Por Roberto Fernández Blanco.-

Asuela a la Argentina un nuevo flagelo, el de la Trata de Pobres, un flagrante atentado contra la condición humana, una forma vil de explotación de seres humanos bajo la hipócrita carátula populista de víctimas de la pobreza a los que -con un adoctrinamiento perverso- han cercenado sus básicos derechos humanos a la formación y capacitación para llevarlos a la condición de supuestos mutilados mentales con sometimientos de la voluntad y de la personalidad para ser mantenidos en una perpetuada condición de pobreza para su uso y explotación, con fines políticos y de extorsión económica.

Con la prédica de que el esfuerzo lo tienen que hacer los que más tienen, estos grupos destructivos adoctrinados para la improductividad, alimentados en sus odios y resentimientos y aletargados con sus picos abiertos para ser alimentados con el pan (dádivas y subsidios) de aquellos ciudadanos que lo producen con el sudor de su frente, salen desbocados cuando son arreados como manadas de salvajes para invadir las calles desplegando la violencia con las que sus mentes han sido intoxicadas, saqueando, destruyendo bienes públicos y privados, dañando la pacífica convivencia social y amedrentando a la sociedad para que ceda ante sus exigencias extorsivas.

Como subproducto de este perverso adoctrinamiento y reiteración de sus prácticas extorsivas violentas, se están creando las condiciones para que de estas organizaciones se desprendan bandas delictivas que sintiéndose ideológicamente justificadas y habilitadas, se lanzarán como un tsunami al saqueo y asaltos con total desprecio por la vida y el esfuerzo productivo del ciudadano común.

A los cabecillas y a sus iluminados mentores populistas que avalan estas organizaciones de “Tratantes de Pobres”, tales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular CTEP, Movimiento Evita, Barrios de Pié, Partido Obrero, Manteros, etc., les cabe condena por estos crímenes de lesa humanidad, por estos actos inhumanos intencionales contra la salud mental, moral y física de sus abusados y por sus graves consecuencias sociales.

Se hace necesario que las instituciones del Estado salvaguarden con medidas concretas la convivencia social pacífica y armónica, la cooperación productiva, las libertades individuales y el orden comunitario espontáneo, impidiendo el bloqueo de calles y rutas y las agresiones físicas de estos grupos, penalizando severamente a quienes transgredan las normas de convivencia que la totalidad del pueblo argentino ha avalado y respaldado con su voto y sometiendo a los líderes responsables de estas vandálicas organizaciones y a sus testaferros a una investigación del origen de sus fondos, de sus movimientos de dineros y depósitos en cuentas locales y del exterior, al riguroso cumplimiento de las condenas que les correspondan y al pago de los daños causados más los costos y gastos de sus procesamientos.

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