Fragilidad laboral, inflación y falta de inversión

Casaretto-Moyano

En un duro documento, la Iglesia advirtió sobre la “fragilidad de la condición laboral de miles de argentinos”, la desnutrición infantil y la situación de quienes “viven en la miseria y no cubren sus necesidades más elementales”. Además, reclamó a las autoridades “no desoír” estas señales de alarma. La diputada nacional y referente de Progresistas, Margarita Stolbizer habló acerca del anuncio del veto presidencial a la Ley Antidespidos, sancionada el pasado miércoles 18/05 en el Congreso de la Nación. Lo calificó de un “grave” error político y tildó de equivocadas las políticas que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos. El titular del BCRA se presentó ante un plenario de comisiones del Senado donde ratificó la meta de 5% de inflación para el final del mandato de Mauricio Macri, en 2019. Dijo que lo mejor para reactivar la economía es dominar la suba de precios.

Este domingo 22/05, la Iglesia advirtió sobre la “fragilidad de la condición laboral de miles” de argentinos, la desnutrición infantil y la situación de quienes “viven en la miseria y no cubren sus necesidades más elementales”. Le reclamó además a las autoridades “no desoír” estas señales de alarma. La Comisión Episcopal de Pastoral Social ratificó la importancia del “diálogo y la amistad social” para alcanzar consensos. Lo hizo mediante en el documento final de la Semana Social que reunió en Mar del Plata a dirigentes políticos, sindicales, empresarios y laicos. “Preocupan la fragilidad de la condición laboral de miles de hermanos y las situaciones de precarización laboral en que están inmersos buena parte de los trabajadores, que no tienen acceso a sus derechos sociales ni protección del Estado y que son señales de alerta que no se pueden desoír”, asentaron en el mensaje final del encuentro. “Hemos ratificado el compromiso de la opción preferencial por los pobres. Nos preocupan los rostros concretos de quienes viven en la miseria y no cubren sus necesidades más elementales. Particularmente tuvimos en cuenta la necesidad urgente de una adecuada nutrición infantil”, se agregó.

Por otro lado, el organismo episcopal, que preside monseñor Jorge Lozano, citó el documento de los obispos “El Bicentenario, tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos”, y exhortó a “abrir el futuro para una Argentina fraterna y solidaria, pacificada y reconciliada, condiciones capaces de crear una Nación para todos”. “En este contexto, de la celebración del Bicentenario de la Patria, queremos alentar el fortalecimiento del sistema democrático, la independencia de los tres Poderes del Estado, promoviendo la participación ciudadana”, cerró. Raúl Zylbersztein, presidente de la Federación Económica de la Ciudad (FECIBA), instó, por un lado, a todas las fuerzas políticas del ámbito legislativo a elaborar “una norma más inteligente” que tenga como centro a la mayoría de los trabajadores y, por el otro, dijo que “ahora es fundamental seguir trabajando para implementar correctamente las medidas lanzadas por el Gobierno para que no sólo formen parte de un anuncio”. Los datos surgen de un relevamiento interno llevado a cabo por FECIBA y sus cámaras asociadas, desde el 01/01 hasta el 10/05. Los resultados son reveladores en el marco del debate del proyecto de la Ley de Emergencia Ocupacional y otras iniciativas anexas que se tratarán hoy miércoles en el recinto de diputados. El informe detalló que “la inflación de productos y materias primas, la indexación de facturas por parte de las empresas concentradas, las subas desmedidas en las tarifas de los servicios públicos y los combustibles, la altísima presión tributaria y una sustancial baja en las ventas, ocupan los primeros puestos entre las causas que están desmoronando el capital de las pequeñas industrias, habiendo repercutido entre 77% y 93% en la debacle”.

En tanto, señaló que “la apertura indiscriminada de la importación, la inseguridad jurídica desencadenada por las deficientes leyes laborales que enriquecen a abogados y peritos, la competencia desleal y los problemas de financiamiento devenidos de las altísimas tasas de interés, se ubican en el segundo lugar, con una incidencia negativa de entre el 48% y el 73% en la caída de las empresas que ya cerraron sus puertas o están a punto de hacerlo”. De cara al futuro, la variable de proyección también anticipa que a todo lo anterior “se suma la incertidumbre por las próximas subas salariales que las empresas tendrán que afrontar y el pago del medio aguinaldo que deberá concretarse en junio”. El sondeo aclara que “fundidas” no significa “cerradas”, porque si bien hay muchísimas que suspendieron las actividades (alrededor de un 4,4% del total), el restante 5,6% “mantiene una producción mínima con un reducido plantel de trabajadores, en el caso de las industriales, y bajó la calidad y la cantidad de sus prestaciones, en aquellas que se dedican a brindar servicios”. Ante este escenario, Zylberzstein reiteró que “ninguno de los proyectos opositores de emergencia ocupacional contemplan esas problemáticas”, y agregó que “los empresarios chicos ven caer sus ventas y, en consecuencia, no tienen más remedio que bajar la producción a ese nivel o, en los peores casos, cerrar sus puertas rápidamente, intentando salvar algo de su capital”. En este contexto, el titular de la cámara que agrupa a la mayoría de las empresas pequeñas del país destacó que “se necesita la inmediata sanción de una Ley de emergencia pyme” porque resaltó que esa “sería la verdadera ley de protección integral para los trabajadores, sus puestos de trabajo y las empresas que lo generan”.

A su vez, agregó que “la ley de Emergencia Pyme debe proteger a quien da más trabajo; quitar la presión tributaria sobre los salarios tomándolos a cuenta de IVA, desactivar la carga que representan las ART, e imponer, como otros países de la región, una carga tributaria simplificada y diferenciada para las pequeñas empresas”. Por el contrario, explicó que “con la Ley antidespidos las pymes que aún quedaron en pie estarían yendo inevitablemente hacia la quiebra” porque resaltó que “ no disponen hoy de capital para poder afrontar despidos”. En ese sentido, reconoció que “con esa norma las pequeñas empresas directamente cerrarán sus puertas, lo que generará una sangría aún más importante, en la que no habrá ni doble ni simple indemnización, porque directamente no habrá más trabajo”. También expresó que el proyecto que tratará la cámara baja debería “apuntar sólo contra los despidos masivos de las grandes empresas que superen un alto porcentaje de la nómina general, y no casos puntuales”. De esa manera, señaló que “la ley evitaría el veto del Gobierno y una situación conflictiva que no le hace bien a ninguna actividad sensible ni a la sociedad en su conjunto”. Por otra parte, el dirigente reconoció como “positivas” las medidas anunciadas por el Gobierno la semana pasada en beneficio de las pymes, pero afirmó que, “deben implementarse de manera urgente” y que, en el corto plazo, “es necesario que se generen más acciones para fomentar el trabajo en el sector”. Pocas horas antes del anuncio, el dirigente había asegurado que tanto la ley antidespidos como también su posible veto ponen en riesgo al 80% del empleo del país”.

Duro diagnóstico de la consultora Ecolatina, fundada por el exministro de Economía Roberto Lavagna y luego conducida por su hijo Marco hasta que éste asumió su banca de diputado nacional por el FR de Sergio Massa. Con un dólar a punto de perforar los $14, Ecolatina advirtió que la Argentina “vuelve a entrar en un ciclo de atraso cambiario”, en un escenario en el que el Gobierno “no tiene presiones alcistas sobre la divisa, sino que va a hacia un nivel inferior al actual”. Sobre este punto, la consultora argumentó en su último informe que “volvemos a entrar en un ciclo de atraso cambiario, con el inconveniente que si bien el BCRA presenta un esquema de flotación de no intervenir en el mercado de cambios y de aumentar el flujo de divisas, la reducción del tipo de cambio real tendería a deteriorarse aún más”, analizó Federico Semeniuk, gerente de Estrategia Financiera. En declaraciones a Radio Continental esta mañana (23/5), Semeniuk explicó que el Banco Central “puede acumular reservas, pero acumularlas con moneda doméstica con lo que inyecta más pesos en la economía y eso va en contra del objetivo del Gobierno de reducir la emisión monetaria”. Y en esa línea, enlazó con la inflación: “Sin el efecto de nuevas correcciones tarifarias esperamos que se modere, pero estimamos que el nivel de la inflación para el cierre del año va a estar bien por encima de los niveles que el BCRA se puso como meta”. Acerca del ingreso de inversiones, el especialista tampoco fue optimista: “no se trata de cuan lejano sino que calidad de divisas empiezan a ingresar”. “Esperamos primero divisas más financieras, que son bienvenidas pero esperaría más divisas productivas ya que serían útiles para un crecimiento de largo plazo y esas las veo más lejanas. Para ello el Gobierno debe dar señales de una economía ordenada”, sentenció Semeniuk.

La diputada nacional del Gen, Margarita Stolbizer definió como un “error político” el veto de Mauricio Macri a la ley antidespidos, que impulsó el peronismo, y dijo que la “agenda de prioridades” del Gobierno “ha sido y sigue siendo equivocada”. La ex candidata presidencial de Progresistas, evaluó que el Presidente promueve “movidas políticamente equivocadas” y que “aún en el entendimiento que ellos tienen del contexto laboral y social, no es bueno un veto de estas características a una ley votada por el Congreso”. A su vez, Stolbizer cuestionó que ve a “muchos” funcionarios “decir que es un momento de ajustarse” cuando “lo natural sería que definieran una prioridad sobre quiénes tienen que pagar y hacer el mayor esfuerzo”. En diálogo con La Red consideró que es “lógico” que “si hay un contexto de dificultad para sostener el empleo, el esfuerzo lo haga quien más ha ganado, quien más tiene”. El pasado viernes 20/05, el presidente Mauricio Macri firmó el veto a la Ley de Emergencia Ocupacional, sancionada por ambas cámaras legislativas, que prohíbe los despidos por 180 días e implementa la doble indemnización. Tras revisarlo con el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, la decisión será publicada el lunes 23/05 en el Boletín Oficial. Es el primer veto de su gestión. “Voy a vetar la ley antiempleo. Es una ley contra los argentinos”, dijo Mauricio Macri en la fábrica Cresta Roja, con la gobernadora María Eugenia Vidal a su lado.

Un día después de haber bajado (18/05) las tasas de interés más de lo que se esperaba, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, asistió al Congreso donde sostuvo la meta de inflación del 5% para el final del gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2019. Además, ratificó que para el próximo año el rango de la suba de precios está estimada “entre el 12 y 17%”. En cuanto a las metas para este año, que inicialmente estaban previstas en un tope del 25%, el titular del BCRA manifestó que “hoy no tenemos metas de inflación porque no tenemos un índice de inflación”. “A partir del mes que viene tendremos un índice que nos va a permitir tener metas de inflación en septiembre”, agregó. En cuanto a 2017, dijo: “En la presentación del presupuesto vamos a tener entre un 12 y 17% de inflación para el año que viene”. La presencia de Sturzenegger en el Senado obedeció a la exigencia de la Carta Orgánica del BCRA, que le ordena presentarse en el Congreso para “informar sobre los alcances de las políticas monetarias, cambiarias y financieras en ejecución”. Ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversiones de la Cámara Alta, Sturzenegger vinculó a la inflación directamente con la emisión monetaria. “El nivel de precios no depende tanto de un precio relativo sino de la liquidez general de la economía”, dijo. “Tengo el convencimiento que lo más reactivante (para la economía) en Argentina va a ser bajar la inflación”, aseguró. Por otro lado, Sturzenegger anticipó que el 15/06 realizará otra exposición ante el Congreso y que el 30/12 presentará el programa monetario. El titular del BCRA destacó que su gestión reinstauró en el país el “régimen de metas de inflación”: que el Central defina qué inflación espera e implemente políticas para alcanzarlo. Sostuvo entonces que la administración macrista busca una “desinflación”.

En este marco, Sturzenegger rechazó controlar la inflación a través de la política cambiaria y puso como ejemplo el desenlace de la convertibilidad (1991-2001): “la pone a la economía en un lugar de rigidez (…) nos crea una institucionalidad que al final terminó generando una rigidez que se resolvió con crisis”, dijo quien fuera viceministro de Economía de Domingo Cavallo durante el gobierno de la Alianza. Reconoció luego que hoy “no tenemos un índice de inflación” y que este es “un año bastante particular porque tenemos reacomodamiento de precios y también geográficos (…) porque los subsidios estaban concentrados en el área metropolitana”. Sturzenegger destacó también que durante abril “la inflación núcleo”, esto es, sin contar el aumento de tarifas a servicios públicos, “se confirmó a la baja”. Por otra parte, el economista hizo votos por la visión de que “los Bancos Centrales para generar credibilidad tienen que tener independencia”. “Tengo mucha suerte porque tengo un presidente que cree en esto y un ministro de Economía que cree en esto y que fue un buen presidente del Banco Central”, reconoció al respecto en alusión a Mauricio Macri y Alfonso Prat-Gay. A continuación, y a pesar de las denuncias a Macri por su “ajuste” en forma de “shock”, Sturzenegger subrayó que el presidente mantiene un “política fiscal gradual” para cumplir con su objetivo de reducir la inflación vía menos emisión monetaria. Se refería a la reducción del gasto público vía quita de subsidios y cesantías en el sector público, entre otras medidas.

El Estado nacional acordó con las provincias la devolución progresiva del 15% de la masa coparticipable que desde 1992 se destina a la ANSES. Más allá de las consideraciones políticas y legales, se trata de una disposición con fuerte impacto fiscal ya que implica una importante pérdida de recursos para la Nación en favor de las provincias. Para hacer frente a esta y a otras decisiones que se vienen tomando a nivel nacional en el marco de una situación fiscal extremadamente delicada heredada de la administración anterior, una de las principales herramientas a la que se está apelando es al endeudamiento. En el caso de las provincias, si bien la recuperación del 15% de coparticipación significa un alivio importante, de todas formas también vienen desplegando una activa vocación por contraer nueva deuda pública. Este retorno al endeudamiento merece ser analizado de cara a las sucesivas crisis de deuda pública que el país sufrió en el pasado. Si bien es escasa la información consolidada de los tres niveles de gobierno, una aproximación se puede trazar en base al comportamiento del empleo público en los últimos años. En este sentido, según la Encuesta Nacional de Hogares Urbanos del INDEC, entre los años 2010 y 2014 se observa que: El total de ocupados creció en aproximadamente 600 mil personas. El 56% fue crecimiento de ocupados en la actividad privada. El 44% fue aumento del empleo público en algunos de los tres niveles de gobierno. Estos datos señalan que la generación de empleos fue baja ya que 600 mil nuevos ocupados en cuatro años equivalen a una tasa de crecimiento de 1% por año. Pero lo más preocupante es que el sector privado generó poco más de la mitad del total de los nuevos empleos. El resto se explica por una masiva acumulación de empleados en el sector público.

Mientras que el empleo privado en los últimos años creció a razón del 0,6% por año, en el Estado aumentó el 2,5% por año. Esta diferencia da una idea de cómo el Estado se hizo cada vez más grande y menos productivo. Salvo excepciones puntuales, el rasgo común en los organismos públicos es la degradación y la falta de sustentabilidad. Es válido el argumento de que resulta recomendable apelar al endeudamiento para instrumentar una transición menos traumática hacia el equilibrio fiscal. Favorece que más de una década de aislamiento trajera como consecuencia una caída en los niveles de deuda pública medida en términos de PBI. En igual sentido opera el elevado “apetito” de los inversores internacionales por prestarle al sector público argentino. Esta oferta se presenta, en parte, por un contexto interno más favorable y, en otra parte, por las escasas oportunidades en el contexto internacional y la caída del otro gran tomador de deuda de la región (Brasil). No menos cierto también es que existen serios riesgos de iniciar, como ya ocurrió varias veces en el pasado, un nuevo ciclo de endeudamiento no responsable. El reingreso al mercado de capitales es una oportunidad para iniciar una etapa de desarrollo sustentable. La condición es que sea utilizado prioritariamente para corregir los déficits de infraestructura heredados y de manera acotada para dar gradualidad al ordenamiento fiscal. Por el contrario, si la vuelta a los mercados se utiliza para preservar desequilibrios fiscales insostenibles y convalidar la mediocridad en la gestión pública, la posibilidad de contraer deuda lejos de ser una solución es la víspera de una nueva crisis.

El entusiasmo por el retorno al endeudamiento debería mesurarse en función de la magnitud del desafío que subyace en la modernización del sector público. Resolver el conflicto con los fondos buitres era necesario para acceder a nuevo crédito. Pero el paso más importante y complejo es usar productivamente esa deuda para transformar la organización del Estado. El gobierno nacional no sólo tiene una enorme tarea de reconstrucción de sus propias dependencias sino también la de fijar reglas a las provincias y municipios para inducir mejoras en la gestión y el uso responsable del endeudamiento. El economista Daniel Artana consideró hoy que a su parecer hubiese sido mejor que el Gobierno aplicara “una política fiscal más dura y una política monetaria más blanda”. “Estamos transitando un semestre malo en términos económicos. La actividad está parada y tiene que ver con la corrección del tipo de cambio y las tarifas”, analizó. En diálogo con “La Red”, explicó que “la apuesta del Gobierno es que vengan capitales del exterior, pero primero van a venir al sector público nacional y las provincias”. Artana aclaró que esto “no quiere decir que había que sacar el déficit fiscal de golpe, porque el déficit fiscal era enorme y nadie, ni el más radical, pedía eso”. “Se necesita una señal fiscal más contundente. Hay un poco de duda entre los economista que van a poder cumplir con la reducción modesta de este año y dudan sobre el año que viene que es de elecciones”, reconoció. Consideró que la economía “debería ir teniendo una mejora en el segundo semestre”, aunque la discusión “sigue siendo cuando vendrá la recuperación y cuando los capitales”.

Resulta muy curioso que el Estado argentino decidiera recurrir a un endeudamiento financiero oneroso para satisfacer sus necesidades de recursos el día que debía pagar deudas antes que disponer un inmediato blanqueo de capitales que hubiese permitido obtener recursos mucho más baratos para el Fisco. Cada vez que se escucha alabar la inteligencia del ministro Alfonso Prat-Gay y su equipo, en mi cabeza no entiendo cuál es el motivo de la ponderación positiva dado que él apeló al recurso más caro para resolver el problema. Tampoco se entiende los motivos para que el funcionario de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, se sienta tan satisfecho por haber promovido algo que nunca le hubieran admitido en la consultora McKinsey, donde se inició laboralmente: la herramienta de mayor costo. Es cierto que el endeudamiento bancario para resolver el pago de capital e intereses incumplidos era un acuerdo entre la Administración Macri y un grupo de instituciones financieras, y también lo es que a la Administración Macri le interesaba recuperar un vínculo estrecho del Estado argentino con los bancos, bajo el supuesto que así se estimula la nueva imagen global y se despejan interrogantes de los inversionistas potenciales. Pero también quiere decir que el blanqueo de capitales no estaba en la agenda inicial de Mauricio Macri tal como sí aparecía la salida del “default” que arrastraba el Estado argentino. En verdad, al blanqueo o exteriorización de capitales se llega más por imposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo al que Macri desea que se incorpore la Argentina, que por iniciativa propia.

La OCDE ha promovido un acuerdo entre países para que desde el 01/01/2017 arranque el intercambio de información tributaria, de personas y empresas. De hecho, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, firmado por 92 países (entre ellos la Argentina) para el intercambio automático de información tributaria, sugiere que los gobiernos empiecen desde 2017 a aplicar una “amnistía” a sus contribuyentes. El requisito es otorgar un “perdón fiscal” antes de la entrada en vigencia de los tratados de información automática entre países, que regirán desde fin de 2018. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, que depende de la OCDE) hace énfasis en que el objetivo consista en blanquear activos no declarados siempre que sean de origen legal. Esta situación queda en evidencia cuando el mencionado Prat-Gay incorpora la restricción “moral” al análisis del blanqueo, que no es un punto de vista en la consideración de la OCDE. Si hay una cuestión “moral” no debería haber blanqueo y si hay blanqueo debería dejarse de lado la restricción “moral”. De alguna manera, Prat-Gay expone un debate que cruza a todo el gabinete de Macri: la amplitud del blanqueo de capitales en marcha. No hay coincidencias entre quienes dicen que un blanqueo restringido alcanzaría para cubrir las necesidades, mientras que otros reclaman un blanqueo bien amplio aun cuando pueda profundizar el atraso cambiario.

Es evidente que hay una suerte de “vínculo de ocasión” entre Prat-Gay, la autoridad tributaria Alberto Abad y la diputada nacional Elisa Carrió, por ejemplo. Sin duda ellos tienen, en esta cuestión específica, una visión bien diferente que la del empresario Nicolás Caputo. Resulta extraño que la sociedad argentina, quizá la que más ha apelado a blanqueos diversos en el mundo, no consiga obtener lecciones de su propia historia para elaborar una herramienta eficiente y definitiva. La corrección/ampliación del blanqueo que elaboró Cristina Fernández de Kirchner (¿recuerdan los Cedines?) hubiese permitido avanzar velozmente en la aprobación legislativa de un texto que ahora demandará mucha polémica. Pero esa acción discrepaba con la errática agenda inicial que ha seguido la Administración Macri, para terminar estacionándose en los lugares previsibles. Rubén Ramallo en “iProfesional” afirma que la percepción que determinará el triunfo o el fracaso de la iniciativa está en función de la confianza que se logre transmitir, así como del marco impositivo que se vaya a aplicar. Para el economista jefe de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), Daniel Artana, es importante ofrecer distintos niveles de multa, según si el dinero queda en el exterior o ingresa al mercado local. En cualquier caso, el monto posible considera que US$ 60.000 millones es un volumen posible, lo que le permitiría al Fisco embolsar unos US$ 5.000 millones. Hay quienes insisten en que estos son números mezquinos, propios de quienes imaginan un blanqueo restringido. Una clave es cómo se castigará impositivamente al dinero ya blanqueado. La continuidad de impuestos como a los Bienes Personales o al Patrimonio atentan contra el éxito del blanqueo o bien contra la continuidad, ya blanqueado el dinero, de ese dinero bajo bandera argentina. Precisamente esos tributos provocaron (y hasta justificaron “moralmente”, ya que a Prat-Gay le importa utilizar ese concepto) la fuga de capitales. No es algo que contemple el tributarista Abad, quien al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos ha sido cómplice o co-responsable de la mayor presión impositiva de la historia argentina.

Blanqueos en Argentina 2009 y 2013: Si bien los términos “lavado de dinero” y “blanqueo de capitales” son algunas veces utilizados como sinónimos, quieren decir cosas distintas: Lavado de dinero es el proceso mediante el cual se encubre el origen de plata obtenida ilegalmente, en actividades criminales como robo, chantaje, inflamiento de la obra pública, narcotráfico, etc. Para poder usar la plata derivada de estas actividades de manera legal hace falta “lavarla”. El blanqueo de capitales es el proceso mediante el cual, plata obtenida en actividades no ilícitas pero que está fuera del sistema por no haber pagado impuestos, es reinsertada al sistema para poder ser usada legalmente. En España se lo conoce como “sinceramiento fiscal”. En Argentina, el Estado ha invitado en reiteradas ocasiones a los evasores a blanquear capitales, la última vez esto fue puesto en práctica por el cristikirchnerismo en el año 2013 (ya había habido otro blanqueo en 2009, en el que se habían captado US$ 4.700 millones). Lanzada en su momento como respuesta del Gobierno de Cristina Kirchner a la escasez de divisas, la iniciativa –llamada “Exteriorización Voluntaria de la tenencia de Moneda Extranjera en el país y en el exterior”- promovió que las personas o empresas que tuvieran dólares no declarados, fuese en el país o en el exterior, reingresaran esas divisas al circuito legal pagando 0 impuestos o multas, y sin tener que declarar el origen de las divisas. Esto fue muy criticado por la oposición ya que iba contra las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –organismo creado en 1989 para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo- e impedía que el país distinguiera entre los activos que provenían de la evasión impositiva y los que provenían de delitos graves.

Pero quien era oposición hoy es gobierno y quien era gobierno hoy es oposición. Todo pasa y todo queda… pero al revés. El Gobierno había creado dos instrumentos financieros entre los que podían optar los que aceptaban blanquear dólares: el Cedin, un certificado del Banco Central para realizar operaciones inmobiliarias y construcción, que se podía recanjear por dólares una vez efectuada la compraventa, y el Baade, un bono en dólares para financiar inversión pública en infraestructura e hidrocarburos. Varios analistas explicaron en ese momento al diario La Nación que el blanqueo no había dado los resultados esperados debido al desacierto en los instrumentos elegidos, y también por la incertidumbre política y económica. Pero, en especial, había temor de que el Estado K terminara castigando a quienes antes había beneficiado. Eso se llama inseguridad jurídica. No puede hacerse un blanqueo en ese contexto. ¡Recuperar la mitad de las divisas que se fugaron en la última década! Ahora, tras la revelación de los “Panamá Papers” y en un nuevo contexto en el que el mundo se dirige cada vez más hacia la transparencia, el Gobierno de Mauricio Macri se lanza de nuevo a intentar seducir a los tenedores de dólares a blanquear sus capitales. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, dijo que en enero la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) comenzará a cruzar sus datos con los fiscos de otros países y “no habrá lugar donde esconder la plata. Antes de enero del año que viene, si uno no está al día con AFIP, tendrá problemas”, manifestó.

El Gobierno espera reingresar al circuito US$ 60.000 millones, monto que no parece importante si se tiene en cuenta la fuga de capitales que se ha evidenciado en la última década. “Durante la última década hemos evidenciado fugas de capitales por más de US$ 100.000 millones de la Argentina. Sólo en el 2011, es decir, antes del comienzo del cepo cambiario, se habían fugado en un plazo de 12 meses más de US$ 20.000 millones”, escribieron Alfredo Romano y Alfredo Romano en el diario mendocino digital, “MDZ Online”. “Según distintas mediciones llevadas adelante por entes públicos, en el caso del Palacio de Hacienda, los capitales de los argentinos en el exterior podrían superar los US$ 230.000 millones. En tanto, organizaciones como la Tax Justice Network calculan el doble de esta cifra.” Fuentes oficiales revelaron al periódico “Ámbito Financiero” que el blanqueo incorporaría un gravamen de 10% para los capitales blanqueados o la alternativa de comprar bonos a 3 años que pagaran “tasa ínfima o 0%”. El jefe de la AFIP, Alberto Abad, dijo que el blanqueo es una de las “amnistías fiscales” que llevan a cabo los países que firmaron un intercambio multilateral bajo el auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). El modelo chileno: “La captación de activos que se fugaron durante la última década parece ser una necesidad del gobierno de turno para reactivar y motorizar la economía local. La falta de dólares es un problema que aqueja a todos los gobiernos argentinos, con excepción de algunos periodos muy cortos”, escribieron Alfredo Romano y Alfredo Romano en MDZ Online. “Durante la anterior gestión, hubo un blanqueo de capitales que logró repatriar alrededor de US$ 4.000 millones. En términos relativos con respecto a lo que se calcula que tienen los argentinos en el colchón o en el exterior, es insignificante. Chile durante el 2015 formalizó un blanqueo de capitales muy diferente al argentino. Con este nuevo gobierno, ¿se podrá instrumentar un nuevo blanqueo de capitales que resulte exitoso? ¿Sus bases serán similares al chileno del 2015?”

Para Romano y Romano, los blanqueos del kirchnerismo resultaron poco atractivos para el contribuyente por las limitaciones que presentaba su instrumentación. El blanqueo chileno, en cambio, presentó características que lo acercaron más a los que se suelen llevar a cabo en países europeos y en Estados Unidos. En Chile, a diferencia de Argentina, para blanquear se debía pagar por única vez una tasa que alcanzaba el 8% del monto total. Su carácter de pago único implicaba que no podía aplicarse sobre los bienes o rentas declarados otro impuesto. En Argentina, el tenedor de dólares, si quería blanquear, debía optar por la compra del Cedin o del Baade. “Sin embargo, si el contribuyente quería volver a dolarizar sus tenencias debía aceptar una pérdida de capital muy importante ya que únicamente se podían operar los Cedines a través del mercado de capitales, en donde el volumen de operaciones era bajo. Debemos recordar que el Cedin estaba valuado a tipo de cambio oficial mientras que en la Bolsa si uno quería dolarizarse debía pagar un tipo de cambio muy superior”, explican Romano y Romano. “En el caso de Chile, el contribuyente tenía la posibilidad de blanquear rentas o bienes ubicados en el país o en el exterior pagando únicamente una tasa impositiva para regularizarse con el fisco transandino. Es decir, el contribuyente no debía de hacerse de certificados para la inversión y el desarrollo u otro tipo de certificados pocos creíbles para blanquear sus tenencias.” Otra de las diferencias entre el modelo chileno y el argentino tuvo que ver con la duración: mientras que el del país vecino tuvo una vigencia acotada en el tiempo (01/01/2015 al 31/12/2015), el argentino se fue prorrogando en el tiempo, lo que generó inseguridad en el contribuyente. Por último, el chileno estuvo sujeto a los estándares de la OCDE y el GAFI para blanqueo de activos; no así el argentino.

Para un blanqueo exitoso, evitar testaferros: Las principales limitaciones que impone el GAFI buscan evitar que a través del sinceramiento fiscal, se declaren bienes o rentas de terceros mediante la interposición de testaferros u otros intermediarios. Se busca que sean los propios beneficiarios de las rentas o bienes quienes los declaren y se sometan en lo sucesivo a las reglas generales del sistema impositivo. “En esta línea, en el caso de Chile, no se podía acceder al blanqueo de capitales si el futuro contribuyente no hubiera registrado su ciudadanía con anterioridad al 2014. Esto limita la acción de potenciales interesados en acceder al blanqueo chileno para luego volver a sus países de orígenes con fondos blanqueados”, explican Romano y Romano. “En el caso de Argentina, al estar incomunicados con varias entidades financieras centradas en evitar el lavado de dinero proveniente del terrorismo, entre varias actividades ilícitas más; el blanqueo que comenzó en el 2009 con la visión de captar por lo menos US$ 9.000 millones, evidenció las fragilidades del modelo y la precariedad desde el ámbito legal, financiero e impositivo. Por ello, Argentina deberá trabajar en un programa completamente distinto a los blanqueos anteriores y enfocarse en imitar aquellos modelos exitosos llevados adelante por países similares al nuestro”, concluyen Romano y Romano. La ONU: Vínculos entre lavado, narcotráfico y terrorismo. El lavado de dinero no es un problema reciente. En el libro “Lord of the Rim”, del historiador Sterling Seagrave, se describe cómo los mercaderes chinos ocultaban su dinero hace más de 3.000 años, llevando el dinero hacia afuera de la jurisdicción, comerciando a precios inflados y convirtiendo dinero en bienes muebles para evitar el destierro.

El lavado de dinero es un problema especialmente difundido en América Latina. Según datos de un estudio del año 2006 del Banco Mundial, entre los 10 países con mayor difusión del lavado de dinero a través de canales bancarios, 6 de ellos son latinoamericanos, estando Argentina en el primer puesto entre ellos. El atentado a las Torres Gemelas perpetrado en septiembre de 2001, abrió una nueva dimensión del problema: el lavado de dinero como modo de financiar el terrorismo. Desde ese entonces, comenzaron a intensificarse las medidas para luchar contra este problema. Las Naciones Unidas han identificado vínculos entre el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero, y han instado a los Gobierno a cumplir las reglamentaciones vigentes para combatir el lavado. Algunos de los países que han llevado adelante iniciativas de blanqueo en los últimos años han sido Italia, Alemania, España, Suiza, Estados Unidos y Portugal. En Sudamérica, además del sinceramiento fiscal chileno de 2015, Brasil lanzó una ley de blanqueo de capitales en enero 2016, procurando aumentar la recaudación, luego que las cuentas registraran en 2015 un déficit fiscal record en la historia. El Gobierno brasilero, a cargo en ese momento de la presidenta Dilma Rousseff (hoy en medio de un juicio político), invitó a los tenedores de dólares a regularizar sus recursos de origen lícito que no estuvieran declarados, depositando el 30% del valor repatriado, del cual el 15% iría al pago de una multa, mientras que el porcentaje restante sería para el impuesto de renta.

Otros blanqueos de los últimos años: Yendo un poco más atrás en el tiempo, y alejándonos de estas costas en las que el lavado de dinero está tan difundido… En 2009, fueron dos los países que tomaron medidas para el retorno de capitales: Italia con el plan “Escudo Fiscal”, que buscó nacionalizar alguna parte de los US$ 440.000 millones en activos no registrados ubicados principalmente en Suiza. El país permitió el retorno de capitales a la península pagando una tasa del 5% sobre el monto total. Para diciembre de ese año, tres meses después de implementada la medida, habían retornado al país 80.000 millones de euros. Y Estados Unidos, con el plan OVDI de repatriación voluntaria, que se relanzó en el año 2011. En este caso, el programa penalizaba al capital blanqueado con tasas de entre un 5% y un 25%. Del plan del año 2009, participaron más de 14.700 estadounidenses, según reveló Wikipedia. En 2012, Portugal puso en vigor la tercera edición de su “Régimen Excepcional de Regularización Tributaria”, que establecía una tasa del 7,5% a los activos blanqueados y eximiendo de obligaciones tributarias y de penalidades a quienes participaron del mismo. El caso español se dio ese mismo año, apenas asumido el Gobierno de Mariano Rajoy. El líder del Partido Popular puso en marcha un plan de amnistía fiscal que apuntó a cobrar el 10% de los tributos correspondientes al dinero no declarado.

El dólar en el mercado mayorista volvió a retroceder y terminó este lunes en $ 14,9 centavos menos que el cierre anterior. Se trata del piso más bajo desde finales de enero último, cuando el Gobierno Nacional levantó las restricciones cambiarias. Una mayor liquidación de divisas por las exportaciones de soja y la llegada de inversiones financieras, atraídas por las altas tasas de interés, profundizaron la tendencia bajista del billete verde, que había comenzado con la política del Banco Central de favorecer el ahorro en peso vía la fuerte suba de los retornos a los plazos fijos. El dólar tendría, además, otro obstáculo para mantenerse en un precio competitivo: el blanqueo de capitales. “Si lo dejaran flotar libremente, el dólar caería todavía más. El Banco Central está tironeado porque por un lado quiere que el dólar flote, pero por otro que no perfore los $ 14 y por eso interviene”, dijo el economista Miguel Kiguel en diálogo con FM Milenium. La baja del dólar interbancario también se sintió en el minorista, que perdió 3 centavos y cerró en $14,28 en la punta vendedora. La retracción es seguida con atención por el BCRA y por el Gobierno, que observa en el retroceso del dólar un riesgo para la competitividad de los productos argentinos en el mundo. Tal como se informó este lunes, la consultora Ecolatina advirtió que “volvemos a entrar en un ciclo de atraso cambiario”, y que “la reducción del tipo de cambio real tendería a deteriorarse aún más”. M&F: “La mayor preocupación es la inflación”, y Ecolatina no la ve bajando https://t.co/yPOgpFjE0D pic.twitter.com/UBzNYfs4iW. La retracción en la cotización del dólar se explica en la llegada de divisas atraídas por las altas tasas de interés que el Banco Central paga por sus Letras (LeBaCs), que llegaron al 38%. La semana pasada la entidad monetaria recortó 0,75 puntos, hasta el 36,5%, amparado en presuntas mejoras en el horizonte de la inflación.

Se espera que este martes, en la licitación semanal de LeBacs, Federico Sturzenegger, presidente del Central, aplique otra rebaja en la tasa de retorno que sirva de repelente contra el ansia por las letras. Kiguel estimó que las tasas de las LeBacs se ubicaría entre 25% y 26% para fin de año y por lo que arriesgó que “es totalmente factible que (el dólar) termine en $ 15,50 o $ 16″ en ese período. El BCRA tomó otras medidas para evitar la caída del dólar, como ampliar el tope de las compras para atesoramiento (de US$2 millones a US$ 5 millones) y liberar totalmente el mercado para los importadores. De acuerdo a lo que publicó este lunes el diario Ámbito Financiero, el BCRA también analiza restablecer un encaje para el ingreso de capital de corto plazo, obligándolo a una permanencia mínima en el mercado local. En tanto, en la última semana creció la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador. Las empresas liquidaron de US$ 821,3 millones, con una suba del 21,8% con respecto a los 5 días previos, y anotó su segunda alza consecutiva, según el informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). En este sentido, el ingreso de cerealeras de la semana pasada fue el segundo monto más alto del año, considerando que entre el 4 y 8 de enero el sector había liquidado US$869.7 millones. En tanto, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 20/05 último ascendió a uS$9.946.7 millones, con un avance de 43,2% en referencia con el monto acumulado en igual periodo de 2015 cuando ingresaron US$ 6.945,4 millones.

La gran pregunta del momento es: ¿Cómo va a hacer Mauricio Macri para “no incurrir nuevamente en otra frustración para el pueblo” que lo voto y aquel que no lo hizo? Las expectativas ya se pasaron del segundo semestre al 2017 y ¿ahora…?

Arq. José M. García Rozado

Ex Subsecretario de Estado

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2 comments for “Fragilidad laboral, inflación y falta de inversión

  1. Mabel corina
    24/05/2016 at 1:10 PM

    Parece ser q el episcopado, moyano y otras organizaciones vivieron en otro país antes del 2016.. La pobreza hace años se comenzó a ver en las personas en situación de calle q día tras día ocupaban las veredas, entradas de cocheras. Debajo puentes y autopistas
    Si hablamos de q no había desocupación, estamos hablando deiles de empleados q cobraban sin ir a trabajar, famosos ñoquis, empleos estatales q significaron el mayor déficit del estado

    Ahora estamos pagando esa mala gestión.

  2. Wenceslao
    25/05/2016 at 8:25 AM

    Reforma constitucional URGENTE: Derogación del art. 2 de la C.N.
    Los clérigos encerrados en sus parroquias. capillas. conventos y monasterios. Los políticos donde el pueblo los puso.
    ¡BASTA DE QUE LOS CURAS, QUE NADIE ELIGE, SE METAN EN LA VIDA POLÍTICA DE NUESTRO PAIS!
    ¡QUE HAGAN POLÍTICA EN SU ESTADO QUE ES EL VATICANO Y NO JODAN AL RESTO DEL MUNDO!

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