Reformas económicas en vías de llegada

Por Fabián Medina.-

El lunes 30 de octubre, el Sr. Presidente luego del triunfo electoral del domingo 22 de octubre congregó a un vasto auditorio de gobernadores, sindicalistas, integrantes del Poder Judicial y opositores políticos con el fin de dar lugar al lanzamiento real de su gobierno (el mismo que no realizó el 1 de marzo de 2016), con el objeto de dar conocer pautas de las reformas a llevar adelante. Aunque me ocuparé de tratar lo más fácilmente posible las económicas: Previsional, Laboral e Impositiva.

Con referencia a lo Previsional comunicó que “debería ajustarse la fórmula por la cual se calculan las jubilaciones y pensiones y su debida actualización que hoy se realiza mediante la Ley de Movilidad Jubilatoria y la correspondiente edad de acceso…” Ante esto corresponde aclarar que cambiar el cálculo de las jubilaciones y pensiones futuras significa como ya lo dejó evidenciado el actual Director Ejecutivo del ANSeS sería con valores menores a los actuales; mientras que al cambiar la Ley de Movilidad Jubilatoria por simplemente una actualización por el coeficiente del IPC del INdEC significaría que nuestros abuelos dejarían de ir recuperando poder adquisitivo en su canasta familiar. En lo que respecta a subir la edad jubilatoria a 65 las mujeres y 70 los hombres, se generan cuellos de botella en cuanto al acceso de los jóvenes al mercado laboral actual

En lo que hace a la reforma Laboral propone “eliminar aportes patronales de los salarios menores a $10.000 para facilitar el acceso a la economía formal…” esto genera problemas como ya tuvimos en los años ‘90 de desfinanciamiento del sistema previsional. Debemos saber que cerca de la mitad de los trabajadores aportantes (o sea 4 millones de personas) se encuentran con menos de $10 mil de ingresos declarados y dejarán de aportar al sistema de jubilaciones por lo que caeríamos en una desfinanciación del sistema que tendría que ser absorbida por el sistema tributario en su totalidad. Esto no genera blanqueamiento sino incorporación de nuevos trabajadores por debajo de ese monto.

En lo impositivo proponen eliminación de tributos como el ITI (Transferencia de Inmuebles), al Cheque, Internos a celulares y autos/motos de gama media; disminución de impuestos a las ganancias a las empresas, aplicación de alícuotas reducidas a los que reinviertan sus ganancias; creación de impuesto a la contaminación ambiental, se grava la renta financiera en forma disímil si es en dólares o pesos. En forma conjunta con esto la Nación negocia con las provincias la reducción de Ingresos Brutos y Sellos y la eliminación de las “aduanas interiores”.

Al momento de analizar empezaremos por lo último impuestos. Llevar a la eliminación del impuesto al cheque no es tan conveniente porque se deja de tener un dato testigo de la actividad económica real para cotejar el nivel de evasión fiscal se puede reducir al 0.2% total, la eliminación de internos a autos/motos y celulares no es necesaria porque no son de primera necesidad en cuanto a la reducción de alícuotas en Ganancias es impracticable y se debería realizar una desgravación de la reinversión de utilidades, el gravar la renta financiera está bien pero no se puede hacer en forma diferencial según tipo de moneda porque no cumpliría el requisito de equidad debería ser a la misma tasa, la creación del impuesto a la contaminación ambiental sería de avanzada en la parte tributaria no solo en nuestro país sino incluso en todo América pero debe ser muy cuidadoso al generarlo puesto que podemos administrarlo pero lo peor será controlarlo y para ello debe ocuparse el Ministerio de Medio Ambiente. En el tema del pedido a las provincias, ya la Constitución Nacional de 1853 prohibía taxativamente la existencia de “aduanas interiores” y la negociación de Ingresos Brutos y Sellos NO TIENE RAZON DE EXISTIR porque las provincias se comprometieron a eliminarlos en el Pacto Fiscal por la Educación y la Salud que rubricaron en 1992 bajo el mandato presidencial del Dr. Carlos Saúl Menem.

Al ver el tema Laboral lo más importante es que el sistema no genere situaciones de desfinanciamientos y es lo que generará, para evitar eso es necesario entender que la mayoría de las Pymes proveen el 80% del trabajo real y que de ese número cerca de la mitad son trabajadores por 4 hs. de trabajo lo cual da valores de convenio menores a $10 mil y dejarán de abonarlas cargas patronales. Al generar este desfinanciamiento obligatoriamente el sistema de impuestos debe ir en solidaridad con el previsional; aquí la solución sería aplicar un descuento de un porcentaje de lo abonado en seguridad social contra el IVA, discriminando si es GRAN EMPRESA o Pyme o menor.

En el sistema previsional debe llegarse al 82% móvil a los jubilados y pensionados tal como el Sr. Presidente expresó que lo iba a llevar a cabo durante su campaña electoral y no borrar con el codo lo que escribió con la mano y se comprometió con la población. La Ley de Movilidad Jubilatoria es una muy buena Ley surgida desde la gestión anterior que les permite a nuestros abuelos no sólo no perder con la inflación sino hasta en algunos casos recuperar poder de compra.

Aunque suene muy complejo leer lo que acabo de escribir es muy nefasto criticar sin dar algún atisbo de solución, y eso es lo que uno trata desde su humilde conocimiento de realizar.