La venganza de un juez de la servilleta

Por Hernán Andrés Kruse.-

Finalmente el juez federal Claudio Bonadío se dio el gusto de elevar a juicio la causa por la operación de dólar futuro en la que está procesada la ex presidente de la nación, Cristina Kirchner. Para Raúl Kollmann se trata de una acusación política (“Una acusación política”, Página/12, 24/3/017). “La elevación a juicio de la causa dólar futuro era lo esperado” (…) “La base de la acusación es que con la operatoria dólar futuro CFK, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y el resto de los directores del Banco Central perjudicaron al erario público. Se trata de una acusación política porque el objetivo de esa operatoria fue amortiguar una corrida hacia el dólar y de esa manera evitar una devaluación. Si mucha gente se tentaba con usar sus pesos para comprar dólar futuro se descomprimía la compra inmediata de la divisa y eso aliviaba la corrida contra el dólar”. La ex presidente “argumentó que no se puede judicializar una política económica en la que, además, no hay nadie acusado de haberse llevado un peso al bolsillo. No es una causa de corrupción sino el enjuiciamiento de una política económica, al punto que Bonadío deja en claro que el valor natural del dólar era la cotización que se registraba en Nueva York. CFK sostiene que se evitó la corrida, la devaluación y que, por el contrario, la devaluación la concretó el gobierno de Mauricio Macri. Para colmo algunos de los CEOs de Cambiemos hicieron ganancias importantes comprando dólar futuro. La ex mandataria quería llegar al juicio oral cuanto antes. Es una causa en la que se hará fuerte con su mejor perfil: defensa de los intereses de los trabajadores, debate con la política económica de Cambiemos, devaluación, pérdida de salario real, desocupación. Y no hay acusación por dinero mal habido. La lógica indica que el juicio se hará en 2018, porque hay varios recursos pendientes y porque los tribunales orales no querrán acelerar una causa en la que, además, no hay detenidos. Sin embargo, Comodoro Py ya produjo muchas sorpresas: tal vez haya jueces que quieran adjudicarse la primera condena de la ex presidente”.

En opinión de Hernán Cappiello (“Una apuesta política a obtener rédito público de la acusación”, La Nación, 24/3/017), “Cristina Kirchner se acerca por primera vez a ser juzgada por decisiones que tomó durante su gobierno y que para la Justicia constituyen delitos. El juez Claudio Bonadío elevó a un tribunal la causa en que se juzgará a la ex presidente por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. Para el juez, fue Cristina Kirchner la que ordenó vender dólares en el mercado de futuros a menor precio que el de mercado cuando estaba en el gobierno, con lo que provocó un quebranto para el Estado y condicionó a la actual gestión de Mauricio Macri a pagar por esos contratos. Es decir que pasó por encima de la supuesta autarquía del Banco Central e instruyó a la plana mayor de sus funcionarios del área económica, la Comisión Nacional de Valores y el directorio de la autoridad monetaria a dictar resoluciones administrativas para permitir esa maniobra” (…) “No se la juzga por quedarse con plata del Estado, sino por provocar un perjuicio económico a las arcas públicas con una decisión de política económica. Se la juzgará por fraude, y para que exista, debe haber dolo, es decir, intención de provocarlo” (…) “El otro obstáculo a superar es el argumento de las defensas de que todo se trata de una decisión de política económica no judiciable”.

“Pero la Cámara Federal ya dijo que no es un tema político no judiciable, sino que hubo un delito cometido cuando se ofreció el dólar en el mercado de futuros a un precio que no era el de mercado” (…) “Si se trata de un tema político no judiciable es una cuestión que no preocupa a la fiscalía: de hecho, el fiscal Velasco acaba de conseguir una condena en un juicio donde se discutía una cuestión similar. Carlos Menem fue condenado por el pago de sobresueldos a sus funcionarios. Fue una decisión de política económica, incluso el dinero para esos pagos estaba contemplado en el presupuesto nacional, que es una ley del Congreso, pero, no obstante, esa conducta era delictiva. La condena fue por fraude, el mismo delito del que se acusa a la ex presidente” (…) “Éste es el primer triunfo político del macrismo en los tribunales, en estos tiempos donde Comodoro Py es territorio libre para los jueces federales. Esta causa fue impulsada por el corazón de Cambiemos”.

“Difícilmente el juicio oral ocurra este año. Los eventuales fueros que obtenga Cristina Kirchner en caso de ser candidata electa le podrían evitar un arresto, pero no una condena. Al juez Bonadío le bastó para elevar a juicio la creencia de la probabilidad de que la ex presidente haya cometido un delito” (…) “Cristina Kirchner fue la principal interesada en que este caso sea ventilado en un juicio público lo antes posible. A pesar de que otros acusados apelaron su procesamiento, ella no lo hizo. Se allanó y pidió ser juzgada lo antes posible. Dijo que tiene la convicción de que un tribunal oral imparcial la absolverá. Ya comprobó que los tribunales son un buen escenario para actos de campaña”.

Resulta increíble que una decisión de política económica sea considerada un delito, tal como lo sostienen Claudio Bonadío y la Cámara Federal. El objetivo de la ex presidente y los funcionarios que le respondían no era otro que evitar una devaluación. Es probable que se haya tratado de una decisión de política económica errada. Pero una cosa es considerarla un error y otra muy diferente, un delito. Da toda la sensación de que lo que se pretende es, por un lado, sacar a la ex presidente de la competencia electoral y, por el otro, enjuiciar el modelo económico implementado por el kirchnerismo. Lo primero resulta harto evidente. Según lo indican las encuestas la ex presidente cosecharía hoy en día muchísimos votos en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano bonaerense. Es evidente que la posibilidad de que la ex presidente gane la elección está sacando de quicio a unos cuantos, en especial a los miembros del establishment y del Grupo Clarín, quienes no ven la hora de verla presa. Por su parte, el presidente de la nación pretende que Cristina compita en octubre. La necesita en el campo de juego para fraccionar a la oposición, para impedir que triunfe su enemigo íntimo, Sergio Massa.

Pero la judicialización de una decisión de política económica implica algo más grave. En efecto, lo que se persigue es considerar toda una política económica un hecho delictivo. Lo que la Justicia tiene en mente es acusar a dicha política económica de atentar contra las arcas del erario público, de haber aplicado el más crudo populismo. En el fondo, lo que persigue el orden conservador es que una eventual condena a la política económica kirchnerista sirva de ejemplo para los futuros candidatos a la presidencia de la nación, los “convenza” de la conveniencia de aplicar, en caso de llegar a la Rosada, una política económica ortodoxa. Si se efectiviza la condena a la ex presidente, a Kicillof y a Vanoli, quedará sentado un peligrosísimo precedente. El sólo hecho de ejecutar desde la Rosada una política económica heterodoxa, “populista”, significaría que se estaría atentando contra las arcas del estado, se estaría cometiendo un delito.

En su edición del 24 de marzo, La Nación publicó un editorial titulado “Víctimas invisibles”, en el que considera que para alcanzar una verdadera reconciliación es fundamental acceder a la verdad de lo sucedido en los años de plomo. Dice el mitrismo: “La negación y la falsificación de la historia son una de las peores herencias recientes con las que el pasado insiste en condicionar el presente. Después de 12 años de un tan sugestivo como lamentable silencio, cuando no un discurso distorsionado y falaz, en las últimas semanas nuestra sociedad parece haber comenzado a reconocer que la terrible violencia que caracterizó la trágica década del 70 no tuvo que ver sólo con la desplegada desde el Estado, sino también con la acción igualmente violenta de los distintos grupos terroristas que no vacilaron un solo instante en apuntar contra civiles inocentes. Parecería que así se comienza a corregir, lentamente, una tan desgraciada como deliberada omisión que no reconoció el profundo drama personal ni los daños que afectaron a las víctimas absolutamente inocentes de una injustificable violencia desplegada por aquellos movimientos revolucionarios. Hablamos de un número elevado de argentinos, hombres, mujeres y niños, a los que hasta ahora se ha ignorado, como si no fueran sujetos de derecho de ningún tipo” (…) “Para ellos no hubo homenajes, ni monumentos, ni indemnizaciones, ni programas de contención, ni amparo alguno. Sólo recibieron silencio. Han sido, hasta ahora, víctimas realmente invisibles, de las que ni siquiera se hablaba” (…).

“Es hora de comenzar a pensar en la necesidad de conformar un organismo similar a la Conadep para identificar cabalmente a las víctimas de la acción de los distintos grupos armados a fin de darles el lugar que, en justicia, les corresponde en nuestra historia. Esta incontrastable información sobre las víctimas del terrorismo debe incluirse en los planes escolares y grillas de contenidos de historia de aquella penosa década, con imparcialidad, de manera que las nuevas generaciones puedan tomar conocimiento del baño de sangre que envolvió a nuestro país y aprender que la violencia no ha de ser jamás instrumento para defender o sostener los propios ideales, como tampoco puede justificarse para ello la interrupción del orden constitucional. Abordar los hechos históricos de nuestro pasado más reciente con un enfoque global encierra un desafío a la madurez de la sociedad argentina respecto del relato sostenido en la última década, que invisibilizó cualquier vestigio de las víctimas del terrorismo y negó la responsabilidad de las organizaciones armadas en la tragedia de los años 70. Desentrañar la verdad es lo que reclama nuestra dignidad nacional para desenmascarar todo lo sucedido en una de las etapas más tristes de nuestra historia. Sin dejar capítulos en blanco, en aras de la transparencia y de justicia. Luego de 33 años de democracia, el pueblo argentino merece conocer su historia, sin interpretaciones que la distorsionen a la luz de conveniencias políticas o ideológicas, con magnanimidad y capacidad de asignar justamente las responsabilidades por los hechos cometidos, de manera que la ley se aplique a todos por igual para que quien haya delinquido responda por ello. Es hora de dar visibilidad y justo reconocimiento a quienes, hasta ahora, sólo fueron testigos invisibles e inocentes, desestimados y castigados por la indiferencia y el olvido de sus propios compatriotas”.

En la misma edición, La Nación publicó fragmentos de una extensa entrevista realizada al ex presidente Raúl Alfonsín y que fue publicada por el matutino el 26 de octubre de 2003. Dijo en aquella oportunidad el ex presidente: “Nosotros fuimos la única transición, en la Argentina, que no habló con los dictadores para llegar al gobierno. Tancredo Neves lo tuvo que hacer en Brasil, en Uruguay lo mismo, en Chile tuvieron que aceptar una Constitución espantosa y que estuviera Pinochet al frente de las fuerzas armadas” (…) “no tuve negociaciones con ellos (los militares), simplemente porque ellos no creían que yo pudiera ganar. Pero yo había señalado lo de las tres responsabilidades: los que dieron las órdenes, los que se excedieron en el cumplimiento y los que las cumplieron. Esa fue mi posición pública durante toda la campaña” (…) “Yo sabía que, como tenía que enfocar muchos problemas, no iba a poder seguir la tesis de Juan Lins, un español profesor de la Universidad de Yale que dice que quien está al frente de una transición debe ocuparse apenas de eso y de nada más. Tenía que ocuparme de muchos problemas, porque de lo contrario la sociedad iba a considerar, y yo también, que no se podía edificar una democracia sobre la ausencia de ética. Entonces, tener que enfrentar todos los problemas de los derechos humanos, como había prometido en la campaña, era ya un problema serio. Además, tuve problemas con la Iglesia, por la ley de divorcio” (…).

Durante su ajetreada presidencia, Alfonsín tuvo que sortear muchas y graves dificultades: “Bueno, recuerdo a la CGT, que actuaba como ariete del Partido Justicialista. Sin embargo, nunca perdí el diálogo con ellos, a pesar de la cantidad de huelgas generales que me hacían. Fueron muchos los momentos en que hubo problemas de aguda tensión, desde luego. Cuando envié, contra mi gusto, la ley de obediencia debida, fue un momento duro para mí. Pero estoy muy orgulloso de toda la política de derechos humanos que se realizó en esos comienzos, porque no se ha realizado en ningún país de la tierra. La ley de obediencia debida fue necesaria para no poner en gravísimo riesgo las instituciones de la Nación”. Respecto a las rebeliones que debió enfrentar, expresó: “El de Rico primero en Campo de Mayo, luego en Monte Caseros. Después Seineldín en Villa Martelli, con otras características. Y por último los muchachos de La Tablada” (…) “Muchos fueron llevados ingenuamente. Fue algo muy desgraciado. Lo sentí muchísimo”.

Sobre lo acontecido en el campo económico Alfonsín reconoció que “el problema de la hiperinflación fue grave. Los años 80 fueron gravísimos para toda América Latina, debido a los intereses de los Estados Unidos para cobrar los créditos tomados por los gobiernos militares. Por otro lado, no solamente se fugaban los capitales que habían venido, sino también los nuestros. Recuerdo los feriados bancarios que tuve que decretar varias veces. Luego de las elecciones provinciales del 87 tuve problemas muy serios, con más de 300 episodios de violencia y tomas de supermercados en todo el país. Hoy veo que todo fue muy programado por sectores de derecha y carapintadas que levantaban unidades básicas. La izquierda entró en los episodios, pero cuando vio de qué se trataba, se retiró. Recuerdo a Vanrell, que había militarizado el peronismo de la zona de Rosario, al punto que sé que hasta el propio Carlos Menem se indignó” (…) “En ese momento percibí que comenzaba a peligrar la democracia. Todos me pedían la entrega del poder. Por eso hoy me fastidia tanto cuando dicen que me escapé del poder”. Sobre los últimos y traumáticos días de su presidencia, reconoce que “el propio presidente Menem dijo que el pueblo se podía cansar y que era necesario un gesto mío. La CGT también reclamaba la entrega del poder, y todos los partidos que componían el Frejupo me pedían que renunciara” (…) “Ya nadie creía ni adentro ni afuera en la gobernabilidad de mi gestión. Se podían poner las cosas de tal forma que las instituciones corrieran peligro, entonces decidí entregar el gobierno con anticipación”.

Por último, ante las preguntas sobre cómo lo recordará la historia y cómo se define él mismo, respondió: “No sé, eso déjelo para que lo conteste la historia. Pero nunca habrá nada de qué acusarme. Estoy con la conciencia tranquila” (…) “Como un hombre que tuvo sus convicciones, sus ideales, y que fue leal a ellos. Nada más”.