Por Alfredo Nobre Leite.-

Con bombos y platillos, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró un informe con datos sobre 173 juicios de lesa humanidad, desde 2006 hasta el 20 de diciembre de 2016. El informe que es una actualización de un informe sobre juicios con sentencia, titulado «A 40 años del golpe (¿?), 10 años de justicia» (sic). El dossier indica el número de víctimas que formaron parte de cada causa, el número de sentenciados y demás aspectos relevantes del juicio (pero lo que quedó en el tintero son las víctimas de la subversión/terrorista y sus derechohabientes que a nadie les interesa).

Pero lo que no puede ignorar la Procuraduría de Crímenes… es que todos esos enjuiciamientos y sentencias a cadena perpetua, derivadas de las presentaciones de centenares de testigos apócrifos, con una memoria prodigiosa, luego de 40 años, que fueron adiestrados por jueces, fiscales, abogados querellantes, la sedicente Secretaría de Derechos Humanos, y las organizaciones de supuestos derechos humanos, es que todas esas condenas son inconstitucionales, pues la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, y por ende no aplicable a los hechos de la década del ’70 del siglo pasado (articulo 18 CN); y, asimismo, el Estatuto de Roma fue ratificada por la Argentina en el mismo año, que establece su aplicación a posteriori de su ratificación y no a priori, como improcedentemente proceden los jueces violando los principios del citado artículo 18 CN.

Lo que la Procuraduría de Crímenes debe ocuparse es de la inhumana situación de ancianos mayores e 90 con enfermedades terminales que se están muriendo de inanición y sin atención médica en las mazmorras kirchneristas (¿ahora macristas?) de Marcos Paz y Ezeiza, condenados a prisión perpetua, les niegan lo establecido por ley de cumplir sus penas de prisión domiciliaria; que, por otro lado, los mismos jueces conceden a peligrosos delincuentes, asesinos y pervertidos al cumplir los 70 años, para que sigan cometiendo sus fechorías, y «hazañas», por los cuales fueron condenados.

Si hay algo que el presidente Mauricio Macri, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben ocuparse es de los derechos humanos de esos ancianos que no cometieron ningún crimen, sino que combatieron por su Dios y la Patria, según esos sedicentes enjuiciamientos todos prevaricantes, para terminar con las lacerantes situaciones que es una verdadera vergüenza para un país que dice ser cristiano, de boca para afuera, y civilizado, que debe cuidar a los débiles que abandonados a su suerte se mueren en prisión, como ha sucedido con 387 «presos políticos» de la democracia, aunque el artículo 18 aludidos, dice: «Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas»…

Es de esperar que los jueces, el presidente de la República y los legisladores, cumplan con la Constitución Nacional en todos sus términos, y se termine con la vejación de ancianos inermes e indefensos -es decir que sean liberados de inmediato unos 2.400 «presos políticos» militares, de seguridad y policiales con penas prisión preventiva de más de dos años y condenados a prisión perpetua-, en manos de quienes por ignorar los artículos 28 y 31 de nuestra Carta Magna, deberían pasar nuevamente por la Facultad de Derecho.

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