Por Guillermo Cherashny.-

La decisión de la Corte Suprema de no revisar la condena de casación contra Amado Boudou provoca la furia del albertismo y el doctorismo, porque esperaban una decisión favorable al ex vicepresidente por la presunta compra del testimonio de Alejandro Vandenbroele, quien habría recibido como pago un hotel boutique en la provincia de Mendoza. Los medios de comunicación que responden al gobierno se cansaron de emitir un video del programa «Animales sueltos» -conducido entonces por Alejandro Fantino- donde Daniel Santoro anticipaba que el testigo Vandenbroele se había reunido con la ministro Patricia Bullrich para pedir 1 millón 500 mil dólares por declarar contra Boudou en el caso Ciccone, con lo cual estaría probada la compra del testimonio, en base a lo cual le pedían la revisión. La Corte sólo se limitó a no opinar y dejar firme la condena. Si la Corte hubiera anulado la sentencia por irregularidades en ese testimonio, se habría producido un escándalo mediático-judicial-político en el cual los supremos no estaban dispuestos a incendiarse.

Para el albertismo y el doctorismo especialmente es una prueba más del lawfare, como llaman a la persecución a los gobiernos populares por parte de la Justicia y los medios, impulsada desde Washington y por el cual se destituyó a Dilma Rousseff y se judicializó la situación de Cristina y Correa.

De este modo, Alberto se tuvo que sumar a la crítica del doctorismo por su no manejo de la Justicia, que ya resulta insoportable a la vicepresidenta y sus seguidores, porque la institucionalización del lawfare significa la caída de todas sus causas judiciales y los kirchneristas más acérrimos arremetieron contra el presidente por su nulo manejo de la justicia.

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