Por Hernán Andrés Kruse.-

En la noche del lunes 7 de agosto Javier Milei, candidato a presidente por Libertad Avanza, cerró su campaña electoral en el MoviStar Arena, con capacidad para 15 mil personas. Cuando comenzó a hacer uso de la palabra el recinto estaba colmado. El entusiasmo era desbordante. La inmensa mayoría de los asistentes eran jóvenes, lo que lejos estuvo de llamar la atención porque si algo caracteriza a Milei es la atracción que ejerce sobre ese sector de la población.

Luego de asegurar que Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente populista que tuvo la Argentina, el líder libertario expresó: “Ese modelo de políticos ladrones, empresarios prebendarios, sindicalistas que le dan la espalda a los trabajadores dejó este desastre. En ese contexto, de tener una sociedad de ricos, pasamos a tener una sociedad de pobres, donde los únicos que prosperaron son los de la maldita clase política. En esta situación en la que estamos estancados y no se genera empleo privado, nuestros hijos están atrapados entre irse del país o caer en la droga y la delincuencia. Entre tanto, pasaron políticos de todos los partidos que lo único que hicieron fue enriquecerse a costa nuestra”.

Más adelante reivindicó a Carlos Menem, en especial a su plan económico que hizo posible la reaparición del crédito y la posibilidad para millones de argentinos de comprar una casa o un auto. Luego agregó: “En el 2015 volvimos a tener una oportunidad: un outsider llegó al poder con una premisa muy clara: “cambiemos”. Nuevamente, los argentinos tuvimos la oportunidad de romper con el sistema empobrecedor, de abrazar las ideas de la libertad y de terminar con el estado presente, que a los únicos que beneficia es a los que viven del Estado. Pero, nuevamente, la clase política se puso en el medio, no solo desde afuera, sino también desde adentro. Los propios integrantes de la coalición se opusieron a los cambios que el país necesita. Por lo tanto, hoy tenemos una nueva oportunidad, y no quiero ser trágico, pero puede que sea la última” (fuente: Federico Galligani: “Javier Milei cerró su campaña con guiños a Mauricio Macri, fuertes críticas a la UCR y preocupación por el posible ausentismo en las PASO”, Infobae, 8/8/023).

Una vez más el libertario reivindicó al menemismo. Increíble pero real. Parece mentira que un dirigente político con una sólida formación académica como lo es Milei, no se sonroje al efectuar semejante afirmación. Quizá el equivocado sea uno y no el libertario. Pero a la hora de hacer un balance del menemismo lo negativo supera con creces a lo positivo. Milei, de manera intencional, no hace mención alguna del atentado contra la Embajada de Israel, del atentado contra la AMIA, de la voladura de Río Tercero, del “accidente” que le costó la vida a Menem Junior, del saqueo de las empresas públicas, de la degradación de la educación y la salud públicas, del incremento geométrico de la desocupación, de la pizza y el champagne, de las relaciones carnales, de la mayoría automática, del contrabando ilegal de armas a Ecuador y Croacia, del asesinato de José Luis Cabezas, etc. Para Milei el éxito de Menem y Cavallo en el combate contra la inflación es muchísimo más relevante, desde el punto de vista histórico, que los factores negativos recién mencionados. Para el libertario la historia recordará a Menem como el presidente que logró domar el potro salvaje de la inflación y no como el que nada hizo por esclarecer los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

Buceando en Google encontré un interesante ensayo de Hernán Fair (Universidad de Buenos Aires, 2009) titulado “La década menemista: luces y sombras”. ¿Cuáles fueron para el autor las sombras y las luces del menemismo?

INTRODUCCION

“Mucho se ha criticado al gobierno de Carlos Menem (1989-1999) en Argentina durante los últimos años tanto desde el campo intelectual como desde la propia sociedad. Lo interesante reside en que durante su Gobierno, principalmente durante el primero, la mayoría de la sociedad apoyaba al Presidente y a su plan económico, como lo muestran tanto las encuestas realizadas en aquellos años como los sucesivos triunfos obtenidos en cada una de las elecciones legislativas y presidenciales. En la actualidad, sin embargo, parece que el gobierno de Menem fuera “lo peor que nos podría haber pasado”, una “fatalidad” que sería mejor olvidar.

Así, mientras los analistas señalan que su gobierno destruyó la economía, mientras prometía el ingreso al “Primer Mundo”, hizo lo contrario a lo que había hecho Perón con su Estado Benefactor de posguerra, se desinteresó de las instituciones representativas, indultó a los militares y “fundió al país”, robándose los recursos sociales de las arcas fiscales, parecen desconocer que en su momento gran parte de la sociedad, entre ellos, muchos intelectuales hoy críticos, disfrutaban de viajes al exterior y de índices de estabilidad monetaria inéditos y hablaban de la reconstitución democrática.

En este sentido, entendemos que existen muchos prejuicios sobre un período más complejo de lo que suele señalarse. Sin creer ingenuamente que podemos desligarnos de aquellos prejuicios, inmanentes a la práctica social, en este trabajo nos proponemos realizar un repaso histórico y crítico lo más ecuánime posible que intente indagar acerca de las luces y sombras de sus diez años en el poder.

LAS “SOMBRAS” DEL GOBIERNO DE MENEM

LA SOMBRA SOCIAL Y ECONÓMICA

“Una vez en el poder, ignorando sus promesas de campaña sobre la “Revolución Productiva” y el “Salariazo”, el electo presidente Carlos Menem se dedicará a aplicar un plan de reformas estructurales inédito por su magnitud y alcance y por ser llevado a cabo por el partido de gobierno que había hecho de los sectores populares y la justicia social su aspecto predominante e inalterable. En ese contexto, el Presidente iniciará un proceso de apertura económica, reducción del gasto público social, desregulación comercial y liberalización financiera que impactará vastamente en la estructura económica industrialista y en la estructura social homogénea que caracterizaban al Estado mercado-internista de posguerra.

Al mismo tiempo, comenzará a partir de 1990, y más aún desde 1991, un plan de privatización y concesión que incluirá a prácticamente la totalidad de las empresas que desde la época de Perón eran propiedad del Estado en tanto símbolos de lo que el líder denominará la defensa de la soberanía política y la independencia económica. Este “giro de 180 grados” en relación a las tradicionales políticas reguladoras y asistencialistas del modelo de sustitución de importaciones del peronismo impactará, como dijimos, de manera fuertemente negativa sobre la estructura económica y sobre todo social.

En primer lugar, las medidas tomadas en el marco de las reformas neoliberales, como se las conocerá, profundizarán un proceso de desindustrialización de los sectores asalariados iniciado a mediados de la década del ´70 con las políticas del régimen militar. Así, la apertura comercial y financiera promoverá un ingreso masivo de inversiones extranjeras y un proceso de importación de productos tecnológicos que, junto al incremento de las tasas de interés, terminará generando un proceso de creciente desindustrialización. Al mismo tiempo, las políticas de flexibilización laboral, realizadas con el pretexto de reducir costos y aumentar la productividad, terminarán pauperizando a vastos contingentes sociales. Finalmente, el proceso de privatización de las empresas públicas, iniciado en octubre de 1990 con los “casos líderes” de Aerolíneas Argentinas y ENTEL, y profundizado al extremo a partir del régimen de paridad cambiaria de abril de 1991, terminará promoviendo un crecimiento descomunal de los índices de desocupación, subocupación y pobreza.

Al tiempo que los trabajadores reducían fuertemente su poder social y sus conquistas obtenidas durante el período peronista, los grandes empresarios lograban incrementar fuertemente sus tasas de ganancias a partir de reducir fuertemente sus costos laborales. Para ello, lograrían obtener del Estado decenas de medidas que favorecerían a cada uno de las fracciones dominantes. Así, mientras los sectores industriales de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) veían reducir sus tasas de ganancias por la apertura indiscriminada, las grandes firmas industriales y electrónicas se verían ampliamente favorecidas por regímenes especiales de protección estatal.

Del mismo modo, al tiempo que las políticas de flexibilización perjudicaban vía reducción de salarios e indemnizaciones a los trabajadores, beneficiaban directamente a los grandes empresarios, más aún cuando las mismas se veían acompañadas de políticas como la reducción de los aportes patronales y el establecimiento de aumentos salariales de acuerdo al incremento de la productividad. Finalmente, mientras miles de trabajadores se quedaban sin empleo por el descomunal proceso de privatizaciones, las firmas nacionales e internacionales participarían de impresionantes negocios que, a partir de limitaciones o eliminaciones a la regulación, subsidios, reducciones y exenciones impositivas y reiterados incrementos tarifarios, les permitirán formar monopolios u oligopolios en la mayoría de las empresas privatizadas.

En ese contexto, los grandes empresarios lograrán consolidar un proceso de concentración y centralización del capital en pocas manos, formando una “comunidad de negocios”. Los trabajadores, en cambio, incrementarán su fragmentación y polarización social. Pero sobre todo, se llevará a cabo una verdadera reestructuración social que potenciará los índices de desigualdad de ingresos, precarización laboral y desempleo, en una clara oposición a los niveles de homogeneidad, igualdad social, derechos sociales y pleno empleo que caracterizaba ya no sólo al período peronista (1945-1955 y 1973- 1974), sino también a períodos intermedios y aún posteriores, cuando estas reformas en muchos casos (como las privatizaciones y la desregulación), apenas se esbozaban o se habían realizado de manera contradictoria.

Ahora bien, si entre 1991 y 1995 estos efectos recesivos de las reformas se harán presentes de manera relativamente suave debido al incremento del consumo y la estabilización que generará la sobrevaluación cambiaria en el marco del régimen de paridad cambiaria, a partir de 1995, con la llamada Crisis del Tequila, los indicadores económicos y sociales se desplomarán hasta llegar a niveles récord. Así, en mayo de 1995 los índices de desocupación crecerán hasta la increíble cifra de 18,5%, al tiempo que se incrementará fuertemente el déficit fiscal y comercial.

No obstante, si los trabajadores continuarán su marcha descendente iniciada en los años ´70 y lo mismo hará la clase media, que se transformará en los “nuevos pobres”, los sectores dominantes lograrán incrementar su ya inusitada tasa de ganancias vía el mecanismo de la valorización financiera, un mecanismo que será cada vez mayor a pesar de los momentos de crisis. Así, como señala Basualdo, el ciclo del capital se hará independiente de los movimientos externos e internos del plan económico, siempre y cuando se mantuviere la paridad cambiaria y las políticas de reforma y ajuste asociadas a su implementación”.

LA SOMBRA INSTITUCIONAL

“Si la economía será vista por muchos analistas como una “sombra” del gobierno de Menem a partir de las consecuencias generadas por el modelo excluyente de reforma estructural, el aspecto institucional no será mucho mejor. En efecto, aunque nuestro país se caracteriza históricamente por la ausencia de mecanismos de respeto a las instituciones, con la llegada al poder de Carlos Menem éstas no harán sino agravarse. Así, con la excusa de la “necesidad” de apurar los trámites de reforma del Estado sin tener que acudir a discusiones “estériles”, el Presidente abusará durante su mandato de los llamados decretos “de necesidad y urgencia”, la legislación delegada y los vetos parciales y totales, dejando en un lugar subordinado al Congreso.

Además, ya desde su asunción tenderá a menospreciar el debate público de ideas y rechazará fuertemente las críticas opositoras, a las que acusará de tener “intereses políticos” o “particulares” que iban a contramano del interés general. Finalmente, muchos autores han señalado la presencia durante el gobierno de Menem de índices de corrupción nunca antes vistos en su intensidad. En efecto, el Presidente y su círculo más íntimo se verá “manchado” por infinidad de casos de corrupción durante sus diez años en el poder. Las prácticas “decisionistas”, al igual que estas últimas “patrimonialistas” y “particularistas”, no harán sino potenciar la degradación institucional, dejando al Congreso sin su razón de ser y fomentando un rechazo hacia los partidos políticos y las instituciones representativas en general.

Pero el Presidente no sólo abusará de sus poderes de prerrogativa, sino que tenderá también a controlar al Poder Judicial. Así, en abril de 1990 logrará ampliar la Corte Suprema de Justicia de los 5 miembros existentes a 9 para garantizarse lo que se conocería como la “mayoría automática” de votos a favor. De esta manera, con una “corte adicta” al poder político, el Presidente no tendrá inconvenientes ya no sólo con los casos de corrupción, que sistemáticamente quedarán en la nada, sino también con las políticas de inconstitucionalidad que serán pedidas por legisladores y particulares. En ese contexto, el gobierno menemista no sólo degradará al Poder Legislativo, sino también a la Justicia, acusada de fomentar la impunidad y defender los intereses políticos del Gobierno”.

LA SOMBRA MILITAR

“El tema militar es otro de los temas candentes que generará ásperos roces entre el Gobierno y gran parte de la sociedad. Al igual que en los campos económico y institucional, se llevarán a cabo políticas inéditas por su magnitud y alcance. Indefectiblemente, los mismos nos remontan al “perdón” presidencial. En efecto, durante los primeros años de gobierno el presidente Menem decidirá una amnistía a los militares sublevados en distintos levantamientos militares. Así, entre finales de 1989 y 1990 indultará a los sectores golpistas liderados por fracciones tanto de la izquierda como de la derecha del Ejército.

Pero la medida que provocará la mayor indignación será el indulto que otorgará Menem a los militares del Proceso. En efecto, si previamente Alfonsín había condenado a la Junta militar por la política terrorista de secuestro, tortura, detención y ejecución o “desaparición” de personas, al tiempo que dejaba en libertad a los sectores castrenses medios y bajos en lo que se conocería como las Leyes de Punto Final, de 1986, y la posterior Ley de Obediencia Debida, de junio de 1987, un acuerdo que será visto por gran parte de la ciudadanía como una “concesión” o un “pacto” con los militares, durante el gobierno de Menem se decidirá indultar a la Junta Militar, es decir, a los máximos responsables que habían sido condenados por aquel trágico período de la historia argentina.

Estas medidas, tomadas en diciembre de 1989, generarán fuertes protestas sociales e infinidad de críticas desde los más diversos sectores, en especial de miembros de los organismos de derechos humanos y estudiantes, quienes rechazarán las ideas del Gobierno acerca de la necesaria “reconciliación nacional”, sosteniendo que los crímenes de “lesa humanidad” de la dictadura no debían quedar “impunes” para no “repetir la historia”.

ALGUNAS LUCES EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

“Vimos anteriormente un repaso sucinto de las principales políticas económicas y sus efectos sobre la estructura económica y social homogénea e igualitaria que caracterizaba al peronismo. Sin embargo, de manera alevosa, hemos omitido algunos datos que parecen contrarrestar, al menos en parte, el sombrío panorama presentado. Aunque resulta evidente que el proceso de reformas y ajustes estructurales ha generado un incremento de la pobreza, la desigualdad y la desocupación, resulta importante recordar algunos “logros” del Gobierno.

El más importante de ellos, que ha sido destacado en mayor o menor medida por la mayoría de los analistas del período, ha sido la derrota de la inflación. En efecto, el Presidente asumirá el Gobierno en medio de la más catastrófica crisis hiperinflacionaria que se recuerde en Argentina. Basta ver los increíbles índices de inflación de aquellos años para dar cuenta de su inédita magnitud. Como se sabe, la inflación funciona como un “impuesto” que grava a los que menos poseen, al incrementarles la cantidad de dinero que deben usar para satisfacer una cada vez más cara canasta básica de alimentos. Aunque este impuesto afecta a todos los sectores sociales, sin dudas los trabajadores eran los principales afectados y, por lo tanto, la mejora que significaría terminar con ese lastre sería muy bienvenida.

Aunque durante los primeros años del gobierno de Menem éste no logrará controlar del todo los índices inflacionarios, llegando incluso a tener que soportar dos nuevas recaídas hiperinflacionarias que, si bien menores a las vividas durante el gobierno de Alfonsín, no serán menos perjudiciales, a partir de abril de 1991 se logrará controlarlas casi definitivamente. ¿Qué ocurrirá en esa fecha? Se aplicará un plan que resultará crucial para entender lo que vendría después, no sólo la reelección presidencial, sino también la devaluación de comienzos del 2002: nos estamos refiriendo a la llamada Ley de Convertibilidad.

Esta Ley, en líneas generales, consistía en un Plan de Estabilización como muchos que se habían aplicado durante la historia. Sin embargo, a diferencia de experiencias anteriores, su permanencia excedía su configuración como una “simple ley”, al estar asociada a múltiples políticas que permitían su mantenimiento como tal. Ello se debe a que la ley, que legalizaba una paridad 1 a 1 de la moneda nacional con el dólar, sólo podía sostenerse con vida mediante el ingreso de capitales extranjeros. De este modo, el Gobierno se verá obligado a fomentar una serie de reformas para incentivar el ingreso de inversiones externas. Es en ese contexto que debe entenderse la profundización de las políticas de privatización de las empresas públicas, apertura comercial y financiera y desregulación, pero también el endeudamiento externo, otro de los mecanismos utilizados para obtener divisas, todas medidas que llegarían a su apogeo a partir de ese momento.

Ahora bien, lo que resulta importante destacar es que este régimen de convertibilidad de la moneda, sancionado mediante una ley en el Congreso a fines de marzo de 1991, logrará terminar definitivamente con las inflaciones e hiperinflaciones de períodos anteriores. La respuesta de ello la debemos hallar en la evidente sobrevaluación cambiaria que estableció la paridad, lo que incentivó el ingreso masivo de inversiones e importaciones, al tiempo que fomentó expectativas favorables en los agentes económicos. Pero, al mismo tiempo, la sobrevaluación de la moneda nacional a partir del establecimiento del Plan de Convertibilidad lograría también un fuerte incremento del crédito para consumo que permitiría reactivar fuertemente la economía. En ese contexto, los índices inflacionarios caerán a niveles históricamente bajos, lo que redundará en beneficios sociales para los sectores más desprotegidos, mientras que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá a tasas promedio del 8% durante el período 1991-1995.

Por otra parte, el auge de consumo y la reducción de las tasas de interés que llevará a cabo el Gobierno permitirá que sectores medios y medios-bajos tengan acceso, muchas veces por primera vez, al crédito para adquirir televisores a color, electrodomésticos y productos importados a bajos precios. Finalmente, muchos trabajadores pudieron acceder también a la compra de automóviles o viajar al exterior para hacer turismo y adquirir tecnología del llamado Primer Mundo. Tenemos, entonces, dos cuestiones que pueden ser entendidas como luces favorables durante el gobierno de Menem. Por un lado, la estabilización monetaria, con su consiguiente efecto positivo sobre los salarios y, por el otro, el auge del consumo y la modernización tecnológica del país a partir del ingreso de tecnología importada y la posibilidad de acceder al crédito barato”.

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