¿Será justicia?

justicia en movimiento

Durante la crisis terminal del gobierno del Dr. Fernando de la Rúa, en agosto de 2001, se decretó un recorte salarial. En aquella oportunidad los magistrados de la Justicia se negaron a que se les aplicara a ellos con argumentos insostenibles.

Hoy se niegan a tributar el Impuesto a las Ganancias pretendiendo un privilegio que en modo alguno les corresponde.

El egoísmo de aquellos días sigue después de 16 años.

El 1º de agosto de 2001, publicamos en La Nación una carta intentando rebatir los argumentos del Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Dr. Juan Carlos Fernández Madrid.

Los argumentos en ella expresados continúan teniendo actualidad conforme la absurda y egoísta pretensión de las actuales autoridades judiciales respecto al tributo sobre Ganancias, especialmente tratándose de quienes acaban de aumentar “per se” sus generosos ingresos.

Esto decíamos:

“Señor Director:

“El 19 de julio de 2001, publicó LA NACION las expresiones del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Juan Carlos Fernández Madrid, respecto del rechazo al recorte salarial que se efectuará al resto, o casi, de la sociedad.

Sus reflexiones sobre que “el Poder Judicial no ha dilapidado recursos ni es responsable de los hechos económicos que motivan la situación” encierran una cruel parábola de las distintas reacciones humanas ante una situación límite.

Y a la luz de la crisis que nos abraza sin distingos y requiere de todos los argentinos una actitud solidaria, las citadas expresiones suenan, como mínimo, inoportunas.

No importan ahora los fundamentos morales (“el derecho de la sociedad de contar con jueces independientes”) ni legales (“la intangibilidad impuesta por la Constitución”) esgrimidos por el señor Fernández Madrid. En un debate serio ambos argumentos podrían ser fácilmente rebatidos; desde el probado hecho de que no necesariamente los jueces más humildes son menos independientes que los de vida rumbosa, hasta el hecho de que incluso a ciertos derechos constitucionales se puede renunciar con justa causa. ¿Y cuál causa sería más justa que la solidaridad?

Por otra parte, cabría recordarle al señor Fernández Madrid que los jubilados, maestros, médicos, obreros, desocupados, empleados públicos, por citar unos pocos, tampoco son responsables “de los hechos económicos que motivan la situación”, menos aún del déficit de $ 12.000.000 del Poder Judicial, estimado en el doble para el año en curso. Entonces: ¿quién “ha dilapidado recursos”?

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, lamentablemente, al amparo de fríos y egoístas argumentos, ha perdido una de las oportunidades más gratificantes que tiene el ser humano: el ser solidario ante una comprobada necesidad general, sin importar incluso las ideologías políticas ni la posición cívica que se posea ante las causas de la crisis.

Juan Manuel Otero

juanm.otero@usal.edu.ar

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4 comments for “¿Será justicia?

  1. Oscar Tavani
    10/06/2016 at 12:48 PM

    Si mediante la aplicación de impuestos se reducen los ingresos del poder judicial no quiero pensar adonde terminaría la “independencia” de magistrados y funcionarios, ya de por sí dudosa por su politización. No es un privilegio, apunta a asegurar una mayor independencia de los otros dos poderes del Estado que son los que imponen las cargas impositivas y el presupuesto, siendo el judicial el más débil de los tres poderes. Con la exención del pago del impuesto a las ganancias al menos se puede protestar por las coimas, caso contrario… A llorar a la llorería.
    De mayor gravedad es el privilegio del fuero de los legisladores, y la circunstancia de que se aumentan las dietas sin control de nadie, a más de los negociados y ventas de los votos en el recinto, y ante ello ¿Quién se está quejando?
    No es pagando el impuesto a las ganancias que mejorará la administración de justicia sino logrando que sea más efectivo y serio el control sobre la designación y práctica de las funciones de magistrados y funcionarios, aparentemente restringida al Consejo de la Magistratura. Antes de la creación de este organismo que deja mucho que desear el control de los magistrados y funcionarios lo ejercían los diputados.

  2. Alberto Galeano
    10/06/2016 at 1:46 PM

    Señor Otero:
    He leído con mucha atención el artículo al cual no le hago comentario sino que quisiera conocer su opinión de acuerdo a la pregunta que sigue:
    los que usted, respetuosamente, denomina “La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”, cree que son personas integrantes de una “VERDADERA JUSTICIA”?.
    Me adelanto a su respuesta y le doy mi punto de vista; desde hace décadas estamos en manos de individuos que son muy bien representados por los Oyarbide, Zaffaroni y no sigo ya que la lista es muy larga.
    Mis cordiales saludos.

  3. Soy Sionista, Pro-Britanica y Nuevo Orden Mundial ex-Carla Fridman (o, bueno: no soy, la clono)
    10/06/2016 at 7:23 PM

    Nuestros jueces son basura. Pero en su artículo de hace unos días que ilustra también este tema, al Dr. Chevallier Boutell le faltó articular el interés político en sobreseer a su cliente.

    Que lo hay. Pero como no es argumento habitual en el foro, suele silenciarse, cuando en realidad estos juicios son juicios políticos. Y los defensores que no esgrimen argumentos políticos colaboran en mantener la ficción que condena políticamente a sus clientes.

    No lo expondré (le corresponde hacerlo al defensor, el Dr. Chevallier Boutell), sino que para comparación explicaré el punto con otro caso. En otra nota, claramente política, dice el director de E I P, el Dr. Carlos Tórtora:

    “las fuerzas de seguridad federales saben muy bien que, si tienen que reprimir, sus mandos serán luego fulminados por los fiscales de Alejandra Gils Carbó”

    Faltóle decir al Dr. Tórtora que si no reprimen, aunque los muertos los maten otros, los pagarán esos mandos, hasta el máximo nivel del Poder Ejecutivo. (Salvo que tuvieran cosa juzgada, como ocasionalmente le ocurrió a Fernando De la Rúa).

    Bien; exponer eso de manera desarrollada hubiera sido exponer el interés político en contar, para la defensa del Estado y ante el caso de disturbios, con el uso posible, prudente y eventual del instrumento de la represión.

    Justamente tienen un caso a la vista, donde también faltó el argumento político (y la consecuente capacidad de lobby, que apareja). Un caso que pongo para compararlo con la ausencia de argumento político en la presentación del Dr. Chevallier Boutell, y cuyo concepto, en este otro caso, exige desarrollar la siguiente idea: “si Macri quiere contar con fuerzas de seguridad, este otro caso debe terminar sobreseyendo al imputado.”

    ¿Cuál es este otro caso que pongo por comparación? El de los siguientes hechos:

    ————————

    La policía no reprimió a nadie cuando renunció De la Rúa.

    No hubo represión. Igual que en los eventuales futuros disturbios en estos próximos meses, los muertos los produjeron aquellos a quienes les beneficiaba matar.

    A la mañana de aquel 21 de diciembre, los manifestantes contra el ajuste no trajeron problemas graves: ni heridos, ni muertos, ni violencia entre sí.

    A la tarde las filmaciones en internet muestran numerosos manifestantes en campera. No fue que se levantó frío, sino que vino otra gente. En varios casos se secuestraron armas “tumberas”, que se portaban escondidas bajo las camperas.

    Todos los muertos con armas de fuego lo son por balas de esas armas tumberas.

    Y todos los muertos tienen heridas a corta distancia (menos de 150 centímetros) evidenciadas por el círculo de pólvora detonada. Eso es un hecho adquirido en la instrucción de esa causa.

    La policía nunca se acercó a menos de cincuenta metros de los manifestantes. Eso es otro hecho adquirido en la instrucción de la causa.

    Por eso tras condenar a Enrique Mathov y al Comisario Santos en primera instancia, al presente -seis de junio- los jueces no saben como fundar el fallo.

    Deben dar a conocer los fundamentos el 4 de agosto.

    O sea que los condenaron sin redactar los fundamentos y después se avivaron de que no pueden fundamentar la condena.

    Tampoco se condenó a De la Rúa, como lo quiere en EIP el articulista KK Kruse y miente sin vergüenza, porque ya antes había sido sobreseído en su responsabilidad por estos mismos hechos.

    Gran escándalo gran.

    Eso pasa por querer atacar al pueblo de Dios, decía un poco picantemente en otros comentarios sobre este tema. El Dr. Enrique Mathov es un respetado abogado judío.

    Y cum grano salis agregaba, “Ya sé que el Crio. Santos *todavía* no es del pueblo de Dios, pero prometió convertirse si el fallo se anula.”

    ———————–

    Para resumir:

    El argumento político, respecto al planteo del Dr. Tórtora sobre la posible negativa a reprimir por temor a Gils Carbó, es “si no reprimen, aunque los muertos los maten otros, los pagarán ellos”.

    El argumento político, en el presente caso de Mathov, es “si condenan sin pruebas a los funcionarios de De la Rua, lo mismo les espera a los de Cambiemos si deben enfrentar disturbios en que les produzcan muertos para endilgárselos”.

    El argumento político, en el caso del Consejo de la Magistratura de la futura remoción de Torres, Cattani, Irurzun y Farah, es “si no los remueven ahora y como serio aviso para los otros magistrados, el plan sistemático se lo endilgarán a quienes no posean la buena fortuna de tener cosa juzgada como le tocó a Fernando De la Rúa”.

    Los abogados no podemos silenciar argumentos decisivos para mantener la ficción de que estos casos no son políticos.

  4. roberto
    10/06/2016 at 7:35 PM

    El tema de la inconstitucionalidad, al “tocar” los sueldos de los magistrados, paso en muchas partes del mundo.
    En USA no lo permitieron, pero dieron la solución, “—- por ley a partir del año que viene, todo nuevo juez pagará ganancias .—-” de ese modo no le sacaron nada a quien todavia no tenia el sueldo.

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