Por Sebastián Dumont.-

Impacta la medida de María Eugenia Vidal referida al juego en la provincia de Buenos Aires. Es un avance. Sin dudas. Detrás de esta decisión hay muchas aristas importantes de cómo se maneja y mueve la actividad en el principal distrito de la república Argentina.

El anuncio de la gobernadora implica que se cierran tres casinos (Valeria del Mar, Mar de Ajó y Necochea) que en realidad uno de ellos ya estaba cerrado desde el 1 de enero pero antes funcionaba solo en ocasiones esporádicas. El criterio para dejarlos si efecto es la cercanía con otras salas de juegos, que además no tenían demasiada concurrencia y recaudación.

Hay que diferenciar algunos datos. Los casinos de la provincia de Buenos Aires son todos de explotación estatal. Ninguno es privado. Las mesas de paño son íntegramente explotadas por el Estado Provincial y lo que se hizo a partir de la incorporación de las máquinas tragamonedas es dar a concesión a privados su arrendamiento por lo cual cobran un canon que controla el propio gobierno.

La empresa Boldt de la familia Tabanelli, involucrada en el caso Ciccone, es la mayor beneficiara hasta aquí de las máquinas en los casinos gracias a prolongaciones permanentes de la concesión. Ahora el gobierno obligara a ir a licitación que dividirá en tres grupos: Tandil, Casino Heritage y Miramar por un lado, el Casino Central de Mar del Plata y Monte Hermoso, y el tercer caso es el de Tigre y Pinamar. De esta forma se busca que “nadie se quede sin ofertas”. De lo contrario irían todos a los de mayor concurrencia y facturación. Una obviedad.

Al revés es el caso de las máquinas tragamonedas en las salas de los bingos. La ley 13063 establece que la licencia de los bingos sea otorgada a entidades sin fines del lucro, por ejemplo, Bomberos Voluntarios de una ciudad. Estas a su vez cedían la expiación a un privado mientras durara la concesión. Allí aparecen empresas como Codere, el Grupo Midas, la empresa de Federico De Achával y Cristóbal López, el grupo Midas y Daniel Angelici entre otros.

En estos casos, la maquinas tragamonedas las operan los bingueros que deben pagar un canon a la provincia en materia de lo que recaude cada una de ellas. Durante el gobierno de Felipe Solá y la presidencia de Franco La Porta en Lotería hubo un cambio sustancial en el control de ello. Se puso en marcha lo que se llamó el sistema Hiperión que obligaba a todas la máquinas a estar en linea enviando a una central la información de lo que facturaba cada una de ellas. El sistema era auditado por la Universidad de La Plata. Cuando llegó el gobierno de Daniel Scioli comenzó a caer, lentamente, la utilización de este sistema. Los empresarios de los bingos vieron más lábil el control. Antes era sólo con declaraciones juradas.

Fuentes de aquel gobierno aseguran que desde la llegada de Vidal, se comenzó con la reconstrucción del sistema on line, como así también con la aplicación plena de la ley contra el juego ilegal que aprobó la legislatura. En aquel entonces la medida tuvo pleno apoyo del senado bonaerense pero no corrió la misma suerte en diputados, donde tuvo que desempatar el voto del presidente de ese momento: Ismael Passaglia, casualmente hoy vinculado a Cambiemos.

El dato más fuerte pasa por el cierre del bingo de Temperley cuya concesión finalizó en 2017. El resto de las salas concluyen sus prolongaciones después del 2019. Una decisión política fuerte sería anunciar la no prolongación de otras licencias, pero no lo puede hacer Vidal hoy quizá porque aún no sabe que pasará en el próximo mandato.

En los tiempos de Felipe Solá se intentó modificar la ley y llamar a licitación a todas las salas de la provincia modificando la forma de titularidad de las mismas. La legislatura se opuso y tuvo que prolongarse por decreto. Así fue hasta la actualidad.

Hay municipios donde funcionan más de una sala. El caso de Lomas de Zamora era uno de ellos. Por eso cierra Temperley. Otro caso emblemático es Mar del Plata donde hay cuatro bingos sumados a cuatro casinos. No en vano, Vidal recordó la imposibilidad de avanzar en la instalación de una sala en Puente La Noria, misma zona donde se cerró La Salada y, sobre todo, donde la iglesia manifestó su fuerte rechazo. Los fantasmas de Cristóbal López sobrevaloran esa zona y su relación con Martín Insaurralde, viejo conocedor de la materia de los tiempos en que era secretario del titular de lotería en tiempos de Eduardo Duhalde, Jorge Rossi.

Juego Ilegal

Entre los anuncios de Vidal está el combate al juego ilegal. La ley vigente data del año 2006. Fuentes del sector aseguran que durante le gobierno Daniel Scioli no hubo una aplicación fuerte de la misma que se retomó con el actual gobierno. Para reducir la oferta de juego clandestino, se habían tomado tres medidas: ampliar los sorteos legales de manera de no darle tiempo a las pasadores a completar sus recorridas entre juego y juego, habilitar más agencias oficiales bien identificadas y en tercer lugar penar con prisión a quienes incumplan la ley. Antes era sólo una contravención.

“No es fácil porque el juego es una cuestión cultural. Hay que mantener el equilibrio. La reducción drástica no terminará con el mismo sino que potenciará el juego ilegal”, sostiene una fuente del sector que esperaba con ansiedad las medidas de Vidal. Ahora, con los datos sobre la mesa es el tiempo de entender las implicancias políticas que son difíciles de rebatir. ¿Quién podría estar en contra de estas medidas? Primera acción de la gobernadora fuerte en 2018. Son tiempos donde en Cambiemos hablan de la etapa del gobierno de necesidad de mayor sensibilidad. Para eso, la ideal es la Gobernadora.

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