La propuesta energética para los candidatos 2015

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Por los ex Secretarios de Energía “del Instituto General Mosconi” Emilio Apud, Julio César Aráoz, Alberto Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat, Raúl Olocco.

UNA POLITICA DE LARGO PLAZO

Este programa se articula sobre la base de una política pública de largo plazo, que deberá ser implementada por el Gobierno nacional en el período 2015-2019, y consensuada con las fuerzas políticas nacionales de forma de asegurar la aprobación parlamentaria y su continuidad más allá del período de gobierno.

Esta política pública requiere no sólo de consensos políticos, sino también de acuerdos sustentados en los sectores empresarios, académicos, profesionales, funcionarios de organismos especializados y gremiales, y el acompañamiento de la sociedad civil.

Algunos párrafos substanciales:

  • La planificación estratégica perseguirá los siguientes objetivos generales prioritarios:
  • La política pública se orientará a la puesta en valor de los recursos potenciales, revirtiendo la declinación productiva de hidrocarburos”, y a la consiguiente reposición de los inventarios de reservas comprobadas de petróleo y gas natural.
  • La política pública se orientará a lograr una matriz energética menos dependiente de los hidrocarburos, y con una mayor participación de las energías renovables, de manera de reducir el impacto ambiental y la emisión de gases de efecto invernadero. Nuestra matriz energética es altamente dependiente de los hidrocarburos. El desafío es diversificar la matriz e implementar políticas e inversiones para alcanzar esos objetivos estratégicos con metas intermedias.
  • Nos encontramos ante formidables oportunidades: los avances tecnológicos han bajado los costos de fuentes alternativas que no eran competitivas en un pasado cercano. Ello abre entonces la ventana de oportunidad para encarar la reestructuración de la matriz energética, tomando en cuenta las condiciones de competitividad y financiamiento de cada fuente disponible.

UN SECTOR PRIVADO ACTIVO EN UN PROCESO INVERSOR DE LARGO PLAZO PROMOVIDO POR EL ESTADO

  • La piedra angular de la recuperación energética argentina es un sector privado que invierta asumiendo precios e incentivos, con horizontes previsibles y reglas estables, tomando los riesgos propios de cada actividad.
  • Será necesario promover programas de participación público-privada en la ampliación de la infraestructura). Permitirá disminuir riesgos y minimizar costos totales de los emprendimientos.
  • El sector privado debe poder acceder al sistema financiero nacional e internacional y al mercado de capitales en condiciones competitivas respecto a las que ofrecen otros entornos de países vecinos en la región. Es función del Estado generar esas condiciones generales competitivas mediante políticas macroeconómicas adecuadas.
  • Los entes reguladores del sector serán autónomos del sector político, e independientes de los intereses de las partes. Asegurarán a los participantes de los mercados energéticos el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.

TARIFAS JUSTAS Y SUBSIDIOS JUSTIFICADOS

  • Tarifas justas y razonables: la política tarifaria de los servicios públicos será concebida de forma tal de retribuir todos los costos y la utilidad que un inversor y gestionado eficiente asume para prestar el servicio. Serán fijadas por el Estado, tal cual lo previsto en los respectivos marcos regulatorios.
  • Los precios de productos energéticos que se venden en mercados competitivos serán libres, debiendo la política pública promover la competencia y sancionar las prácticas distorsivas.
  • Los subsidios energéticos serán los estrictamente necesarios para garantizar a la población careciente focalizada por indicadores socio-económicos el acceso a la energía.
  • Los subsidios energéticos serán fijados por ley del Congreso; serán acotados en el tiempo y perseguirán fines determinados fijados en la legislación. No se admiten subsidios indiscriminados y generales a la oferta o a la demanda.
  • Para alcanzar el objetivo simultáneo de obtener tarifas justas y subsidios acotados a lo impuesto por razones de integración social, se establecerá un plazo de convergencia con el conjunto de medidas de política económica.

HIDROCARBUROS

  • El objetivo central de la política de hidrocarburos es incrementar la producción de petróleo y gas natural, y explorar el potencial de nuevos recursos.
  • La estrategia buscará promover, además de los recursos no convencionales, la exploración petrolera en áreas convencionales continentales y marinas” que permanecen inexploradas y que constituyen el 70 de las cuencas sedimentarias existentes en nuestro país. El objetivo es incorporar nuevos yacimientos convencionales que reemplacen a los yacimientos maduros descubiertos hace más de tres décadas. La nueva estrategia no prescinde de Vaca Muerta ni de otros desarrollos que puedan emprender los actores conforme a las oportunidades de negocio que ofrece la industria, sino que la complementa”.
  • Programa de exploración petrolera. Se promoverá un programa exploratorio de hidrocarburos que abarque tanto las cuencas sedimentarias convencionales como no convencionales, recurriendo para ello a licitación pública internacional. Para los modelos contractuales se tomará en cuenta la experiencia internacional y los antecedentes exitosos de la región.
  • La exploración de las cuencas sedimentarias inexploradas se realizará mediante licitaciones públicas internacionales realizadas por el Estado nacional y por los estados provinciales en sus respectivos territorios.
  • La meta orientativa de la nueva política exploratoria es duplicar el nivel de reservas comprobadas de yacimientos convencionales actuales de petróleo y de gas natural para el año 2023. Ello implica reemplazar reservas con una tasa de reposición del 200 en los próximos años, lo que significa incorporar reservas comprobadas de gas natural por 672.000 millones de m” y 512 millones de m” de crudo.
  • Sanción de un nuevo marco jurídico para los hidrocarburos. Se reformulará la estructura legal vigente en función de las nuevas realidades jurídicas institucionales y geológicas. Las leyes que surjan de ese nuevo ordenamiento, incluida una nueva Ley de Hidrocarburos, deberán contar con amplio consenso de las fuerzas políticas para que pueda ser aplicada en todo el territorio nacional. Esa nueva legislación deberá conciliar los intereses de las provincias y la Nación, facilitar el pleno desarrollo de los recursos del país y posibilitar la exploración en el Mar Argentino hasta el talud oceánico. También preverá la adecuación institucional para que el Estado pueda ejercer en forma adecuada su rol de fiscalización.
  • Gestión de YPF. Se impulsará la gestión autónoma de YPF, con la actual participación mayoritaria del Estado, para que rija su plan de negocios por objetivos empresarios, privilegiando la exploración, el desarrollo y la explotación de las cuencas argentinas, de los recursos convencionales y no convencionales. La empresa mantendrá su capitalización bursátil en el mercado argentino e internacional, y podrá establecer asociaciones estratégicas con empresas nacionales o internacionales a partir de contratos estándar consustanciados con las condiciones y lineamientos de la nueva política energética. La gestión de YPF será auditada por la AGN, sin perjuicio de otras auditorías que se realicen sobre la empresa.
  • En petróleo y derivados se adoptará una política de precios alineada con los precios internacionales.
  • Importación de gas natural: en la transición a recuperar el autoabastecimiento se optimizará el uso de infraestructura regional y se evaluará la construcción de nueva infraestructura de importación de gas natural con el objeto de pagar precios competitivos para el abastecimiento del mercado interno mientras dure la condición de país importador.
  • Se propondrá a los actores empresarios y gremiales la firma de un pacto que premie el incremento de la productividad sectorial.
  • Se crearán programas de incentivos a determinadas explotaciones que tengan comprobadas dificultades para su puesta en producción por razones de índole tecnológica, logística, etc. Los programas de incentivos serán focalizados y su evaluación económica de beneficio-costo para el país debe ser positiva. Estos mecanismos pueden estar complementados con adquisidores de cupos de producción por parte de organismos en los que el Estado forme parte.
  • Se implementará una política flexible tendiente a amortiguar los precios al consumidor final de combustibles líquidos; la misma combinará una baja de la alícuota de impuestos a los combustibles cuando se producen alzas en la referencia de precios de mercado.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Las proyecciones preliminares de largo plazo sobre las necesidades de inversión del sector eléctrico para el período 2016-2025 se estiman en el orden de unos 5.000 millones de US$ por año. Estos valores serán confirmados en la planificación estratégica.

La estimación previa señala que un 75 de esa cifra será requerida para ampliar la capacidad de generación, y el 25 restante para ampliar redes de distribución y transmisión.

Es un hecho comprobado por los usuarios y avalado por especialistas sectoriales reconocidos que en los últimos años se han incrementado los cortes del servicio y han aumentado los tiempos de reposición de las fallas de la red. La conclusión es clara: la calidad de servicio empeora con el paso del tiempo y ello es verificable en la información que con retraso produce el ENRE.

Las empresas privadas concesionarias de los servicios públicos de distribución de jurisdicción nacional se hallan en situación de virtual quiebra patrimonial, siendo esta situación menos grave a nivel de las jurisdicciones provinciales.

Las empresas de generación existentes también muestran una situación patrimonial y de resultados endeble. Ello ha redundado en que los inversores no juzguen al sector eléctrico argentino como un sector interesante para invertir en su ampliación y recuperar la inversión en el largo plazo.

En este contexto, el Estado nacional ha cumplido un rol inversor ineficiente y no genuino. Ineficiente, porque ha reemplazado la inversión de las empresas con obras con costos altísimos y carentes de estudios técnicos, y no genuino, porque la financiación de esas inversiones se realiza con partidas presupuestarias de un presupuesto nacional deficitario, financiad con emisión monetaria.

Es necesario que el sector eléctrico revierta esta situación anómala.

Esto implica sanear el conjunto empresario fijando, cuando corresponda, las tarifas que permitan la recuperación de los costos eficientes, tal lo previsto en la legislación vigente y eliminando los subsidios socialmente innecesarios.

En este contexto, juega un rol importante la recuperación empresaria del sector eléctrico y la recuperación de la capacidad empresaria de invertir para ampliar la infraestructura eléctrica. La recuperación empresaria debe permitir que las empresas puedan ser sujetos de crédito para el financiamiento de las inversiones.

OBJETIVOS PARA LA CONSTRUCCÍÓN DE CENTRALES NUCLEARES

Durante el año 2016 se determinará en forma prioritaria el cronograma de obra correspondiente al Proyecto de extensión de vida de la Central Nuclear de Embalse, el costo total de obra y la fecha de entrada en servicio comercial de la central.

Se realizará en forma prioritaria la evaluación del grado de avance de los estudios de factibilidad para el lanzamiento de la cuarta central nuclear prevista en la Ley 26.566.

Otros emprendimientos nucleares: por ley especial del Congreso se determinarán los objetivos del Plan de construcción de centrales nucleares no previstas en la Ley 26.566.

Durante el año 2016 se encomendará a la CNEA la realización de un estudio que defina el tipo de central nuclear argentina para los futuros emprendimientos de generación nuclear (tipo de central, combustible nuclear a utilizar, procedencia del combustible, etc).

La nueva ley tomará en cuenta las obras previstas en el Plan Energético Nacional 2016-2030 y las necesidades energéticas proyectadas. Se promoverá el desarrollo de generación núcleo-eléctrica a través de un programa que contemple la actividad de la industria núcleo-eléctrica y su tecnología, las últimas condiciones de seguridad a nivel mundial y las factibilidades económica y financiera.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Se promoverán criterios de eficiencia energética para reducir la tasa de intensidad energética de la Argentina y de la elasticidad de la demanda energética frente al Producto Bruto Interno” de la Argentina, de sus elevados niveles actuales a la tasa promedio mundial en el curso de la próxima gestión de gobierno.

Para superar la crisis energética que heredará la nueva administración de gobierno, no sólo habrá que producir más energía y diversificar la matriz, también habrá que consumir la energía en forma más eficiente y reducir pérdidas.

Trabajando por el lado de la demanda, con políticas que promuevan el ahorro de energía en los hogares y el comercio, en la industria y en la iluminación, y que a su vez faciliten la radicación de inversión en proyectos de cogeneración (calor y electricidad), se podría llegar a reducir el consumo de electricidad en unos 100.000 GWh hacia el año 2030.

Sólo trabajando en medidas concretas como el etiquetado obligatorio de aparatos domiciliarios, el reemplazo de lámparas de más bajo consumo, el etiquetado de eficiencia de motores industriales y algunas otras medidas de adopción de estándares mínimos (en materia edilicia, entre otras), se podría ahorrar hacia el fin del período unos 50.000 GWh por año. Esto equivale a unos 6.000 MW (megavatios) de potencia instalada, o sea unas 8 centrales eléctricas de la potencia de instalada, o sea unas 8 centrales eléctricas de la potencia de Atucha II que comenzó a generar electricidad a pleno recientemente”.

La eficiencia energética también debe traducirse en ahorro de consumo de gas para calefacción, en la eliminación de pilotos en equipos de calentamiento de agua, en el etiquetado de eficiencia de los equipos de gas, y en la complementación del uso del gas con el agua caliente de origen solar. En una etapa más avanzada, la informatización de las redes eléctricas permitirá avanzar en la gestión de la demanda de energía y en la venta de excedentes al sistema. La eficiencia también debe alcanzar el transporte: el ferrocarril consume en promedio 3,5 veces menos combustible que el camión por cada tonelada transportada.

La energía ahorrada cuando hay un uso eficiente y racional es energía no producida, y por lo tanto no contaminante. La producción de energía es la mayor fuente de emisión de gases de efecto invernadero, porque la matriz de energía mundial depende en un 80 de la energía primaria fósil (petróleo, gas, carbón).

La promoción de las fuentes alternativas de energía no contaminante para mitigar el cambio climático hoy tiene como capitulo preliminar la promoción de las políticas de eficiencia y uso racional de la energía.

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL

Se promoverá una política de integración energética regional para conformar mercados regionales de gas natural y de electricidad que aprovechen la complementariedad de los recursos en la región y las conexiones físicas existentes. Dentro de esta política deberán priorizarse acuerdos con los respectivos socios regionales para la ejecución de las obras de binacionales. También se propiciarán nexos de cooperación y complementación con Brasil en materia nuclear para encarar una estrategia conjunta para esta fuente energética.

Evidencias, editada por Luis Pico Estrada

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