Una cuestionada intervención judicial y denuncias de vaciamiento paralizan los principales servicios de colectivos en el sur del Conurbano

La decisión adoptada por los trabajadores de Expreso Lomas SA de paralizar los servicios y declarar el estado de alerta permanente puso sobre el tapete la crítica situación que afronta esa empresa de colectivos que opera tres líneas clave en la zona sur del Conurbano bonaerense: 112 (Lanús-Saavedra); 165 (Once-Monte Grande, Pompeya y Burzaco) y 243 (Monte Grande-Lomas de Zamora).

La empresa -que está intervenida por la justicia provincial desde noviembre de 2015- se encuentra en un estado de virtual vaciamiento y con un parque móvil reducido que no reúne las condiciones elementales de seguridad y resulta claramente insuficiente para cubrir la cantidad de servicios mínimos requeridos por la CNRT.

Como telón de fondo de este preocupante panorama emerge una fuerte disputa entre distintos grupos empresarios del sector y un polémico e irregular accionar de la administradora judicial que lejos de facilitar la regularización de la empresa ha venido adoptando una serie de medidas que demoran la concreción de la asamblea de accionistas destinada a elegir las nuevas autoridades del directorio de Expreso Lomas SA.

Tras varios conflictos internos entre sus accionistas que dejaron sueldos adeudados a los trabajadores y facturas sin pagar a los proveedores, a fines de 2015 la empresa entró en concurso preventivo bajo la intervención de la jueza María Zulema Vila.

La magistrada designó como “administradora judicial” de la empresa a la Contadora Sandra Mónica Rizzo, quien ha llevado adelante un conjunto de medidas controversiales por las cuales ya ha acumulado dos denuncias penales -patrocinadas por estudio Cúneo Libarona- por beneficiar a la firma que contrató como “gerenciadora”, permitir el vaciamiento y la descapitalización de las líneas e incumplir el pago de impuestos y aportes previsionales.

Una de las primeras movidas de la administradora Rizzo que más ruido generó fue la incorporación de la empresa de colectivos “El Puente SAT” como “gerenciadora” de Expreso Lomas.

“El Puente” es una sociedad que forma parte del denominado grupo DOTA que manejan los hermanos José y Ángel Faijá. Este grupo es uno de los más grandes y relevantes que tallan en los servicios urbanos de corta y media distancia. Además de controlar varias líneas en la región metropolitana, DOTA también tiene sus fichas puestas en el negocio de los fabricantes de colectivos con Megacar (que es la representante oficial de Agrale) y en el segmento de las empresas carroceras con la firma Todobus.

Para el grupo de accionistas originarios de Expreso Lomas que buscan recuperar la administración de la empresa, la contratación de “El Puente” como gerenciadora que decidió la administradora resultó altamente sospechosa e irregular.

En primer lugar, denunciaron que el convenio de gerenciamiento fue pactado por un inusual plazo de 5 años cuando por una cuestión lógica debió haberse fijado por un período más acotado atento a que la intervención no iba a durar tanto tiempo. Con esta decisión, las nuevas autoridades que surjan de la próxima asamblea de accionistas deberán afrontar el costo económico de darle de baja a ese contrato para sacarse de encima a “El Puente” y recuperar el manejo pleno de la empresa.

En segundo lugar, los antiguos socios que detentan el 71% de las acciones de Expreso Lomas resaltaron como muy llamativo el hecho de que la administradora Rizzo haya introducido a “El Puente” como gerenciadora cuando dicha empresa también está en concurso preventivo de acreedores en los tribunales de Lomas de Zamora.

Y no sólo eso, sino que además la propia Contadora Rizzo es la síndica de dicho concurso de “El Puente”.

En tercer lugar, los accionistas que reclaman la convocatoria a asamblea para normalizar la situación de la empresa también advirtieron que Rizzo nombró como abogado de la administración judicial a Claudio Montes de Oca, que es el apoderado de “El Puente”, la sociedad del grupo DOTA que pese a estar concursada gerencia y opera Expreso Lomas.

En otras decisiones polémicas, los accionistas mayoritarios le cuestionan a la administradora haber convalidado en 2016 la compra de 20 colectivos usados Agrale a la empresa Megacar a 850.000 pesos cada uno cuando un vehículo nuevo Mercedes Benz se podía conseguir a un precio más bajo de 605.000 pesos.

A principios de marzo, los delegados gremiales que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) tiene en la empresa denunciaron ante el ministerio de Trabajo las siguientes anomalías:

–Expreso Lomas necesita para prestar los servicios concesionados una flota de 139 colectivos (129 para los recorridos de jurisdicción nacional y 10 para la línea provincial). Pero solamente tiene operativas unas 75 unidades para las líneas nacionales y 4 para la provincial.

–A esa insuficiencia del parque móvil, que no alcanza siquiera para cubrir el mínimo de frecuencia requerido por la CNRT, se suma el deplorable estado de las unidades en servicio que no cuentan con los indispensables elementos de seguridad y operatividad como cintas de frenos, cinturones de seguridad, elásticos y sistemas de suspensión, bases de asientos y sistemas hidráulicos y eléctricos que generan tanto un serio riesgo para los choferes, como un grave y potencial perjuicio para los usuarios del servicio.

–La administración de la empresa no está realizando las contribuciones patronales a los organismos de seguridad social desde julio de 2017 y los aportes a la obra social y la ART desde enero de este año.

–En febrero, la gerenciadora ha retirado de las terminales de la empresa 25 colectivos que no funcionaban con el argumento de llevarlos a reparación. Pero hasta ahora no ha devuelto ningún vehículo reparado y en condiciones de prestar servicios.

–Ésta y otras actitudes denunciadas anteriormente demuestran que estamos frente a un proceso de vaciamiento empresario ante la incompetencia e impericia de los encargados de efectivizar el supuesto gerenciamiento y la administración judicial de la empresa.

A fines del año pasado, la jueza del concurso había fijado para el 23 de marzo de este año la realización de la asamblea de accionistas destinada a elegir un nuevo directorio. Pero una jugada de la administradora judicial terminó con el expediente en la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora que ahora debe resolver en qué fecha se va a concretar la asamblea.

Detrás del grupo de accionistas que reclama la normalización de la empresa se encuentran las firmas Colcar-Colcam de la familia Prieto. Estas compañías -que controlan la principal concesionaria de ómnibus Mercedes Benz- han adquirido en los últimos dos años los derechos sobre las acciones de los antiguos socios que poseen el 71% de Expreso Lomas.

Para poder desembarcar en la empresa, el grupo Prieto necesita que se “perfeccionen y oficialicen” los traspasos accionarios con la realización de la demorada asamblea de accionistas.

Mientras tanto y al mismo tiempo que los trabajadores declaraban el paro de actividades, Ariel Buduino -uno de los accionistas minoritarios de Expreso Lomas- denunció que personal de “El Puente” procedió a inutilizar alrededor de 50 colectivos de la empresa mediante el retiro de una pieza electrónica vital de las unidades.

Con un escribano público, el denunciante pudo certificar que en una de las cabeceras de la empresa había al menos 13 colectivos desarmados y con faltantes de piezas, entre ellas el módulo TCM de las cajas automáticas sin el cual los vehículos no pueden arrancar.

Antonio Rossi

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