Por Carlos Tórtora.-

El 8 de abril de 2013, durante un acto realizado en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ante los medios que enviaba al Congreso un proyecto de ley con seis iniciativas para la reforma del sistema judicial argentino en el marco de la llamada democratización de la justicia.

Entre los puntos del proyecto, se incluyeron la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de integrantes del Consejo de trece a diecinueve. El proyecto de ley también proponía limitar las medidas cautelares a un plazo máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo y democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público. Además de estas propuestas, también se planteó el aumento en la cantidad de cámaras de casación para descongestionar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. De este modo, fue enviado este proyecto de ley al Congreso para su debate y votación.

La reforma produjo una importante reacción opositora que no logró impedir que los tres proyectos de ley de reforma fueron sancionados, aunque la Corte Suprema dio la nota declarando la inconstitucionalidad de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.

A siete años de la primera reforma judicial, el kirchnerismo vuelve a intentarlo mediante una estrategia más compleja: designará un consejo asesor que generará los proyectos de reforma sobre sobre cuatro grandes módulos, que son los pilares del sistema de justicia: la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el juicio por jurados. La letra chica de lo que tratará el consejo asesor no está definida en su totalidad, aunque un tema ganó desde ahora el protagonismo: la ampliación de la Corte y su división en salas. Con no menor trascendencia está la creación de un fuero penal federal en el cual se ampliaría la cantidad de juzgados que llevan las causas federales. Esta licuación de poder de Comodoro Py podría eventualmente hacer que las causas por corrupción que se le siguen a Cristina Kirchner cambien de juez. El eventual avance del gobierno sobre la Corte y la licuación de poder de Comodoro Py son los nuevos campos de batalla judiciales.

Con rapidez, Juntos por el Cambio salió a oponerse al aumento del número de ministros de la Corte y el fuego opositor se concentró en el hecho de que uno de los miembros del Consejo sea el abogado de CFK, Carlos Beraldi.

Similitudes y diferencias

Entre el escenario de aquella democratización de la justicia y la actual reforma judicial hay algunas diferencias importantes. Para empezar, que el presidente actual no tiene el ánimo confrontativo que tenía -y tiene- la entonces presidenta y ahora vice. En segundo lugar, el kirchnerismo actual se preocupa por evitar repetir algunos de sus errores del pasado, aunque la reforma judicial puede significarle tropezar dos veces con la misma piedra.

Las similitudes entre aquella democratización de la justicia y esta reforma judicial están a la vista. En ambas se ve la intención del poder ejecutivo de avanzar sobre la justicia y ahora como entonces se puede dar una coalición de facto entre la justicia y la oposición. Alberto Fernández podría verse obligado a ir hasta las últimas consecuencias si la confrontación con Juntos por el Cambio ensancha la grieta. Dar marcha atrás significaría un duro revés para un gobierno que carece de la épica kirchnerista pero que custodia celosamente los intereses de CFK.

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