Por Roberto Fernández Blanco.-

La gente suele confundir el concepto ESTADO con el concepto INSTITUCIONES del ESTADO, dos conceptos bien diferentes.

El ESTADO es la organización política superior que integra la población de un territorio, dotada de poder Soberano, esto es, la Autoridad Suprema e independiente. (RAE, Real Academia Española).

En lenguaje llano, el ESTADO es un consorcio, el “Soberano Consorcio de Ciudadanos”, y este consorcio es el núcleo, la sustancia que constituye la naturaleza del cuerpo comunitario, el colectivo social, el que genera y multiplica la riqueza como sumatoria de los bienes y servicios producidos por los ciudadanos.

En su organización, el “Consorcio Estado” se apoya y cimenta en tres ramas (instituciones) administrativas subsidiarias (esto es, al “exclusivo servicio del Soberano Consorcio de Ciudadanos”) que son: la Administración Ejecutiva, la Administración Legislativa y la Administración de Justicia, las tres previstas para operar con independencia de poderes y todas ellas dentro de los limitados alcances de las atribuciones delegadas por el Soberano Consorcio de Ciudadanos tal como son explicitadas en el Reglamento Constitucional del Consorcio Nacional (Constitución Nacional).

En síntesis, el núcleo, el cuerpo social, es el Consorcio Estado (el Soberano) y lo subsidiario son sus instituciones administrativas en las cuales las obligaciones y responsabilidades -al riguroso servicio de la ciudadanía- están a cargo de empleados públicos a sueldo, funcionarios “mandatarios” actuando dentro de las atribuciones preestablecidas y dentro del alcance del mandato (en tiempo y contenido) concedido por los ciudadanos mediante elecciones democráticas.

En consecuencia el ESTADO [Soberano Consorcio de Ciudadanos] es -en su esencia- un muy fructífero árbol de sólidas raíces pero -en la actualidad- convertido en un ESTADO FALLIDO con sus RAMAS INSTITUCIONALES [Ejecutiva, Legislativa y Judicial, en Nación, Provincias e Intendencias] invadidas y contaminadas por una persistente parasitosis de venales funcionarios [empleados públicos a sueldo y al supuesto servicio del Soberano] que, asumidos con pretensiones autoritarias y eludiendo sus obligaciones como mandatarios, se erigen como autoritarios representantes que sin consultar a sus patrones [el pueblo] generan administraciones perdularias y malversaciones de los bienes públicos según sus particulares y antojadizos intereses, imponiendo con descaro crecientes cargas impositivas para cubrir y satisfacer sus arbitrarios gastos, incluyendo [en los más altos niveles de la responsabilidad política], arbitrarias tomas de deuda que quedan a cargo del consorcio ciudadano y la arbitraria emisión de cantidad de moneda con la que encubren el mayor grado de corrupción y alimentación del latrocinio que ha venido desatando el acelerado crecimiento espiralado de expoliación de riqueza del pueblo productivo con su destructiva consecuencia, la descontrolada pauperización social que hoy sufre el ciudadano argentino.

En este decadente proceso de involución generado por las secuelas del obsoleto sectarismo marxista mesiánico populista, el Soberano Pueblo Argentino deberá gestar su democrática rebelión para despojar a sus empleados públicos [funcionarios de todo rango] de todas las veleidades de poder que han venido desplegando, forzándolos a su condición de empleados públicos al exclusivo servicio del Soberano Pueblo y encorsetándolos a las limitadas atribuciones que han sido establecidas para el ejercicio de sus funciones, atribuciones que no podrán rebasar, limitándoles los gastos, impidiéndoles tomar deuda pública e impidiéndoles la emisión monetaria mediante la única vía irreversible, la de la eliminación del peso nacional con la adopción libre de unidades monetarias internacionales a decisión del ciudadano en su libre acción de intercambio de bienes y servicios, con el beneficio adicional de facilitar a los emprendedores un sustancialmente más fluido comercio internacional y sus derivados beneficios para el desarrollo productivo de nuestra nación.

Share