Por Luis Orea Campos.-

Luego de su breve paso por la política el genial pensador español Ortega y Gasset concluyó en su obra maestra “La rebelión de las masas” en que «la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”

Esta frase, parece haber sido escrita para la Argentina, porque la ley 26.571 madre de las tan famosas como malhadadas PASO, prostituyó el sistema electoral porque no pretendió democratizar nada -como decía su título- sino impedir a futuro aventuras de peronistas «rebeldes» que se llevaban votos que el matrimonio Kirchner consideraba suyos.

Tal engendro legal, ideado por Jorge Landau en 2009 a pedido de Néstor Kirchner como respuesta a la derrota «por muy poquito» sufrida por el pingüino a manos de De Narváez en las elecciones legislativas de ese año, es la más cabal prueba del aserto de Ortega porque su único efecto real fue incrementar la degradación de los partidos políticos y de la democracia.

Ahora se escuchan de nuevo voces que propugnan la “suspensión” de las PASO para las elecciones de 2021 “como antesala de la derogación definitiva del sistema” según vaticina Ignacio Zuleta en su habitual columna de los domingos en Clarín.

Realmente es vergonzosa la manera en que se manosean instituciones que formalmente son “fundamentales para la democracia” según reza el artículo 39 de la Constitución Nacional, de acuerdo con la conveniencia electoral del gobierno de turno. Y aquí no hay diferencias entre oficialismo y oposición.

Ya se sabe que la clase política argentina es de bajas calorías, por no decir anémica, pero por lo menos sus dirigentes deberían dejar de exhibir su ignorancia y su impudicia como una contribución al mejoramiento del sistema democrático que supuestamente rige en el país cuya salud, como cualquiera puede ver, está en franco tren de deterioro.

En efecto, no se trata de que, como está en boga ahora, si a Juan o a Pedro le conviene o no que se suspendan las PASO según su cincunstancial posición interna o externa en que se encuentre en cada elección, sino de que la ley 26.571 es una aberración que contradice abiertamente todo principio doctrinario y judicial sobre la esencia y función de los partidos políticos y no debe ser suspendida, sino derogada totalmente.

Es más, la legislación electoral, de los partidos políticos y del financiamiento de la política debe ser modernizada y simplificada a la luz de las nuevas modalidades de asociación de agrupaciones con plataformas y declaraciones de principios elásticas y maleables a gusto del consumidor meramente formales que no las leen ni los que las escriben.

Hoy la realidad marca que las llamadas “coaliciones” -que no son tales estrictamente hablando- son simples rejuntados de algunos partidos medianamente estructurados con un enjambre de sellos de goma, muchos de ellos creados ad hoc, que se prenden de la popularidad de ciertos candidatos en busca de obtener alguna sinecura pero ni remotamente figura en sus prioridades el piso mínimo de ideas afines y un propósito común que legitimaría su asociación.

La ley 26.571, mala copia remixada del sistema norteamericano, facilitó esta licuefacción del auténtico rol de los partidos políticos al romper una frontera vinculada directamente a la naturaleza de estas asociaciones, nada menos que el “ámbito de reserva” partidario sobre el cual la Corte Suprema ha dicho que constituye un límite infranqueable para los poderes del Estado porque es el que garantiza la autodeterminación y gestión de este especial tipo de asociaciones.

Al imponer un sistema electoral interno extra partidario el Estado ha irrumpido en esa “zona de reserva” violentando la regulación de su libertad, gobierno propio y libre funcionamiento que son atributos inalienables de la naturaleza jurídica de los partidos, por eso resulta imperioso dejar de discutir sobre la suspensión de las PASO y proceder a la derogación de la ley de “democratización” in totum para -como dice Zuleta- devolverles a los partidos la facultad de elegir a sus candidatos como mejor les venga. Facultad que jamás debió haber sido resignada por las agrupaciones ni apropiada por el Estado.

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