantó de su tumba fue Nicolasa María Barrionuevo, que luego de fallecer el 14 de junio de 2013, se presentó a las elecciones de octubre de ese mismo año para votar con su DNI 11.859.293. Claudio Benone, de Salta, descubrió que su padre – DNI 3.889.487 a nombre de Román Tranquilino Benone- figuraba en los padrones pese a haber muerto hace 23 años. Y en una consulta al registro de infractores, surge que ha cumplido post mortem su deber cívico en las primarias y generales de 2013.

Aún queda por averiguar si votaron en urnas normales o en urnas funerarias.

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No menos impresionante es el caso de las zonas más humildes del país, en donde la gente es tan pobre que tiene que compartir un mismo ambiente, la ropa, e incluso el mismo número de documento. Ricardo Cáceres era un indígena muerto de tuberculosis en el Chaco, cuyo número, el DNI 44.087.038, figura ahora a nombre de su hermano, Carlos Damián Cáceres.

Igual de dramático es el caso de la madre de Nancy Acosta, una pequeña fallecida en un accidente de tránsito. Su madre, descubrió que el mismo número de documento, el DNI 31.348.768, en lugar de ser dado de baja, ya había sido asignado a Marcos René Chávez y que figuraba en el padrón nacional.

Lorena Belén Sabatini Salles logró que la Justicia le reconociera la propiedad del número de DNI 35.654.401 aparentemente usurpado por Diego Rafael Martínez Purulla de Quilmes, aunque el “tomador del documento” siguió votando porque nunca lo sacaron del padrón. Tuvo suerte de no vivir en el nordeste argentino, ya que de haber presentado una denuncia, podría haber llegado al representante de Justicia Legítima para esa región, Diego Jesús Vigay, que tiene el DNI 22.250.550, el mismo que José María Sosa.

Los desaparecidos que votan

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El caso más doloroso es el uso de los DNI de desaparecidos durante el último gobierno militar para ejercer el voto. Es el caso de Carlos Enrique Mosca Alsina (DNI 22.663.968), que figura como desaparecido el 4 de agosto de 1976 en el Archivo Nacional de la Memoria con el número de legajo de la CONADEP número 3.336. Lo curioso es que no figura como infractor, sino como que efectivamente concurrió a votar en 2013.

Otro desaparecido que votó, de acuerdo a los registros oficiales, fue Jorge Enrique Ramón Álvarez Acosta, desaparecido el 1972 en San Juan (Conadep Legajo 6.210), pero que en 2013 concurrió a votar con el DNI 8.270.993. Lo mismo sucede con Alberto D’Uva (Conadep Legajo 1.352), ex militante de la JUP desaparecido el 17 de septiembre de 1976 en Mar del Plata, que figura votando con su DNI 8.525.294 en 2011.

El caos en la asignación irregular de números de DNI no es sólo un medio que tienen los políticos para engrosar el número de votantes. También, esconde un descontrol paralelo, que tiene que ver con el sistema tributario y laboral.

La AFIP, un caso de crisis de identidades

Es curioso que tanto Diego Bossio, titular de la ANSES, como el ministro Randazzo, hayan anunciado en septiembre de 2012 que cada DNI llevará el número de CUIL antes de resolver que sucede cuando un mismo identificador impositivo incluye el mismo número de identificación personal.

Cada número de DNI sirve para que las personas reciban una Clave Única de Identificación Tributaria o de CUIL, su equivalente como nomenclador laboral. Esa clave se asigna sobre la base del DNI, de manera que en teoría no es posible que existan identificadores con el mismo número de base. Pero, en la realidad, la entidad dirigida por Ricardo Echegaray está lejos de ser un ejemplo de eficacia en el manejo de datos, al menos fuera de la órbita de la persecución de los evasores autorizados por el poder político.

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Es así que al analizarse la base de datos de la AFIP, comienzan a detectarse una cantidad muy abrumadora de casos de DNI repetidos y errores cercanos al ridículo en la base de datos online de la entidad.

Por ejemplo, si se consulta en las bases de datos de la AFIP por el DNI 93.800.347, aparecen dos inscriptos correspondientes a los CUIL de Néstor Sugasti Serviani (20-93.800.347-6) y a Rosa Ágata Brunetti (27-93.800.347-0). Alejandro Fabián Olivera de CABA, y a Marcela Fabiana Cejas, de San Martín, figuran también en los padrones de la AFIP con idéntico DNI. Según la base de datos tributaria le asigna el número de DNI 22.663.968 a Alejandro Fabián Dos Santos Olivera de CABA y a Marcela Fabiana Cejas. Pero además, ambos figuran con el mismo número en el padrón nacional.

Los casos se multiplican hasta alcanzar el centenar en una búsqueda aleatoria y acotada a un millar de casos. Y en una búsqueda más exhaustiva, aparecen otros casos que asombran por su cercanía con la prosa de Gabriel García Márquez al describir la cotidianeidad de Macondo.

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El sistema para asignar el CUIL es tan defectuoso que le asignó el identificador 27-25869310-3 a Vanesa Marcela Martínez, sin notar que el CUIL 20-25869310-9 corresponde a Máximo Kirchner. Martínez tiene un número de DNI que difiere por un número del hijo presidencial, pero hasta hoy ambos comparten un CUIL similar sin que los operadores del ente tributario hayan reparado en semejante error.

En otros casos, los particulares ni siquiera tienen un domicilio registrado en las bases de datos. Ana Luisa Álvarez Borzino, que en los registros de la AFIP figura como “sin domicilio”, pero, aun así, el registro tributario dice que vive en el piso 4 de una casa fantasma y comparte el DNI 48.000.000 con Miguel Rolando Espíndola de Misiones. Ambos, digámoslo al pasar, deberían ser menores de edad por la numeración de sus documentos.

Tampoco tiene domicilio Luis Rodolfo Páez Lazarte, nacido el 30 de agosto de 2006, que posee el número de DNI 50.000.000. Según los registros de la AFIP, ese número es igual al de la “homeless” Isabel Luisa Donald, que no tiene domicilio registrado y con Alma Emanuela Brito Sosa, de Misiones. Por su numeración, se trata de nonatos que encontraron el modo de inscribirse en los registros fiscales.

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Las irregularidades continúan, y hay ejemplos de la más diversa naturaleza. Incluso al buscar más DNI con números “excéntricos” vuelven a aparecer incongruencias Según los padrones de la AFIP, el número de DNI 12.345.678, pertenece a dos personas. La “escalera” le tocó a Aldo Rubén Bianciotto de la localidad de Moreno, y a la “comerciante de enseres domésticos y deportivos” Claudia Miranda Isabel, que en la AFIP aparece con ese documento pero sin constancias de su domicilio (27-12345678-0). En el padrón electoral no parece ninguno de los dos con ese DNI.

Tomemos otro ejemplo del descontrol: Juan Néstor Vergara, DNI 18.482.387, según los registros de la AFIP, luego de fallecer, nació de nuevo el 19 de marzo de 1998, y fue inscripto en la AFIP cuatro años antes, el 1 de mayo de 1994, aunque se tratase de un día feriado en el que nadie había ido a trabajar.

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Llegando al extremo de la excentricidad tenemos el caso de un mismo documento, el DNI 93.315.103, compartido por tres personas nacidas en el extranjero. Ellos son: Antonio Luis Aguilar Castillo, Máximo Leopoldo García Villegas y Miguel Ángel Amaro. En el padrón del ANSES figuran como beneficiarios de AUH pese a la irregularidad, ya que se supone que cada asignación es identificada con el DNI del que lo recibe. En la AFIP, el DNI no está registrado.

Esta triplicación de DNI es superada por el DNI 93.878.742, asignado a Zenón Q. Soto, a Franco Apolinar (Sic) García, a Alfredo Fernando Antay Anampa y a Marco Antonio Churata, todos ellos beneficiarios del programa AUH. A diferencia del caso anterior, figuran en los padrones de la AFIP con diferentes combinaciones de inicio y fin de CUIL.

Si se quiere usar el DNI 25.555.555, se pueden usar los CUIL de Magdalena Soledad Ochoa (23-25555555-3), el de Lorena Lilian Angelaccio (27-25555555-9) o de Die (sic) Martínez Martínez (20-25555555-4). También hay tres CUIL asignados al DNI 11.000.000. En éste último caso, uno de los CUIL, el 27-11000000-1 pertenece a María Ickisonas, nacida hace 114 años en un 1 de enero de 1901 y habilitada para comprar dólares.

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Pero el record pertenece al DNI 22.222.222. El CUIL de los “patitos en fila” le corresponde simultáneamente a María Alejandra Vázquez (27-22222222-8), a Sofía Bucemi ((24-22222222-9), Nicolás Anto Fernández (23-222222222), a Jorge Medrano Mayta (2322222222-2) y a María Luz Ghiglione, que tiene además el CUIL 27-61038806-1 que pertenecería a una persona que nacería en 2017 y que en los registros de la ANSES, aparece como nacida en 1979.

Por eso, los CUIL falsos escondería una operación muy rentable. Desde hace un tiempo, ciertos operadores del mercado del dólar blue utilizarían estos números para comprar dinero extranjero en el mercado legal y revenderlo en el mercado marginal. No es solo una desprolijidad sino un gran negocio si se consiguen códigos para comprar hasta US$ 2.000 mensuales (Según lo establece la Res 3.583/14) y luego se los vende con una ganancia del 50 por ciento, dada la brecha entre los dólares oficial y marginal. Por lo general los “números mágicos” se corresponden con identidades duplicadas. Sólo basta con acceder a las claves tributarias “cedidas” por algún empleado con acceso a los registros, y poder así hacer uso del cupo para comprar dólares asignados a algunos de estos números. Por constatación con personas que han adquirido divisas en el mercado legal, hemos comprobado que la AFIP no informa en su página de internet sobre los que compraron dólares, por lo que resulta imposible saber cuántas de estas identidades truchas fueron usadas para hacerlo.

La burla a los controles establecidos a partir del cepo a la circulación de divisas es moneda corriente. Tan es así que por ejemplo el CUIL 20-19999992-4 fue creado a nombre de Juan Safe Dólar sin que las autoridades de la AFIP lo detectaran por un tiempo, hasta que fue dado de baja. El que todavía sigue activo es Juan Colgado Bankpro, que con el CUIL 20-16000000-8 puede comprar tranquilamente divisas.

El costo de la ineficacia

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En resumen, puede decirse que la asignación de números identificatorios llegó a un estado total de caos que podría facilitar ganancias marginales y hasta un supuesto fraude electoral masivo. Esto se potencia, según las fuentes consultadas, porque los estados provinciales confeccionan sus padrones de manera autónoma y el registro nacional no compara los datos que posee con los listados de cada distrito. Es por eso que el descontrol y el poner en manos de los gobiernos del interior el manejo de los padrones han permitido la falsificación masiva de electores creando identidades con DNI correspondientes a otros distritos.

Tampoco se notifican las altas y bajas de manera fehaciente en todas las provincias, de manera que no hay modo de saber si el número de documentos en la calle se corresponde con el total de la población actual.

Esto lleva a la gran pregunta sobre el total de DNI que imprimió el gobierno. Randazzo pone como gran logro de su administración el haber impreso 48 millones de documentos nacionales de identidad, luego que el Censo arrojara por resultado una población de 40 millones de habitantes. Y si existen números mellizos, esa cifra debiera ser menor, ya que se usaron varias veces el mismo número. O lo que es peor, si cuentan todos los documentos emitidos, reconocen que han impreso varios ejemplares por persona en los sucesivos relanzamientos del programa para presentar un modelo “mejor” que el que ellos mismos habían hecho y pagado con recursos del Estado.

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Según el Presupuesto Nacional, aprobado por el Congreso de la Nación, se asignó desde el año 2009 una cantidad creciente de fondos públicos al programa de renovación de documentos de identidad dirigido por el ministro Florencio Randazzo y ejecutado por el RENAPER.

En 2015, el Estado le asignó al programa del RENAPER 1.993.000.000, que con un dólar a $ 9,00, equivale a US$ 221.444.44; En 2014 gastaron $ 1.392.000.000 que con dólar a $ 8,00 equivalía a US$ 174.000.000; En 2013, se le asignaron $ 985.253.000 que con dólar a $ 6,50, equivalieron a US$ 151.577.384; En 2012 $ 717.463.000 que con dólar a $ 5,00, equivalía a US$ 143.492.600; En 2011 $ 634.000.000 que con dólar a $ 4,30, equivalieron a US$ 147.441.860; En 2010 $ 341.000.000, que con dólar a $ 4,00, equivalía a US$ 85.250.000. Finalmente, en 2009, $ 237.000.000, que con el dólar a $ 3,80, equivalieron a US$ 62.368.421.

En total, se van gastando US$ 1.502.000.000 para hacer 48.000.000 de documentos. Expresado en valores individuales, cada uno de esos documentos le habría costado al gobierno 31.25 dólares. A este valor, se le debe sumar unos 35 pesos -otros casi 4 dólares adicionales – que deben abonar los que tramitan un nuevo documento, costo que es exceptuado en los sectores pobres. Ahora bien, si una persona decide tramitar el nuevo DNI en uno de los puestos del RENAPER colocado en un shopping, ese costo se dispara a los 85 pesos – US$ 9 al valor oficial -, con un valor total por unidad superior a los 40 dólares entre el gasto estatal y el particular.

Recordemos la causa judicial iniciada en 1991 por los sobornos en la confección de los DNI durante la gestión del ex presidente Carlos Menem y que involucró a la empresa alemana Siemens AG. En ese momento, el costo estimado por unidad estaba en los 30 dólares, de acuerdo con los documentos de la adjudicación. Además de la causa judicial, el contrato levantó airados reclamos por el elevado costo que se iba a pagar por cada DNI.

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Todo este proceso se hace muchas veces junto a licitaciones en las que son favorecidas empresas que se repiten año tras año como proveedoras. Es el caso de Dinatech SA, fundada por Eduardo Wassi. En total recibió al menos un total de 56 millones de pesos en contratos del ministerio del Interior. El ex director suplente de Dinatech SA, Marcos Federico Massaccesi, fundó luego Ingacam SA en 2008, un año antes del lanzamiento del programa de renovación de DNI. Fue elegida para ejecutar un contrato para la refacción del edificio del RENAPER por un total de 7,5 millones de pesos. Entre otras licitaciones, Ingacam SA estuvo a cargo de la refacción del edificio Chutro donde tiene su sede central en organismo que emite los documentos. Otros contratos de la empresa con la cartera dirigida por Randazzo tienen que ver con obras encargadas por la Agencia de Vialidad y refacciones a edificios del ministerio. Un dato final que suma a la relación entre el ministerio del interior y la constructora Ingacam SA: La mujer de Massaccesi trabaja en el RENAPER e ingresó a la planta permanente del organismo durante la gestión de Randazzo.

Otras irregularidades

Randazzo promovía la entrega de los nuevos DNI y pasaportes en tiempo récord. En el comienzo del programa y hasta 2012, ambos eran confeccionados y entregados en quince días. Pero en la actualidad, la falta de insumos llevó el tiempo de entrega a 25 días hábiles para los DNI y hasta 60 días para los pasaportes. En éste último caso, si se abona una tarifa VIP de 1300 pesos, es posible tenerlo en el momento. En 2012 ese mismo trámite costaba $ 250. Los delegados de ATE advirtieron en varias oportunidades sobre la situación existente dentro del RENAPER como así también con la falta de insumos provocados por el cepo a la circulación de dólares, que impiden importarlos.

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La demora por falta de insumos resulta contradictoria con la declaración de los funcionarios. El 5 de noviembre de 2009 Randazzo expresó ante la prensa que se trataba de DNI 100% argentinos”, aunque la falta de materiales importados tiró por la borda la idea de la soberanía en la confección de los documentos.

Otra faceta desconocida del RENAPER es la entrega de “franquicias” a La Cámpora para que hagan proselitismo entregando DNI con recursos del estado como si fueran propios. En estos locales itinerantes, los militantes actúan como facilitadores de la entrega de documentos y, según fuentes consultadas en los distritos donde estuvieron haciendo esta tarea, no son raros los casos en los que se privilegia la entrega acelerada a los que se manifiestan a favor de las ideas oficialistas. No queda claro cuál es la normativa que autoriza al RENAPER a entregar la administración de identidades a una facción partidaria, pero la ostentación de esa facultad que hacen los miembros de La Cámpora hacen suponer que tienen un permiso político superior para hacerlo.

La identidad de los responsables

Pocos conceptos son tan importantes para un individuo como su identidad. Diferenciarse del otro es lo que nos permite destacarnos como personas dentro de una sociedad. Y en las sociedades modernas esa identidad se relaciona con un número propio e intransferible. Eso es lo que dice la ley Nº 17.671 del 29 de febrero de 1968 que estableció el sistema de Documento Nacional de Identidad en reemplazo de los muchos documentos de identificación que existían anteriormente.

En su Artículo 7°, la Ley que crea los DNI estipula que “Las personas (…) deberán ser inscritas por el Registro Nacional de las Personas, asignándoseles en el mismo un legajo de identificación con un número fijo, exclusivo e inmutable, el que sólo podrá modificarse en caso de error fehacientemente comprobado. Dicho legajo se irá formando desde el nacimiento de aquéllas y en el mismo se acumularán todos los antecedentes personales de mayor importancia que configuran su actividad en las distintas etapas de su vida. Todo identificado tiene derecho a exigir que conste en su legajo los antecedentes, méritos y títulos que considere favorable a su persona”.

Ese número tiene además algunos usos prácticos, como es el permitir que el ciudadano elija a sus autoridades en cada comicio y realice actividades comerciales. Sin ese número único y diferenciado, sería probablemente imposible organizar elecciones limpias o asegurarse la legitimidad de las transacciones. Y lo que es más grave aún, si las elecciones no son transparentes, cualquier autoridad ejecutiva o legislativa surgida de una votación irregular asume con una sospecha de ilegitimidad que la acompaña hasta el fin del mandato.

El descontrol en el que han sumido a la entrega de números de documento no sólo podría facilitar el fraude electoral, sino que además ofrece un campo fértil para llevar adelante negocios turbios de la más diversa naturaleza, ya sea con contratos estatales como en la realización de transacciones privadas con identidades fraguadas.

Vale la pena recordar que sustituir identidades es un delito federal y que la ley establece claramente en su Artículo 33 que “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado: a) El que ilegítimamente imprimiere o mandare imprimir documentos o formularios falsos destinados a la identificación de las personas, según las disposiciones del decreto ley 17.671/68 y su reglamentación; b) El que fabricare, mandare fabricar o tuviere en su poder, bajo su guarda, ilegítimamente, sellos del Registro Nacional de las Personas o de las oficinas seccionales; c) El que tuviere ilegítimamente en su poder documentos nacionales de identidad, en blanco o total o parcialmente llenados, auténticos o falsos; d) La persona que ilegítimamente hiciere uso de un documento anulado o reemplazado o que corresponda a otra persona”.

Y luego, por si quedara alguna duda, establece en el artículo siguiente que “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años: a) El que a sabiendas se hiciere identificar más de una vez; b) El que para obtener el documento nacional de identidad empleare documentación que no corresponde a su verdadera identidad”.

Queda claro que, a la luz de las pruebas que sobran a partir de analizar solo una parte de los padrones electorales y los registros impositivos, una gran cantidad de funcionarios deberían temer a estos dos artículos de la Ley 17.671. O quizás apuesten a seguir haciendo uso político con las identidades de los ciudadanos, a sabiendas que esa maniobra les otorga el poder para sortear cualquier condena que les cabría por haber sembrado el caos en el sistema de identificación de la Argentina.

* El informe refleja en gran parte el trabajo del equipo de @Rex_Aluminio, conformado por José Luis, Elena, Esteban, Pablo y Ernesto, responsables de la tarea de investigación y relevamiento de casos con DNI irregulares desde el año 2010 al presente.

JMS e IMO | (Eliminando Variables) | @EliminandoV

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3 comments for “Documento: El descontrol con los DNI, una iniciativa que les costó a los contribuyentes más de US$ 1.500 millones

  1. Javierferrero
    11/07/2015 at 3:58 PM

    Un extraordinario informe que demuestra la precariedad de la informacion publica argentina

    Hay que hacer todo de nuevo, DESDE CERO, si se quiere tener un pais y no una murga con bandera y escudo

  2. QUE SE VAYAN TODOS
    11/07/2015 at 5:51 PM

    NO ME SORPENDE PARA NADA, HACE AÑOS HAY UNA MUJER NO RECUERDO SI DE MENDOZA O SALTA QUE TIENE MI MISMO N° DE DNI….

  3. Horacio bonaerense
    12/07/2015 at 4:13 AM

    Felicito a los investigadores poner en evidencia lo increíble, a ser preciso creíble, de una fallida operación con estos graves antecedentes. Al mismo tiempo su publicación, donde es llegar a pensar si aquí también existirá en este desbarajuste algunos giros determinados non sanctos a bolsillos de intervinientes.
    La señal de este emprendimiento monstruoso en apertura de locales, y hasta callejero con adaptados vehículos en municipalidades, era evidente un trasfondo político que la previa cara fotografiada de Chantazzo inducía.
    Pero también a tantos importantes perjuicios al ciudadano, expongo el propio, que tengo la culpa de no revisar bien el nuevo dni donde falta la impresión de firma personal.
    Este detalle pasó por muchas verificaciones, compras y eleciones incluídas, sin que se detectara al cabo de tres años, pero recientemente si alguien notó.
    Lo peor, que la reglamentación en ley del Ministerio de Justicia, no dá lugar a sus propias equivocaciones, no las especifica en ningún sentido – que sería extraordinario más raro lo hiciera – , y debe hacerse cargo uno del reacondicionamiento con uno nuevo.
    Eso sí desde el bosillo personal..!!
    La salvedad mínima es que se tiene seis meses para darse cuenta, ( ¿? ) pero no se dice involucrando revisar…
    Entonces el culpable pasa a ser uno.
    Argentina.

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