Por Guillermo Cherashny.-

El gobierno y la justicia se ahogan en vaso de agua, porque no encuentran la solución para que los arrepentidos de Odebrecht confiesen en nuestro país a qué funcionarios y socios empresarios les pagaron coimas después de obtener obras públicas con altos sobreprecios, ya que nadie coimea si no logra que le paguen mucho más del valor real de la obra pública.

Nuestro país no tiene leyes que consagren la «delación premiada» como existe en el Brasil, porque nuestra legislación acogió la figura del arrepentido, donde se puede rebajar la pena al fin del proceso pero mientras tanto se puede procesar y detener a los ejecutivos de Odebrecht. El gobierno tuvo una actitud morosa hasta que Elisa Carrió denunció que todos protegen a Julio de Vido y que en el escándalo Odebrecht estaría implicado el padre o un primo del presidente. Esta ofensiva de la aliada provocó la ofensiva marketinera del gobierno, que mandó a Germán Garavano, ministro de justicia, a pedir información al procurador general de los Estados Unidos y al FBI, en tanto los fiscales Rodríguez, Stornelli y Piccardi viajaron a Brasil para reunirse con el viceprocurador sin avances serios. Antes Garavano y Saravia Frías, el procurador del tesoro, en una dura reunión, no lograron avances con Odebrecht, porque quiere seguir con las obras públicas en ejecución y quiere garantías para sus ejecutivos para que no sean procesados.

Ante esta situación hay una solución legal cual es el indulto presidencial, ya que la Corte Suprema tiene doctrina sobre los indultos en medio del proceso, como el caso de Ibáñez en la presidencia de Hipólito Yrigoyen, por el cual los ejecutivos de Odebrecht podrían declarar sin ser castigados, además de no poder ser investigados dos veces por un mismo delito. El presidente, si tiene voluntad política, lo puede hacer, y también está protegido por la constitución americana, ya que Gerald Ford indultó a Richard Nixon por los delitos que cometió y que pudo haber cometido y sólo hay un límite, que es la Convención Internacional contra la Corrupción, de la cual es firmante también Brasil, por lo cual un indulto presidencial para ejecutivos de Odebrecht es claramente legal, siempre y cuando el ejecutivo tenga la decisión política de conocer la verdad.

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