Por Guillermo Cherashny.-

Según informó el matutino «La Nación», la semana pasada se celebró una reunión entre el Gobierno -a través del presidente, su jefe de asesores José Torello y Daniel Angelici- y el juez federal Lijo en donde se acordó que no se citara a su hermano «Freddy» Lijo al Consejo de la Magistratura de modo que la auditoría sobre ese juez -que es el líder de la AJUFE, hoy presidida por el juez Morán, del fuero contencioso administrativo- quedaría en la nada.

Como nadie desmintió al matutino de los Mitre, está claro que esa información es fidedigna y la base de ese acuerdo se originó en una reunión de la AJUFE en el club Cuba, en donde se impuso la consigna «ni uno más», es decir, que después de Freiler no se entregaría ninguna cabeza más.

Pero parece que el nuevo acuerdo permitiría satisfacer las apetencias de Macri entregando las cabezas del camarista Jorge Ballesteros y los federales Rafecas y Canicoba Corral, a cambio de que Comodoro Py no investigue a los parientes y amigos del presidente que se dediquen a la obra pública, de modo que el único empresario que tendría problemas es Enrique Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y vinculado al kirchnerismo.

En cuanto a Jorge Brito, es muy difícil que sea detenido, aunque podría ser procesado pero difícilmente condenado por las declaraciones de Alejandro Vandenbroele que lo implican en el financiamiento de la compra de Ciccone.

Sin embargo, este presunto acuerdo entre el gobierno y Comodoro Py fue roto por el fiscal federal Franco Piccardi, vinculado a Justicia Legítima, que pidió un embargo de 54 millones de pesos contra Angelo Calcaterra, el primo del presidente, y 19 embargos más por 4 millones a directivos de Odebrecht y la empresa italiana Ghela, actualmente la socia mayoritaria de la UTE que tiene a su cargo la obra del soterramiento del Sarmiento que pidió ser investigada a fondo por los camaristas Irurzun y Farah y que ahora debe decidir el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Share