¿Se acabará?

Micaela García tenía 22 años. Era linda, inteligente, la vida no le era indiferente. Estudiaba, militaba políticamente, defendía posiciones extremas. Una madrugada en la tranquila Villaguay, un violador serial, que no debía estar en libertad, la violó y la mató.

Puede que las posturas y la militancia de Micaela no le caigan bien a todo el mundo. Pero acá hay una víctima y un victimario. Y la víctima es Micaela y el victimario no es un individuo forzado por la sociedad injusta y malvada a ser un violador serial y un asesino. ¡Basta de abolicionismo penal!

Sebastián Wagner, que ya confesó el crimen, estaba condenado por 2 violaciones a solo 9 años de prisión. El juez, Carlos Rossi, probablemente discípulo intelectual de Eugenio Zaffaroni, decidió, en contra del consejo de los peritos, dejar a Wagner en libertad, antes de tiempo.

Puede que si Wagner hubiese cumplido toda su pena, el comportamiento fuese el mismo con otra chica, es muy factible. Los violadores son enfermos incurables. Es un hecho que la sociedad, los juristas y los médicos, deben debatir: qué hacer con los violadores.

Pero eso es solo una suposición. Lo real es que Wagner salió antes de tiempo, que violó y mató a Micaela. ¿Por qué este hecho horroroso nos llama la atención? En Argentina es casi cotidiano, las noticias sobre violaciones y femicidios, abruman.

¿Qué hace diferente el caso de Micaela de los demás casos igualmente terribles? Muy simple, la militancia política de Micaela. Pertenecía al Movimiento Evita, el de Emilio Pérsico. Su funeral, en Concepción del Uruguay, fue más bien un mitin político. Desde los asistentes, a los cánticos.

El gobernador Bordet llamó por teléfono, el senador Juan Manuel Abal Medina asistió con el ex canciller Jorge Taiana y con Emilio Pérsico. El Indio Solari, advertido que Los Redonditos de Ricota eran la banda preferida de Micaela, cantó por teléfono la canción predilecta de la víctima, “Juguetes perdidos”, que los padres de la chica hicieron escuchar desde el celular a través de los altoparlantes.

1.500 chicos cantando “Por vos juramos vencer”, ¿vencer a quiénes, a los violadores, a los asesinos, a los jueces abolicionistas, al gobierno de Cambiemos, a quienes? Alguien sabrá, por ahora las preguntas no tienen respuesta. Pero lo importante de la importancia que se le dio y se le da a la muerte de Micaela, es que ha puesto sobre el tapete el tema del abolicionismo penal.

Hasta ahora, la mayoría de los abogados salidos de las facultades de derecho del país en los últimos 40 años, han sido educados en el abolicionismo penal, mal llamado garantismo. Garantistas son aquellos que defienden las garantías constitucionales. Los medios han ayudado a difundir las teorías de Zaffaroni.

Eugenio Zaffaroni es, a través de su libro “En busca de las penas perdidas” 1989, el adalid del abolicionismo penal. Algo que en estos 2 últimos años llamó “errores de juventud” (lo escribió a los 49 años, una juventud un poco tardía), pero esos “errores de juventud” han distorsionado la mente de demasiados abogados y juristas. El resultado es un país sin justicia.

Un precio muy caro para pagar por “errores de juventud”. Lo único bueno, si es que la muerte de una joven puede tener algo de bueno, es que los medios han empezado a hablar de abolicionismo, dejando el garantismo de lado. Y ya no mueren de emoción al nombrar a Zaffaroni y lo cuestionan.

Si Argentina empieza a sacarse de encima las teorías de Zaffaroni, donde las víctimas siempre son las culpables, quizás se entre en la normalidad. Una forma de entender que violar, matar, asaltar, prostituir, robar, estafar, está MAL y debe ser castigado con penas de acuerdo al delito cometido.

Si se acaba el abolicionismo penal, nacerá una Argentina más justa. Y Micaela y tantas otras, no habrán muerto en vano. ¡Ojalá así sea!

Malú Kikuchi

La caja de Pandora

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11 comments for “¿Se acabará?

  1. Tomás Waibel
    16/04/2017 at 5:21 PM

    Delincuentes seriales que cometan delitos graves deben ser recluidos en forma perpetua sin ninguna posibilidad alguna de salir ante de los 70 años. Llama la atención que mantiene en la cárcel a “represores” viejos y enfermos ponga en libertad violadores. Un ejemplo aterrante de doble moral.

  2. Machaco Perdojian
    16/04/2017 at 8:33 PM

    MALU CON TODO RESPETO, LA REALIDAD ME VIENE CONVENCIENDO
    *) Descrubra cómo hizo Singapur para resolver el problema de delincuencia
    VER: https://www.youtube.com/watch?v=lVcI93n27kM

  3. Machaco Perdojian
    16/04/2017 at 8:33 PM

    LAS POLICÍAS ACTÚAN, O LOS LADRONES GANAN
    *) Policía de Canadá, MUESTRA ARMAMENTOS
    VER: https://www.youtube.com/watch?v=zBTzaunxig4&t=5s
    *) Policía CANADA prende manifestante por soltar burbujas en su cara
    VER: https://www.youtube.com/watch?v=qcF0tQFNAeA
    *) Policía mata a Ladrones en Brasil

  4. MARIA
    17/04/2017 at 5:32 PM

    TOLERANCIA CERO
    PERO DE VERDAD!!!

  5. Godofredo
    18/04/2017 at 12:20 AM

    EDITORIAL LA NACION –

    La Justicia, emplazada a reformarse

    El Poder Judicial debe modernizarse y, dado el fracaso del Consejo de la Magistratura, son los jueces quienes deberían impulsar los cambios

    Hace más de 50 años, Arthur T. Vanderbilt, presidente de la Corte Suprema de Nueva Jersey, y anteriormente, de la Asociación Norteamericana de Abogados, se dirigió al poder judicial de su país para reclamarle una profunda reforma. Logró en buena medida su objetivo, concientizando a la opinión pública y obteniendo del propio poder judicial el compromiso de iniciar su reforma.

    Días pasados, compartieron un panel el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el primer presidente del Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores), Horacio M. Lynch. El título del panel fue el que encabeza esta columna, en memoria de la alocución de Vanderbilt a la justicia estadounidense.

    Desde hace tiempo, nuestro Poder Judicial atraviesa un fuerte desprestigio por su inacción en el pasado, su falta de coraje frente a los abusos y excesos del poder, y su excesiva subordinación y consiguiente pérdida de independencia. Después de años de silencio y morosidad en los juicios, asistimos a un saludable activismo que pierde parte de su encanto cuando se lo compara con los años pasados. Hoy, menos permeables a las influencias, los tribunales son bombardeados con denuncias, muchas de ellas utilizadas como herramientas políticas, más que como modos de averiguar la verdad.

    La gestión del actual ministro del área, muy en sintonía con muchas de las propuestas que Fores puso a disposición de todos los gobiernos, encara temas largamente demorados, como el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces, el horario judicial de seis horas, los 45 días de feria judicial, las críticas a la llamada “puerta giratoria” para los delincuentes, la ley de flagrancia, los testigos protegidos y la aplicación de la ley del arrepentido, elementos en aplicación o en estudio que permiten encarar la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero. La incautación de los bienes mal habidos y su utilización para el bien común son bienvenidos.

    Poco a poco, se va tomando conciencia de que el tiempo de la costura de expedientes llega a su fin, los progresos tecnológicos avanzan, se inaugura la notificación electrónica y la compulsa de los expedientes a distancia. También se termina con “sorteos” sospechosos y avanza la guerra al papel, meta de toda modernización de la administración.

    Falta mucho aún, como los juzgados de menor cuantía, la justicia barrial y el acceso a la justicia, temas que cuentan con estudios serios y son una necesidad evidente para descomprimir y acercar la justicia a la gente.

    La Corte Suprema tiene que dejar de ser un tribunal de tercera instancia, como lo es, para ocuparse sólo de asuntos de altísimo interés nacional. Para ello, hay que devolverles el prestigio a las cámaras de apelaciones, segunda y suficiente instancia para la mayoría de los casos. Y, por cierto, es preciso elevar el nivel de abogados y jueces, mejorando la educación legal y la ética profesional, que ha sufrido el mismo deterioro de la educación argentina.

    El Consejo de la Magistratura ha fracasado en su misión; la reforma Kirchner, que modificó la composición profesional y politizó el organismo, terminó con las buenas intenciones que abrigaban algunos de sus impulsores. Se necesita un cambio con urgencia, igual que en el Ministerio Público Fiscal, que no ha escapado al deterioro y ha caído en una politización escandalosa.

    Pero no todas son críticas, sino que hay luces de esperanza: se advierte, por lo pronto, una real conciencia del problema, pues se ha comprendido que no hay república posible sin un Poder Judicial eficaz e independiente. Ésta debe ser una cruzada nacional y una política de Estado, y los primeros que deben advertir la necesidad del cambio son los propios jueces. De allí que se los esté convocando a reformarse, a limpiar sus cuadros, a transparentar su gestión y centrarla en su misión específica y, por qué no, a abandonar algunos de sus privilegios. Pero también es precisa cierta racionalidad: no puede haber un recurso de amparo para poner o sacar un árbol o por si el niño repite de grado.

    La ciudadanía toda, la clase política y los demás poderes del Estado tienen que hacer suya esta reforma profunda. Leyes, resoluciones, acordadas, congresos y acciones deben alinearse en esta campaña nacional. El país la necesita.

  6. 18/04/2017 at 1:44 PM

    SIMPLEMENTE EXCELENTE SEÑORA!!!

    • .....................................
      18/04/2017 at 7:20 PM

      Que excelente ni nada, esta señora es liberal y se rasga las vestiduras por las consecuencias que produce el liberalismo. Embromate malu sos una mentecata que levantas cadalsos a las consecuencias y altares a las causas.

      • .....................................
        18/04/2017 at 7:24 PM

        Y esa pobrecita chica era una ideologizada de la ladrona evita que ahora también es ladrona de almas. La versión robinhoodesca sudaca, criadora de cobrasueldos buróc.RATAS, que dejó al país en ruinas en cuanto a su mentalidad idolátrica que ella promovía y generaba.

  7. Godofredo
    18/04/2017 at 3:16 PM

    Le envio lo mismo Malu , en la Nota Central.

    Va mi beso en la mejilla.

    ¡¡AHORA SE DAN CUENTA!! Ex integrante del Consejo de la Magistratura habla entre otras cosas de que el sistema penal argentino es la causa, en buena medida de la inseguridad y del problema del exceso de salidas transitorias de los presos

    “El sistema penal argentino es la causa, en buena medida, de la inseguridad”

    La Plata, 17 de abr/17 (Hoy) -Eso le dijo a Hoy el exintegrante del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi. Consideró que en la Argentina debería haber 120.000 presos, unos 50.000 más de los que hoy alojan los penales de nuestro país. “Hay que ser más estrictos en las evaluaciones a la hora de dar beneficios a los reclusos”, afirmó

    Por la problemática que generan los beneficios anticipados otorgados a los presos, este medio entrevistó al abogado y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, quien afirmó que “la ley penal argentina se ha ido modificando siempre a favor de los delincuentes. Esto ha sido gradual y paulatino, y ahora estamos tomando conciencia de lo que esto significa”.
    Para el prestigioso letrado “la consecuencia de no tener un Código Penal adecuado ha significado tener en el país más muertes y vidas destruidas. Esto no es ser melodramático, es poner las cosas en su justo nivel. El derecho penal debe proteger lo más valioso que tenemos: la vida”.
    —¿Qué opinión le merece la reforma al Código Procesal Penal que impulsa el Gobierno nacional y el bonaerense, con el fin de limitar las libertades condicionales a los presos que cometieron delitos graves?
    —Me parece que es imprescindible, porque todo el esquema de libertades condicionales, salidas anticipadas y temporarias; estas distintas fórmulas que se han puesto en práctica, lo único que han logrado no es reinsertar delincuentes corregidos, sino reinsertar en la sociedad a sujetos que siguen delinquiendo. Esta diferencia explica parte de la inseguridad que sufrimos. Y me remito a lo que todos los días leemos en los diarios.
    Es alarmante la cantidad de presos que son beneficiados con salidas transitorias y luego no regresan a la cárcel. ¿Se puede regular mejor esta problemática? Claramente.
    Hay que ser más estrictos en las evaluaciones a la hora de dar beneficios a los reclusos. Primero están los informes de conducta y segundo están los análisis psiquiátricos y psicológicos que en la actualidad están mucho más avanzados que hace veinte años atrás. Con lo cual hay maneras de reducir los riesgos de que el que salga no vuelva.
    Lo que pasa es que todo eso cuesta esfuerzo y dinero. Pero por supuesto siempre va a ser mucho menos caro que los daños que causan los delincuentes que se fugan y que nunca vuelven.
    —¿Usted está de acuerdo con la gobernadora Vidal, quien afirma que la víctima es la gran olvidada en el proceso penal?
    —Sí. Cuando uno toma conciencia de lo que ocurre con el sistema penal argentino, se da cuenta de que hay cosas que deben cambiarse de manera urgentísima. Por ejemplo, que las víctimas en el proceso penal no tienen ningún tipo de participación.
    Fíjese el caso de Matías Bagnato. Un delincuente mató a toda su familia y a un amigo, y cada vez que van a liberar al autor de los crímenes, Matías quiere presentarse en la causa penal y le contestan que no es parte. Por lo que la pregunta del millón es: si a alguien le matan a sus padres y a sus dos hermanos pero eso no lo hace parte, ¿cuándo se convierte alguien en parte de un proceso penal? Es un disparate. El sistema penal argentino es la causa, en buena medida, de la inseguridad que tenemos hoy en día.
    —¿Por qué razón la tasa de encarcelamiento varía tanto en relación a los países limítrofes?
    —Nuestro país es semejante a Chile, Uruguay y Brasil, pero la tasa de encarcelamiento en la Argentina es muy inferior. Nosotros tenemos poco más de 70.000 detenidos, pero deberíamos tener cerca de 120.000.
    La Argentina tiene una tasa de 169 detenidos cada 100.000 habitantes; en Chile asciende a 241 cada 100.000 habitantes, en Uruguay a 291 y en Brasil trepa a 307 cada 100.000.
    Eso da la pauta de que acá hay cosas que no funcionan. Sucede que todo el esquema está montado sobre un sistema de presunción de inocencia, lo cual está bien, pero debería contar con una base de investigaciones inteligentes. Si las investigaciones están mal hechas, si la Policía está mal entrenada y destruye la escena del crimen, y encima el proceso penal es eterno, provoca impunidad.
    —¿Esta lentitud judicial dificulta declarar a un delincuente como reincidente?
    —Para que una persona sea declarada reincidente debe tener una condena que quede firme en el primer delito y luego en el segundo. Lo que pasa es que como cada proceso lleva tanto tiempo terminamos hablando de hasta siete años y hasta que determinan que alguien es reincidente pueden pasar hasta 14 años. En ese período hasta puede cansarse de cometer delitos. En definitiva, el sistema está mal concebido. Con el asesoramiento legal adecuado, un delincuente apela todas las medidas y puede continuar en libertad.
    “Las condenas están para cumplirse”
    El abogado penalista Fernando Soto (foto) es el director nacional de Proyectos de Ley del Ministerio de Seguridad, y en diálogo con diario Hoy, sostuvo que “hay un proyecto de ley con media sanción, ya aprobado en la Cámara de
    Diputados, que prohíbe las salidas transitorias y la libertad condicional en todos los casos que haya delitos graves: violaciones, robo seguido de muerte, robo agravado por el uso de armas, robo en poblado y en banda y contrabando agravado”.
    “Esto va a prohibir a los jueces conceder beneficios a violadores o asesinos. Será una norma mucho más operativa, al servicio de la seguridad”, agregó Soto.
    “El proyecto modifica también la Ley de Ejecución Penal 24.660 en la que se regula el régimen progresivo de los presos y también las salidas transitorias. En realidad habla de las salidas anticipadas, que es cuando salen antes de la libertad condicional, la que se da cuando se cumple el dos tercios de la condena”, explicó el funcionario.
    “Las condenas están para cumplirse. Si un juez dictamina que un homicida debe estar 10 años en la cárcel, ese es el tiempo que debe estar privado de su libertad. Pero hoy se tergiversa el sistema penal, abusando de las excepciones”, sostuvo Soto.
    Este miércoles el Senado de la Nación va a tratar el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Si se aprueba el cambio, las cosas van a cambiar. Estiman que el 80 por ciento de la población carcelaria ya no podrá acceder a libertades condicionales ni salidas anticipadas.

  8. .....................................
    18/04/2017 at 7:39 PM

    El día que respeten a Dios se va a acabar.

  9. .....................................
    18/04/2017 at 7:40 PM

    Esa chica era víctima de la pta evita.

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