Por Carlos Tórtora.-

El Decreto 1311, publicado ayer en el Boletín Oficial, le da contenido legal a la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) a través de un exhaustivo Anexo de 400 páginas que abarca prácticamente todos los aspectos del funcionamiento del organismo. Mediáticamente -y con fundados motivos- llamó la atención la incorporación, entre los objetivos de la inteligencia de Estado, de la actividad de los mercados financieros cuando exista la presunción de determinadas maniobras.

El Anexo se llama “Nueva doctrina de inteligencia nacional” y en su Capítulo I, el inciso b) comprende la delincuencia económica como uno de los objetivos de la inteligencia nacional y lo hace en los siguientes términos: “En el ámbito de la seguridad interior la problemática comprende los fenómenos delictivos violatorios de los derechos y deberes de las personas y del estado constitucional social y democrático de derecho y, específicamente, aquellos fenómenos delictivos complejos de relevancia federal relativos a (y se refiere en el punto 1 al terrorismo) para entrar luego, en el punto 2, en la cuestión económica. Una observación al margen es que, como vemos, se refiere al estado constitucional, social y democrático de derecho, excluyendo la mención que correspondía al sistema republicano, es decir a la división de poderes.

Yendo al tema, el punto 2 ubica como objetivos de la inteligencia estatal a “grupos económicos y o financieros, empresas, bancos, compañías financieras, etc., que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias, desabastecimientos, golpes de mercado, etc.”

Para empezar, la norma violaría en forma ostensible el artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a “trabajar y ejercer toda industria licita”. Como señala cualquier manual de economía capitalista, el desabastecimiento y las corridas cambiarias y bancarias son fenómenos de mercado que se producen cuando se dan determinadas condiciones en el funcionamiento de la economía, como los excesivos controles cambiarios, el congelamiento de precios, etc. ¿Cómo harán los analistas de la AFI para determinar cuándo una corrida o el desabastecimiento son el resultado de una conspiración y cuándo el resultado de una situación de mercado? Por la redacción de este punto, da la impresión de que la tendencia apunta en que, en cualquier caso, estos fenómenos serían considerados conspirativos, por lo cual, al menos en materia de inteligencia, los operadores del mercado financiero, la bolsa, mercados de carnes y de granos, etc., serían a priori sospechosos de desestabilizar al gobierno. El término desestabilizar, como se sabe, tiene valor mediático pero jurídicamente no involucra ningún concepto preciso. Habría que interpretar entonces que cualquier corrida cambiaria es a priori desestabilizante, porque afecta a la política económica del gobierno. Siguiendo esta lógica, deberían también considerarse desestabilizantes las huelgas y otras medidas de fuerza sindicales, que son el ejercicio de la libertad de agremiación.

Tal vez exista un Anexo Secreto que así lo dispone.

El infaltable golpe

Más grave aún es la inclusión, como objetivo de inteligencia, de los “golpes de mercado”, un término absolutamente oscuro que se presta para que se cometan las mayores arbitrariedades. El cierre de una empresa importante, una baja importante de la bolsa, el retiro de inversiones importantes, en fin, un sinnúmero de decisiones empresarias totalmente normales, pasarían así a quedar criminalizadas de hecho, ya que el espionaje oficial las colocaría en la lista negra.

En definitiva, el Anexo en cuestión representa un golpe más a la libertad económica en el país, además de aumentar el Decreto 1311 aún más la inseguridad jurídica reinante, al determinar las competencias del máximo organismo de inteligencia a través de conceptos ambiguos, no técnicos ni jurídicos y sí cargados de tendenciosidad política. De ahora en más, con el pretexto de que hay sospechas de desestabilización o golpe de mercado, los espías oficiales podrán entonces intervenir las comunicaciones e investigar la actividad laboral y aun privada de los empresarios sospechados.

Después de doce años y casi en su despedida, Cristina logró instaurar un sistema de inteligencia de raíz estalinista, que el próximo gobierno deberá revisar, si quiere evitar que las empresas y las inversiones aceleren su fuga del país.

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