El que avisa no traiciona

Por Hernán Andrés Kruse.-

Durante la campaña electoral de 1989 el entonces candidato presidencial por el justicialismo, Carlos Menem, prometió que de llegar a la Casa Rosada impulsaría un salariazo y ejecutaría una revolución productiva. Una vez instalado en el poder, el riojano archivó sus promesas electorales. Impuso desde el vamos una economía popular de mercado que en la práctica implicó un feroz ajuste sobre el pueblo y la privatización de todas las empresas estatales. Años más tarde Menem reconoció que si en la campaña electoral decía la verdad, si confesaba lo que realmente pensaba hacer si ganaba la elección, seguramente Angeloz lo hubiera derrotado ampliamente. Menem reconoció que le mintió al pueblo para ganar la elección. Lo engañó de manera aviesa, lo subestimó, lo trató como a un adolescente.

Hace unos días los precandidatos a la presidencia por JxC, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, se hicieron presentes en la Sociedad Rural. A diferencia de Menem, ambos reconocieron que, si llegaban a la presidencia, no dudarían en aplicar un plan de ajuste impiadoso. Como reza el título de la presente nota, el que avisa no traiciona. Bullrich y Larreta acaban de notificarles a los argentinos el plan económico que pondrán en práctica en caso de triunfar en las elecciones que se avecinan.

Como bien señala David Cufré en su artículo “Los planes que blanqueó JxC en la Sociedad Rural” (Página/12, 15/4/023), no dudarán en tomar las siguientes medidas: 1) devaluación de la moneda; 2) ajuste violento del gasto público; 3) privatización o cierre de empresas estatales; 4) eliminación de ministerios y programas; 5) apertura de las importaciones; 6) quite de las restricciones a la compra y fuga de capitales; 7) suba de las tarifas de luz, gas, agua y transporte; 8) aumento de la edad jubilatoria; 9) reducción de los subsidios; 10) fin de las moratorias; 11) reforma de las leyes laborales; 12) reemplazo de la indemnización por despido por un seguro; 13) eliminación de las retenciones a las exportaciones; 14) achicamiento de las contribuciones patronales a la seguridad social; 15) disminución de los impuestos al patrimonio; 16) aplicación de la mano dura para combatir la conflictividad social.

He aquí una radiografía de un programa de ajuste clásico, ortodoxo, similar a los que aplicaron Carlos Menem y Mauricio Macri. Si JxC accede al poder en diciembre la historia, lamentablemente, se repetirá. Porque quienes se harán cargo del gobierno son los mismos que fracasaron mientras estuvieron en el gobierno entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019. El equipo económico de Patricia Bullrich está encabezado por el diputado nacional Luciano Laspina, mientras que Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Macri, encabeza el equipo económico de Larreta. López Murphy, Martín Tetaz, Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne secundan a Laspina, mientras que Eduardo Levy Yeyati secunda a Lacunza. Gane Bullrich o Larreta, una victoria de JxC implicaría el retorno del macrismo al poder.

Bullrich y Larreta coinciden en la imperiosa necesidad de aplicar un programa económico ortodoxo. Pero mientras la ex ministra de Trabajo de De la Rúa es partidaria del shock, el jefe de gobierno porteño es partidario del gradualismo. Afirmó Bullrich: “No necesitamos un cambio a medias o de algunas cosas. No necesitamos un cambio tibio. Necesitamos un cambio que debe ir a las raíces. No podemos demorar seis meses en hacer las cosas, no tenemos más tiempo”. “No podemos seguir diciendo que no podemos, que venimos de a poco, que venimos al trote y no al galope”. Por su parte, Larreta sentenció: “No voy a resolver todos los problemas el primer día, me van a aplaudir, pero eso no es serio. Acá no hay recetas mágicas”. “Acá hay que pensar, planificar, hacer un plan a largo plazo, hay que laburar mucho. Yo tengo experiencia en gobernar, sé establecer un plan, fijar objetivos e ir a buscar las leyes que se necesitan. Sé trabajar en equipo. No les voy a venir con promesas falsas, estamos hartos de eso”. Se trata, qué duda cabe, de una diferencia instrumental. Porque en definitiva tanto Bullrich como Rodríguez Larreta están convencidos de las bondades de la misma receta: el ajuste estructural.

Para tener una clara idea del significado del ajuste estructural, nada mejor que leer el ensayo de José Antonio Sanahuja (Universidad Complutense de Madrid) titulado “Ajuste estructural”. Escribió el autor:

“En torno a 1980 la crisis de la deuda externa dio paso a la denominada «década perdida para el desarrollo». Caída de la producción y de la renta, desequilibrios macroeconómicos, asfixiante endeudamiento externo, inestabilidad política y social y empobrecimiento de las clases medias y los sectores populares han sido la realidad dominante durante la década. En muchos países el debate económico dejó de girar en torno a las distintas estrategias de desarrollo para centrarse en los problemas más acuciantes de la supervivencia económica a cualquier precio. Y el precio ha sido muy alto. La vulnerabilidad producida por el endeudamiento obligó a muchos países a olvidar las estrategias nacionalistas de desarrollo y las reivindicaciones de un «Nuevo Orden Económico Internacional», y ponerse en manos del FMI y el Banco Mundial a fin de reprogramar la deuda y recuperar el crédito externo. País tras país, estos organismos impusieron drásticos «Programas de Ajuste Estructural» (PAE). Descartando metas de crecimiento económico y mantenimiento de los niveles de vida frente al objetivo último del pago de la deuda, estos programas han orientado recursos productivos detraídos del consumo y la inversión, a una escala desconocida, a exportar y generar las divisas que hicieran posible tal pago.

El ajuste fue, por esta razón, más una brutal readecuación de las economías al pago de la deuda que una solución a la crisis. Pero lo más importante es que la adopción de los PAE ha supuesto un fuerte traspaso de soberanía nacional al FMI y al Banco Mundial y a través de ellos a los países industrializados que dominan ambas instituciones. El ajuste ha sido uno de los verdaderos rostros de la relación norte-sur, el vehículo para prescribir la ortodoxia neoliberal y restringir la libertad de elegir un modelo propio de desarrollo. El Ajuste ha significado, con la anuencia de las élites y los Gobiernos locales, el abandono del modelo económico de décadas anteriores y la aplicación de un modelo de desarrollo «hacia afuera», incorporando a los países en desarrollo a la gran corriente de la globalización de las finanzas y el comercio internacional (…).

Los «programas de estabilización» o «ajuste macroeconómico» se han concentrado en objetivos de corto plazo como la reducción del gasto público y la demanda interna, que permiten reducir los déficit de la balanza de pagos y controlar la inflación. Los programas de ajuste estructural (PAE), por el lado de la oferta, pretenden adaptar a largo plazo la estructura productiva de un país a las exigencias del mercado mundial. Aunque los primeros fueron responsabilidad del FMI y los segundos del Banco mundial, a lo largo de los ochenta las fronteras entre estabilización y ajuste se han difuminado y las funciones de ambas organizaciones han llegado a confundirse. Los PAE suelen tener una duración de uno a cinco años. Su contenido ha sido resumido como «la política de las tres D»: deflación, devaluación. desregulación. En lo referido a la deflación, se pretende desacelerar («enfriar») el crecimiento y la demanda interna para reducir las importaciones y disminuir el déficit. Para ello se aplican las siguientes medidas: Control estricto de la oferta monetaria y reducción de la disponibilidad de crédito. Aumento de los tipos de interés y eliminación del crédito subsidiado para los campesinos, la industria nacional, la adquisición de vivienda y para financiar el déficit público. Reducción del déficit fiscal, lo que implica medidas de austeridad como recortes en el gasto público corriente y de inversión -exceptuando el gasto financiero para pagar la deuda-, especialmente en los sectores sociales (salud, educación); reducción de plantillas y congelación de salarios de los empleados públicos; eliminación de los subsidios a fertilizantes, combustibles, transporte, bienes de consumo popular, y aumento de las tarifas de los servicios esenciales que provee el Estado (agua, energía…). Reforma fiscal para aumentar los ingresos. Según el enfoque monetarista, generalmente aumentan los impuestos indirectos o al consumo -IVA-, al tiempo que se recortan los tipos marginales de los impuestos directos a la renta, al patrimonio y a los beneficios empresariales.

El objetivo de la devaluación es reducir el déficit comercial. La devaluación encarece las importaciones, y por lo tanto su demanda en el mercado nacional, y tiende a promover las exportaciones reduciendo los precios internos -uno de los cuales es el del factor trabajo- aumentando la competitividad internacional de la producción exportable. Por otro lado, incentiva a los productores nacionales a vender en mercados externos, en los que obtienen divisas y, al cambio en moneda nacional, ingresos superiores. El FMI y el Banco Mundial suelen insistir en que la devaluación ha de serlo en términos reales (es decir, en relación con el poder de compra de otras monedas y no sólo respecto de su valor nominal) y se han de evitar subsiguientes alzas en los precios internos que neutralizarían sus efectos, en concreto mediante políticas de contención salarial que reduzcan el valor real de las remuneraciones. En lo referido a la desregulación, se pretende dar a los mercados -a los que se supone conducentes per se a la máxima eficiencia económica- el papel principal en la asignación de recursos, con una política de «precios correctos» basada en la reducción o eliminación de la regulación estatal. En esta dirección se aplican medidas como las siguientes: Eliminación de subsidios y controles de precios y salarios, incluyendo las «canastas básicas» alimentarias; eliminación de controles cambiarios y liberalización de los mercados financieros.

Desregulación de los mercados laborales, reduciendo la cobertura de la protección social. Reformulación de las relaciones laborales, disminuyendo el poder de los sindicatos y la negociación colectiva. Reducción del papel del Estado en la dirección y/o planificación de la economía. Privatización de las empresas estatales y los servicios públicos. Apertura comercial, desgravación arancelaria; desmantelamiento de medidas de protección a la producción nacional, y eliminación de las restricciones y reglas a la inversión extranjera. En el marco del ajuste son frecuentes además algunas políticas sectoriales orientadas a transformar la estructura de la economía. Las más comunes son la promoción del sector exportador, especialmente los llamados sectores «no tradicionales» como las «maquilas» o industrias de ensamblaje, o la «agricultura de cambio» (hortalizas de invierno, plantas ornamentales y frutas frescas), mediante exenciones fiscales y aduaneras, y medidas legislativas como la creación de «zonas francas» al margen de la fiscalidad y la legislación laboral vigente. Estas medidas se relacionan con la promoción de la inversión extranjera en estos sectores. También es común el apoyo al sector privado y sus instituciones (organizaciones empresariales), reforzando su capacidad de negociación ante los poderes públicos. Estas medidas contradicen la retórica anti-intervencionista del «Estado mínimo» que acompaña a los PAE, y muestran que intervencionismo estatal se ha desplazado del sector agrario e industrial orientado al mercado interno hacia los sectores exportadores y el capital transnacional (…).

La crisis de los ochenta hizo inevitable el ajuste, y aquellos países que retrasaron hasta el final la adopción de los PAE sufrieron en mayor medida el impacto de los desequilibrios. El hecho de que el ajuste fuera ineludible, sin embargo, no debe ocultar que existen modalidades de ajuste muy diversas, dependiendo de la disponibilidad de financiación externa, de la capacidad de negociación del país afectado y de la correlación de fuerzas políticas y sociales existente en cada país. El marco temporal, por ejemplo, puede ir desde el tratamiento de «shock» hasta el enfoque gradualista, y los costes pueden distribuirse de una manera más o menos equitativa entre los distintos sectores productivos y las distintas clases sociales (Haggard y Kaufmann: 1991) En general, el FMI y las élites económicas nacionales han optado por una modalidad de ajuste traumática y cuyos costes se han concentrado en los asalariados, las clases medias y los grupos populares urbanos. Los PAE han contribuido a hacer más precarios, polarizados y heterogéneos los mercados de trabajo, han debilitado la capacidad negociadora de los trabajadores y han disminuido su participación en el reparto de la renta nacional, aumentando la desigualdad en la distribución de la renta. De esta forma, el FMI ha hecho atractivas las condiciones laborales de los países del Sur para la inversión extranjera y la actividad de las empresas transnacionales. Los servicios sociales, que representan un «salario social» en favor de los trabajadores, también se han visto afectados por las medidas de contención del gasto público, y la pobreza ha aumentado incluso entre los asalariados y las capas medias. Como señaló el sociólogo Manuel Castells, los PAE han consistido, básicamente, en «sanear las economías para la inversión internacional aun a costa de destruir las sociedades», El País, 15 de febrero de 1994, p. 13.