Por Carlos Tórtora.-

El fiscal platense Álvaro Garganta avanza en la construcción de una megacausa contra Daniel Scioli para buscar pruebas que demuestren si cobró coimas, lavó dinero y se enriqueció de manera ilícita. El expediente lo lleva la jueza Marcela Garmendia. La autora de la denuncia que iniciara la causa es Elisa Carrió. La semana pasada, Garganta realizó siete operativos en diferentes terrenos, propiedades y empresas vinculadas al ex gobernador bonaerense. Uno de ellos se realiza en La Posada Multiespacios S.A., que Scioli vendió en enero de este año a Miller Building. Esta empresa, que fue contratista de la provincia desde 2009 cuando el ahora diputado era mandatario provincial, se encargaba de las Unidades de Pronta Atención (UPA).

Por esa transacción se pagaron 3.850.000 dólares y la Justicia sospecha que la operación podría esconder «un regreso de fondos» por los contratos que recibió la empresa durante la gestión Scioli. Asimismo, Miller Building también fue allanada al igual que Capanone S.A., la sociedad inmobiliaria en la que Scioli tiene participación y que tenía bajo su nombre la titularidad de ese terreno de 41.000 metros cuadrados.

Garganta está avanzando en varios frentes comprobando el enriquecimiento ilícito de los principales personeros de Scioli. Por ejemplo, hace tres meses, la Justicia indagó al ex presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Antonio La Scaleia, por los delitos de «fraude y asociación ilícita». Se investiga un fraude que habría ocasionado al Estado bonaerense una pérdida de 650 millones de pesos a través de tramitaciones de internaciones domiciliarias «truchas».

La Scaleia declaró durante seis horas ante el fiscal de la causa, Álvaro Garganta, que busca determinar cómo era el mecanismo que utilizaban para cobrar las internaciones domiciliarias que nunca se realizaban o que se hacían de «manera dudosa».

La Scaleia estuvo al frente de la obra social desde 2010 hasta el final de la gobernación de Daniel Scioli . Entregó un informe con los números de su de gestión en el IOMA y dijo: «Es inimaginable esta imputación.

Otros dos hombres claves sobre los que avanza la investigación son el ex presidente de Aguas Bonaerenses Guillermo René Scarcella y al ministro de Jefatura de Gabinete de Buenos Aires Alberto Pérez.

Según la denuncia de Carrió, Scioli “no declara tres estancias bonaerenses que le pertenecerían, más un proyecto multimillonario de un desarrollo urbano y propiedades en Italia. Totalizarían unos 200 millones de dólares”. Se supone que el ex gobernador bonaerense posee tres estancias: La Negra de 5000 hectáreas, la Morocha de 8000 y La Estrella de 5000.

A todo esto, la defensa de Scioli ensayó una operación para cubrirse mediante la aparición en escena de Stefano Garilli, que vive junto a su mujer, Simona, y sus tres hijos (Leonardo, Nicoló y Matteo) en Piacenza, Italia, una ciudad de poco más de cien mil habitantes.

Desde Italia, este empresario de 58 años pidió aclarar la denuncia de Carrió hizo sobre los terrenos y presentó, mediante sus apoderados, los papeles con los que confirma que se trata de estancias de su propiedad.

Garilli conoció por primera vez la Argentina a fines de los 80, cuando desembarcó con Camuzzi tras la privatización de la ex Sociedad Gas del Estado. Esta empresa fundada en Italia y de la que Garilli se desvinculó en el año 2000 (quedó a cargo de su hermano Fabrizio) posee en la actualidad más de 1.500 plantas de agua en el mundo, 2 millones de usuarios de gas y 1 millón de usuarios de energía eléctrica.

Fue en 2001 cuando el italiano regresó a la Argentina para invertir en el sector agropecuario y crear Garfin Agro, firma con la que adquirió distintas estancias como La Chita, La Esperanza y La Morocha. Esta actividad la comparte con su hijo Leonardo, quien estudió Ciencia y Tecnología Agraria. La Morocha, que compró a fines de 2005, posee el emprendimiento hotelero La Estrella y es la que Carrió denunció como propiedad de Scioli.

Según detalla Garilli en la Justicia, el ex motonauta ya era huésped de esta estancia desde 2001, cuando era propiedad de Franco Todini, otro importante empresario italiano que falleció, por lo que su hijo le vendió estas tierras a Garilli.

Fue por ello que en 2005 conoció a Scioli. Según aseguran ambos, ésta fue la única vez que se vieron. Fue cuando el por entonces vicepresidente de la Nación le pidió una reunión para explicarle que él era huésped de La Estrella y que pretendía seguir siéndolo. Durante los siguientes años, Scioli continuó descansando en esta estancia, de la que cada vez que iba ocupaba las siete habitaciones para tener exclusividad y llevar desde asesores hasta su propia cocinera. Garilli presentó ante la Justicia las facturas y pagos percibidos.

“No existe ni existió vinculación alguna de Garfin Agro S.A. y/o el señor Stefano Garilli con Daniel Scioli -salvo la de haber sido huésped del hotel- y ninguna otra persona que son mencionadas en la presentación de la Dra. Carrió”, se detalla en la presentación que los apoderados de Garilli ratificaron en persona Además, Garilli pidió aclarar que su actividad agropecuaria nunca gozó de ningún privilegio en la Argentina. “En los casi 15 años que lleva trabajando el señor Stefano Garilli en el negocio agropecuario, puede afirmarse que no ha tenido ningún privilegio; por el contrario, si se repasan los últimos diez años, el negocio agropecuario fue una de las actividades más castigadas por la presión impositiva y perjudicada con las políticas económicas, importantes retenciones de granos, imposibilidad de compra de moneda extranjera, imposibilidad de distribuir utilidades”, detalla el escrito.

Garfin Agro posee hoy 7.400 cabezas de ganado vacuno y cerca de 20 mil hectáreas de campos. Durante el último año produjo 80 mil toneladas de granos y durante 2015 contó con ingresos cercanos a los $ 120 millones.

En Piacenza, Garilli posee dos hoteles con 120 habitaciones entre ambos y en Chile es dueño de Intergas S.A., empresa líder en la distribución de gas en ese país.

Muchas conveniencias

Pese a estas y otras aclaraciones, trascendió en la justicia provincial que Garganta podría dar la nota del comienzo de la temporada estival pidiendo que se cite a prestar indagatoria a Scioli y esto lo colocaría al borde del procesamiento.

En términos de la conexión entre la justicia y la política en despachos cercanos al de Macri se razona que para el gobierno es prioridad bajar la conflictividad en torno a CFK, cuyos diputados y senadores a nivel nacional y bonaerense le son necesarios al oficialismo para la sanción de una larga lista de proyectos de ley. Aparte y como es obvio, la Casa Rosada necesita que la ex presidenta siga siendo una contendiente política válida. Además de ella, hay una sola figura pública de la década K que cuyo procesamiento concentraría un enorme interés mediático que ni remotamente alcanzarían Ricardo Echegaray o Aníbal Fernández. Esa figura es Scioli.

Por otra parte, el ex motonauta ,pese a que llegó a presidir el PJ nacional, es considerado un outsider por la dirigencia peronista y los cristinistas lo desprecian como hicieron siempre. Por otra parte, se trata de un nuevo diputado nacional y si la jueza interviniente pidiera su desafuero, le jugaría en contra el precedente de lo resuelto por la Cámara de Diputados en el caso de Julio De Vido, en el cual la mayoría se inclinó por aceptar el pedido judicial.

También la caída de Scioli por la persecución judicial sería en cierto modo un pago político a Carrió, que aceptó dar la cara para pelear por la conflictiva reforma previsional.

Bastante alertado de los peligros de su actual situación, aquel esta recorriendo las oficinas de los principales lobistas judiciales de la política, tanteando los caminos para frenar una investigación que se esta precipitando.

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