Entre Ríos y sus presuntas infracciones
Por Oscar Edgardo García.-
Rogelio Frigerio, Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, se expresa públicamente como una persona criteriosa, sensata y respetuosa del derecho; empero, a través de la policía de su provincia, demuestra lo contrario, dada la pretensión de imponer multas a los propietarios de los vehículos que transitan por las rutas de su territorio enviándoles una amenazante «Notificación por presunta infracción».
El título de la misma permite inferir que su policía entrerriana no tiene elementos suficientes para afirmar la comisión de la falta que notifica, razón por la que «presume» que el conductor del auto ha cometido una infracción, calificación que pone en evidencia la ilegalidad de su imputación.
¿O será que Entre Ríos posee un Código que permite poner presa a una persona por el solo hecho de determinar que existe el hecho de un «presunto» robo u homicidio? Suena raro el argumento, ¿no es cierto?
Cabe señalar que las notificaciones están generadas por la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, que muy lejos está de cumplir con su objetivo porque, por caso, la Ruta 14 tiene varios tramos en mal estado, y algunos intransitables, por lo que su tránsito conlleva un alto riesgo de accidentes, especialmente con lluvia, y, como si fuera poco, es paupérrima la existencia de carteles indicadores de los controles por radares y de la velocidad máxima de circulación.
En resumen, las acciones de prevención y de seguridad vial en la provincia son prácticamente inexistentes, salvo para aplicar multas a los incautos automovilistas.
El Señor Frigerio no puede ignorar lo expresado precedentemente, porque seguramente circula personalmente en automóvil por las rutas y revela desidia al ignorar las habituales noticias críticas que los medios de comunicación publican sobre el particular, haciendo caso omiso a las fundamentadas razones expuestas para ejecutar las soluciones correspondientes en materia de prevención y seguridad vial y para ordenar que desista de continuar metiéndole, inaceptable e ilegalmente, la mano en el bolsillo a los inocentes ciudadanos que transitan por los caminos de su provincia, medida con la que también se logra ahuyentar el regreso futuro de los turistas para evitar el castigo a sus ya encarecidas finanzas con el pago las multas que se le pretenden imponer por una injusta e irracional «presunta infracción».
