Es necesario cambiar nuestra economía ya

Por Héctor Sandler.-

Los proyectos a tratar no cambian nuestra realidad. Ninguno de los proyectos presentados hoy para modificar al impuesto a las ganancias mejorará la derrapada economía social argentina ni sacaran de su pésima condición a decenas de millones de personas que padecen en nuestra patria. La raíz primaria de nuestra cada vez más agravada decadencia social deriva de dos sistemas legales, bases del tipo de orden económico existente. Para daño de nuestro país no se reconoce claramente que el tipo de orden económico existente es opuesto al que mandó a establecer la Constitución en 1853 aun vigente en esta materia. Ni las organizaciones de empresarios, de obreros y empleados, de productores y consumidores tienen clara conciencia de esto. Se pasa por alto que el actual orden económico es del tipo “dirección estatal de la economía”. Fue iniciado a partir del golpe de estado de 1943 y consolidado desde 1946. Se ignoró que la raíz de los defectos que se pretendían sanar a favor de los trabajadores provenían de dos instituciones legales a las cuales no se le prestó atención ni se modificaron. Ellas subsisten a la fecha y son: a) Respecto del derecho de propiedad sobre la tierra. El sistema legal del Código Civil regula la propiedad de la tierra (urbana) y rural) mediante un sistema por el cual los propietarios del suelo se quedan para sí con el valor económico que sobre él crece por el aumento de población y desarrollo de la sociedad. Este valor, que se manifiesta en el precio de mercado de la tierra libre de mejoras, es el “capital social” de la sociedad como un todo diferente sus miembros. Es el fondo que debe ser aprovechado para sostener el gasto público. Al entrar nuestro país en el siglo XX necesita establecer un sistema tributario que dispusiera que todos propietarios de tierras (urbanas y rurales) quedaran obligados a pagar un tanto por ciento del precio de mercado de su lote en propiedad, sin tomar en consideración las mejoras sobre ellos realizadas o construidas. En principio, esta tasa o “contribución inmobiliaria” debiera ser la misma para todo el territorio.

Con real sabiduría el presidente recordado por haber abierto el camino a la democracia política -el insigne Roque Sáenz Peña- sabía que sin democracia económica aquella habría de fuente de permanente conflictos sociales. Buscaba gravar suavemente las tierras de los propietarios de vasos latifundios, verdaderas “manos muertas”, para que pusieran sus tierras en explotación o las ofertaran en el mercado inmobiliario para otros lo hicieran. Sencilla manera legal para abrir nuestro vasto territorio “a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” (Preámbulo CN), a la vez se forjaría el tesoro necesario para sostener el gasto público sin hostigar al trabajo y la inversión de capital. Para desgracia de nuestra patria este proyecto Sáenz Peña enviado al Congreso fue retenido y dada su prematura muerte enterrado en los archivos.

En el curso de la Revolución de 1943 la “cuestión de la tierra” salió a flote por los elevados precios de los alquileres. A fines de 1943 se rebajó los pactados en un 10% y los plazos quedaron prorrogados sin limite. Los efectos de estos dos simples decretos fueron la semilla de un amplio apoyo popular. Pero el gobierno militar y su continuador electo el 24 de febrero de 1946 prefirieron el “populismo” en lo político y un sistema económico sometido a la dirección central en reemplazo de la economía de mercado.

En los 1950 emergieron problemas de escasez económica, inflación monetaria y represión política. El escenario internacional cambió. Potencias favorables a la economía de mercado enfrentaron al bloque capitaneado por URSS. La pretensión del gobierno argentino zafar mediante una “tercera posición”. Fracasó. En nuestros conflictos internos las cuestiones políticas dominaron el escenario y soterrada quedó la cuestión de la correcta fuente de recursos para el gasto publico. Nuevas generaciones de académicos, profesionales, empresariales y dirigentes sociales se educaron con total ignorancia de la cuestión del “capital social” y el destino de su “renta anual” de la tierra. Tras décadas de golpes de estado la democracia ignoró el problema. Hasta el día de hoy se lo ignora por completo.

b) Respecto del régimen legal de impuestos vigente. En 1932 el Congreso dictó para regir solo por 3 años la ley de impuesto a los réditos. Por nuestra Carta Magna (vigente hoy) el trabajo y el capital y sus frutos no pueden ser sistemáticamente gravados. Solo por justificada necesidad. y tiempo limitado puede el gobierno “imponer” impuestos. Sin embargo la “ley fue provisoria” fue la planta venenosa que generó la actual selva de 94 impuestos vigentes. Todos y cada uno de ellos castiga a la producción y el consumo, al trabajo, la iniciativa, la innovación y al comercio. Este régimen legal (que se estudia y cultiva en las altas casas de estudio) es una feroz maquina para destruir la economía y la vida social. Tras 80 años de vigencia padecemos sus efectos: economía productiva y el sistema financiero destruidos. ¿Qué más necesitan los entendidos para percibir que estas leyes nos condenan al fracaso?

Efectos de la combinación letal. a) La tierra, fuente de la vida, por su precio está fuera del alcance de todo aquel que la pretenda para vivir y trabajar; y b) los Ingresos de todo productor y consumidor son estragados por la actual ruinosa economía publica, que crece en “empleados” y “despilfarro de recursos”. Tal economía estatal es la “lombriz solitaria” impide crecer y arruina a la economía social, única real productora de riqueza.

La mayoría quiere salir de esta encerrona. Pero será difícil lograrlo. Primero , porque no es posible que hombres comunes sepan como hacerlo. Entre otras cosas porque apenas tiempo para dormir, cuando tienen lugar donde hacerlo. En cuanto los “conocedores” y dirigentes en el ámbito cultural. social y político se buscan acuerdos sobre cuestiones laterales y no las causas verdaderas. ¿Será posible un esfuerzo general para apuntar a los dos centros mencionados causantes del enmarañado desorden que padecemos?

Nuestra modesta contribución. Por nuestra parte postulamos los dos objetivos necesarios para recobrar la ruta del progreso una vez iniciada:

a) Dictar leyes para recaudar anualmente el interés del “capital social” manifiesto en el precio de mercado de cada lote de tierra , sin tasar sus mejoras, con destino a pagar el gasto publico. Esta legislación propulsará los motores del desarrollo social y económico poniendo en actividad a las “manos muertas” (tierras ociosas) que hay por doquier. ciudad y campo.

b) Dictar las leyes necesarias para eliminar los impuestos actuales. Tantos como sean posibles. Sus pobres ingresos serán remplazados con creces con lo que permita la recaudación de la renta del suelo.

Colofón: ¡Eliminar impuestos y recaudar la renta del suelo para que fluya tierra barata para el trabajo y bienestar para todos!

Con el nuevo sistema de ingresos se podrá afrontar en gasto publico, incluyendo el que demande sostener a los mas necesitados, pues se abrirán las puertas de par en par al trabajo y el capital. Es esta la pacífica revolución social que necesitamos para que la democracia tenga sentido y el progreso argentino sea imparable.