¿Recuerda Martínez Di Giorgi que ya tomó indagatorias y que ahora debe procesar a los exfuncionarios, Hebe de Bonafini y también al presidente del PRO?

Por Jorge Luis Vitale.-

Hebe de Bonafini es la misma que no puede justificar cómo desaparecieron más de 2.000 millones de pesos entre la fundación, la universidad y los subsidios.

Los fondos administrados por ella sirvieron para pagar sobresueldos a los funcionarios y para enriquecer a unos pocos. Si esto fuera poco, las escasas construcciones entregadas -que no superaron el 20%- son de telgopor, que no resisten ni la lluvia ni altas ni bajas temperaturas. Las cuales, hoy, se encuentran totalmente deterioradas.

Hebe de Bonafini es la misma que quiso tomar el Palacio de Tribunales por la fuerza, y que en las épocas en las cuales todavía no tenía conexiones con el kirchnerismo -y según las propias declaraciones de Sergio Schoklender- se dedicaban a asaltar supermercados o negocios importantes para sobrevivir.

La nota color y más grave para los católicos fue cuando tomó la Catedral de la ciudad de Buenos Aires y la utilizó como baño público.

También hay que recordar quién es Humberto Schiavoni, actual presidente del PRO a nivel nacional y director del Ente Binacional Yacyretá, que en su anterior función de titular de la Corporación del Sur, contrató a dos empresas misioneras para la construcción de viviendas en Villa Lugano, Villa Soldati y dos barrios más. Pero esas viviendas todavía no están aunque la plata sí llegó. En esta operatoria también estaría involucrado «El Coti» Nosiglia.

ANTECEDENTES

MARCELA DÍAZ, TESTIGO

El día 18 de julio de 2015 murió Marcela Díaz, empleada de la Fundación Sueños Compartidos, quien había denunciado a punteros de Hebe de Bonafini y en especial a Rubén Pocho Brizuela por una serie de delitos y, además, por aquellos que específicamente se investigan en la causa que tramita muy lentamente por ante el Juez Martínez Di Giorgi. A esta testigo la mató una bala perdida mientras ella se encontraba amenazada y había realizado la denuncia respectiva. Y así y todo no la protegieron. Lamentablemente así terminó. No obstante, la causa no avanza, pese al fallo de la Cámara que imputa a los funcionarios.

CONSTRUCCIONES DE LA FUNDACIÓN

La causa de las construcciones de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo se encuentra en condiciones de que el juez procese a los indagados.

Esta historia se inicia en el año 2004, cuando Néstor Kirchner, a través del Banco Nación-Leasing, les hace entrega a la Universidad y a la Fundación de entre 40 y 50 millones de dólares. A esta suma se le deben agregar los 1.200 millones entregados para «Sueños Compartidos», más los subsidios y el pasivo que hoy asume la Nación.

El gobierno kirchnerista asumió con esta estatización el pasivo de 325 millones, ya que, al decir 200 millones, no se computan los juicios que son el resto, pero además, blanquear todo el dinero utilizado con otros fines, que no son precisamente la educación. Lo que no avanza es la causa penal, que todavía no fijó indagatorias para los funcionarios públicos y las autoridades de la fundación.

Oyarbide quería salvar a Bonafini y De Vido por la estafa de “Sueños Compartidos”. Por eso está bien el fallo de la Sala 1, que acumula esta causa con la que lleva Martínez Di Giorgi. Es importante que el juez actúe, porque tiene elementos suficientes, y tome su verdadero camino, donde la fundación pasa de ser damnificada a ser imputada. En esa causa se demuestra una mecánica de corrupción donde están involucrados varios organismos del estado y también quienes armaron estos ilícitos. Ahora debería actuar el juez, cuando los ilícitos surgen de toda la prueba producida, Auditoría General, pericias y contratos a simple vista. Y además, este contrato fue rescindido por el propio gobierno K cuando ya le había pagado todo .

El gobierno le entregó a la fundación $ 1.200 millones, pero sólo terminaron una de cada cinco viviendas planificadas. Pero ahora está estatizada la deuda de la fundación, que son 325 millones. Por eso yo digo cómo no van aplaudir si el pago que reciben es constante y muy grande pero lo más grande son los ilícitos que cometieron con los sueños de mucha gente en la vivienda propia.

En realidad, el Juez Norberto Oyarbide trató por todos los medios de imputar todos los delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y los funcionarios responsables del Ministerio de Planeamiento. Por tal razón, es lógico prever que la acumulación a la causa principal es positiva. A esta altura de la causa, los importantes son los funcionarios firmantes de los contratos que autorizaron los pagos.

Porque Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los $ 450 millones que le faltan a la fundación y dónde se encuentran los 40 millones que Néstor le dio en el año 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra Miceli.

En su momento, el peritaje de la Policía Federal determinó la falta de más de $ 150 millones en la administración del programa. Sin embargo, ese faltante llegaría a $ 450 millones, ya que el gobierno les entregó a los responsables del programa $ 1.200 millones. Pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueran entregadas 2.000 unidades.

Así las cosas, es imposible imaginar que tal cantidad de fondos se la hayan llevado Sergio Schoklender y sus hermano Pablo, sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales.

Y para arribar concretamente a esta conclusión, lo que cabe es el seguimiento de la causa 6204/11, que inició el abogado Jorge Vitale por violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa #Sueños Compartidos”.

Los principales argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas registra “sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe”.

En la demanda se afirma que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.

La presentación afirma que las viviendas que construyeron la Fundación que lidera Bonafini son en base a “planchas de telgopor de 8 centímetros, reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”.

En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el gobierno nacional le paga a la Fundación $ 210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $ 81.000 por unidad.

También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que reveló las deficiencias de esas construcciones:

Otras de las pruebas que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación.

* “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”.

*“Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”

* “Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”

Por último se refiere a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras, cuestiones.

Al afectar directamente fondos públicos, hacen responsables al ministro del área, Julio De Vido, al jefe de Gabinete Nacional, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos”.

Por todo lo que está en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la Fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales.

Schoklender, además, dijo ante el juez que Felisa Miceli administraba la Fundación Madres, junto con Bonafini y el resto de autoridades. Un dato que la misma Miceli, en la causa donde fue condenada a cuatro años de prisión, confirmó que realizaba aquel trabajo.

Todos sabemos cómo actuó el Juez Oyarbide (hoy fuera de la causa), pero no olvidemos al juez Di Giorgi, que estuvo tres años sentado sobre el expediente. Porque es grave la suma de $ 2000 millones que hizo efectivos el Ejecutivo cuando gobernaban los K para “Sueños Compartidos”, a pesar que sólo se terminó de construir el 20% de la obra comprometida.

Claro que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas off-shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE y el resto de casos que son de conocimiento público.

La Cámara Federal confirmó que la causa aún no se encuentra en condiciones de ser elevada. Por lo tanto, ahora que ya declararon 42 personas, entre los que están los funcionarios nacionales, gobernadores, intendentes, y también el que hoy es presidente del PRO, por eso se debe declarar el procesamiento de los mismos y después elevar la causa a juicio oral.