El proyecto de reforma judicial del gobierno giraría hacia la moderación

El proyecto de reforma judicial del gobierno está en plena elaboración y se habla de que hay dos variables. La más extrema propone una licuación de las competencias del fuero federal porteño convirtiendo en juzgados federales todos los juzgados nacionales de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y diluyendo así entre unos 70 magistrados el poder de los 12 federales que habitan el tan cuestionado edificio de Comodoro Py. Esta postura, que le adjudican al Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, presenta muchos cuestionamientos. Por ejemplo, habría así una justicia federal con distintas competencias, unas para la Ciudad de Buenos Aires y otras para los juzgados federales del interior del país. La opción más moderada es unificar la competencia de ese fuero con la de los jueces de los fueros penal económico y penal tributario, que son muchos menos.

En cuanto al sistema informático de sorteo de causas, en el gobierno se asegura que el mismo “es manipulable por la mano del hombre y eso lo vuelve menos confiable”, así que se pretende modificarlo.

En relación a los mecanismos de selección de jueces, los concursos tienen tres etapas: la presentación de antecedentes, el examen escrito y la entrevista personal. En la actualidad, un juez puede posicionarse en los primeros lugares de un concurso si realiza un buen examen y reúne buenos antecedentes pero ese posicionamiento puede verse luego violentamente alterado por las entrevistas personales. Eso permite que a veces las ternas -que el Consejo eleva luego a la Casa Rosada- pueden no resultar representativas de la idoneidad de los concursantes. Este hecho generó que varios jueces y profesores convocados para integrar jurados para los exámenes de los concursos declinaran de aceptar el convite,

Para corregir las falencias de los concursos, una de las vías que estudia el oficialismo es promover un tope al puntaje que se pueda asignar a los concursantes en las entrevistas, de modo de que el impacto sea menor y que un candidato que estaba ubicado, por ejemplo, después de los diez primeros, no pueda llegar por arte de la magia -o de los acomodos políticos- a integrar una terna.

Fiscales y espías

La aplicación del nuevo Código Procesal Penal implicará dotar de mayor poder a los fiscales que serán, en rigor, quienes llevarán adelante las causas y pondrá a los jueces en lugar de controladores del proceso. Para encabezar este cambio el Ejecutivo ya propuso como Procurador General de la Nación -cargo ocupado de manera interina por Eduardo Casal- al juez federal Daniel Rafecas. Como es lógico, hay quienes se preguntan si la misma no implica el surgimiento de super fiscales cuando lo que se cuestiona es justamente el exceso de poder de los jueces federales,

Por último, se procura que la AFI no esté involucrada con el tratamiento de las escuchas judiciales; ni en su elaboración ni en el traslado de su contenido. La oficina encargada de realizar las escuchas judiciales pasó a estar bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia durante la gestión de Cambiemos. Esa decisión fue muy cuestionada durante los últimos cuatro años en los que proliferaron por las medias conversaciones telefónicas de ex funcionarios kirchneristas investigados por la justicia. Eso no había ocurrido cuando dependían del Ministerio Público Fiscal. Podrían regresar a esa órbita. Por otra parte, la interventora de la AFI Cristina Camaño acaba de dictar una resolución limitando la intervención de la AFI en causas judiciales.

Carlos Tórtora

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