Por Carlos Tórtora.-

Alberto Fernández se propondría distraer la atención pública en los duros meses que se vienen con la aplicación de la ley de emergencia, batallando con la corporación judicial. La Justicia encabeza todas las encuestas sobre el desprestigio institucional y en particular el fuero federal porteño está en el ojo de la tormenta. El presidente anunció que en las sesiones extraordinarias de enero se tratará la reforma del régimen de jubilaciones del Poder Judicial para eliminar sus privilegios. Y aclaró que él cobra la cuarta parte del sueldo que el presidente de la Corte Suprema.

Espías al banquillo

La certeza de que el gobierno no está alardeando simplemente la da la designación de Cristina Caamaño, presidente de Justicia Legítima, como interventora de la AFI. Un paso que significa abrir los archivos de la inteligencia de estado para Horacio Verbitsky, mentor de Caamaño. Las operaciones de inteligencia en las causas de corrupción quedan ahora expuestas para su uso por el progresismo judicial y, en función de estas informaciones, la situación de media docena de los jueces federales porteños podría agravarse. Pero la designación de Caamaño tiene también otra escala. La fiscal responde directamente a Cristina Kirchner, cuyo objetivo antes que la venganza es liberarse de las 10 causas que la atormentan. Con la presión de los dossiers de la AFI sobre los jueces, CFK confiaría en que podrían desmantelarse sus procesamientos en un plazo breve.

La designación de Caamaño también pone en evidencia el nivel de concesiones que el presidente le está haciendo a la vicepresidenta, ya que es tradicional que el jefe de la AFI sea un íntimo del presidente y en este caso lo será de la vicepresidenta.

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