Por Domingo Cavallo.-

Es bien conocido que cuando se parte de una situación de alta inflación provocada por grandes déficits fiscales y persistente expansión monetaria, el impacto inicial de la contracción monetaria necesaria para estabilizar la economía es estanflacionario. Aquí y en cualquier país del mundo. Nosotros lo vivimos muchas veces en nuestra historia. En el exterior, el caso más conocido es el Plan Volcker, puesto en marcha en los Estados Unidos a partir de 1980, que provocó la gran recesión de 1981 y 1982.

En Argentina todos los planes de estabilización aplicados a partir de una inflación alta que todavía no había llegado a ser hiperinflación fracasaron porque los efectos estanflacionarios iniciales se tornaron política y socialmente insoportables. Los gobiernos los abandonaron en aras de reactivar el mercado interno con aumentos de gasto público, aumentos de salarios nominales y expansión monetaria. En todos los casos la inflación terminó, después de algunos años, siendo un escalón más alto que aquel que había llevado a aplicar el plan de estabilización frustrado.

En el caso de los Estados Unidos, el Plan Volcker tuvo éxito porque a partir de 1983 permitió bajar sostenidamente la inflación al mismo tiempo que la economía se recuperó para dar lugar a muchos años de crecimiento. La causa principal del éxito fue la política de reducción de impuestos y de desregulación impulsada desde el gobierno por Ronald Reagan, que creó condiciones favorables a las exportaciones y a la inversión privada.

El gobierno de Macri comenzó adoptando decisiones que eran indispensables para estabilizar con chances de éxito una economía que además de alta inflación abierta tenía mucha inflación reprimida. La política monetaria debió tornarse fuertemente contractiva para evitar que el sinceramiento de los precios en desequilibrio se espiralizara. Pero, como era de esperar, el impacto inicial ha sido la acentuación de la estanflación.

Si para reactivar, el gobierno aumenta el gasto público, aun cuando se trate de gasto de inversión en infraestructura, y admite fuertes incrementos en los salarios nominales, muy pronto el plan de estabilización habrá fracasado y la inflación terminará en un nivel más elevado que el inicial. Esto es así porque con un déficit fiscal alto y, peor aún, en aumento, la política monetaria se tornará mucho más contractiva, con efectos más acentuados sobre el tipo de cambio que sobre la inflación. Una moneda apreciada por contracción monetaria que trata de contener el efecto inflacionario del gasto público y los aumentos de salarios nominales, desalentará las exportaciones y a la inversión, exactamente el efecto contrario al que se necesita para que la reactivación sea compatible con la desinflación.

La única forma de salir de esta trampa es consiguiendo que la inversión, incluida la destinada a mejorar la infraestructura, sea realizada por el sector privado y que el tipo de cambio y la política impositiva den un fuerte impulso a las exportaciones.

Dos aspectos de los anuncios y decisiones que viene adoptando el gobierno son preocupantes. Por un lado, casi todos los planes sobre inversión en infraestructura parecen basarse en inversión pública nacional o provincial. Por otro lado, la política monetaria combinada con una política fiscal expansiva, no tanto por eliminación de impuestos distorsivos sino por expansión del gasto público, está llevando a una apreciación exagerada del peso, que en la práctica revierte buena parte de las ganancias de competitividad que se consiguieron con la eliminación de los controles de cambio.

El financiamiento externo de los déficits fiscales provinciales y del déficit fiscal nacional a tasas que siguen siendo demasiado elevadas, combinado con altas tasas de interés internas, constituye la medicina más contraindicada si lo que se quiere es lograr una reactivación por las exportaciones y la inversión privada.

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